Pese a la entrada en el sistema de las Seguridad Social de retirados con prestaciones cada vez más altas, la brecha respecto a las de las Clases Pasivas sigue aumentando. La diferencia en la nómina es de 8.700€.
La brecha entre las pensiones que reciben en 14 pagas los funcionarios de Clases Pasivas y las de los trabajadores que han cotizado a la Seguridad Social sigue aumentando mes a mes y en el de mayo, en el que no se incluye la paga extra, que se ha cobrado en junio, la diferencia superó los 870 euros, a favor de los empleados públicos, que reciben en su retiro, de media, una nómina un 95% mayor que la de los asalariados del Régimen General.
Pese a que las Clases Pasivas es un sistema en extinción, aunque su desaparición total va ser muy lenta, todavía hay 482.281 funcionarios jubilados y militares retirados cobrando la prestación y se espera un aluvión de jubilaciones de trabajadores públicos de la generación del ‘baby boom‘ en los próximos años. La mayoría de los que se retirarán a partir de ahora entraron en la Administración en los años 80, han consolidado largas carreras de cotización frente a las del sector privado y una carrera laboral estable que les garantiza prestaciones más altas.
Todos los funcionarios de carrera que han entrado en la Administración a partir de 2011 ya están encuadrados en el Régimen General, con las mismas condiciones que el resto de los asalariados y sometidos a una jubilación a los 65 años sin penalización, cinco años más tarde que la prevista para sus compañeros más antiguos, si se han cotizado más de 37 años y tres meses. El pasado mayo, las competencias sobre Clases Pasivas pasaron del Ministerio de Hacienda -ahora también de Función Pública- al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, no está previsto en la reforma del sistema ningún cambio en este excepcional régimen.
Tras décadas de cotización continuas y largas, los funcionarios se jubilan con pensiones mayores que las de los asalariados del sector privado, expuestos a las crisis, a empeoramientos de la condiciones laborales -pueden ver reducidos sus ingresos- y al paro. Como consecuencia de esto, los empleados públicos retirados perciben una prestación media de 2.203 euros, frente a los 1.333 de los del Régimen General. Como en el sector privado y debido a años cotizados inferiores a los 35 años, un porcentaje de funcionarios ven mermadas sus prestaciones, y algunos deben completar su prestación con un complemento de mínimos. Pese a todo, como evidencia la media, el número es mucho menos elevado que en la Seguridad Social.
Unido a esto, todas las pensiones de los funcionarios -jubilación, viudedad, familiares, víctimas del terrorismo… – suponen cada mes 1.219 millones de euros -aproximadamente ocho veces y media menos que las de la Seguridad Social- y esta cantidad ha aumentado desde 2015 más de un 22%, ocho puntos porcentuales menos que lo han hecho la de los funcionarios jubilados. La nomina mensual de estos ya rebasa los 871 millones de euros mensuales, a los que hay que añadir otros 185 que perciben los militares retirados de Clases Pasivas.
La reforma de las pensiones del Gobierno de Mariano Rajoy en 2011, que contemplaba importantes cambios en la edad de jubilación -con el objetivo de retrasarla-, un incremento de los periodos de cálculo, penalizaciones a la jubilación anticipada a los 63, limitar el retiro a los 61 años solo a los trabajadores afectados por la crisis y la exigencia de más años de cotización han tenido un claro efecto en las prestaciones en la Seguridad Social. La edad de retiro ha aumentado en un año y también se ha limitado el aumento de la factura de las prestaciones, que pese a todo no ha dejado de crecer por la entrada en el sistema de los ‘baby boom’, con sueldos elevados y continuos.
El traspaso en abril de 2020 de la gestión de las Clases Pasivas de los funcionarios a la Seguridad Social, el envejecimiento de la plantilla pública, pero sobre todo los constantes rumores de cambios en su régimen ‘privilegiado’ frente a los del sector privado, han provocado que en los últimos seis meses -de octubre 2020 a marzo de 2021- las jubilaciones de funcionarios prácticamente se dupliquen y aumenten un 70% respecto al segundo y tercer trimestre del año, periodo que coincide con lo peor de la pandemia del coronavirus.
Según recoge la estadística sobre Clases Pasivas, que aparece en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el último trimestre de 2020 y el primero de 2021, un total de 20.570 efectivos -civiles y militares- decidieron retirarse, una opción que en su caso puede tomarse a partir de los 60 años,. Mientras, entre abril y septiembre de 2020 se produjeron 12.088 jubilaciones. Las altas de nuevas pensiones -incluidas las de viudedad, orfandad y a favor de familiares- se incrementaron desde octubre a marzo un 60% con respecto al periodo abril-septiembre de 2020.
