El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga a la Generalitat a que se imparta al menos el 25% de las clases en español.
“¿Que por qué no decimos el nombre del centro o el nuestro? Porque tenemos miedo. Miedo de que haya represalias contra los pequeños, que nos hagan algo. Porque sabemos que lo que estamos haciendo enfada y mucho a los de arriba”.
Lo cuenta Claudia R. (nombre ficticio), que es de Madrid pero reside en Barcelona desde 2014. Es madre de un niño de 11 años y desde el principio receló de lo que estaba viendo en el nuevo colegio de su hijo en Cataluña. La enseñanza en castellano era prácticamente nula y al pequeño lo mandaron a un ‘grupo de acogida’ para que acelerase con el catalán.
“Un grupo de acogida, como si mi hijo fuese extranjero y necesitas que lo acogiesen”, relata ahora aún indignada en una llamada telefónica con EL ESPAÑOL. Ella fue una de las pioneras en recoger firmas para exigir más tiempo lectivo en español. Se sumaron otras 25 familias. Ahora, la justicia le ha dado la razón. Al menos de forma parcial.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 5ª del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) manda a la Generalitat a aplicar el 25 por ciento de las asignaturas no lingüísticas en español otras tres escuelas de la provincia de Barcelona a partir del próximo mes de septiembre. Son cinco los autos cautelares del tribunal los que obligarán al gobierno catalán a incrementar las horas de lengua española en dichos centros. Asi, los hijos de Claudia y los niños de otros tres centros catalanes podrán recibir clases en español. Al menos ese 25%.
Grupo de acogida
Claudia llegó con su familia a Cataluña hace ya 7 años. “El niño estaba en P-4. Al principio, cuando veíamos que casi todo se iba a impartir en catalán decíamos “Bueno, así conoce otra lengua”. Pero luego ya vimos que lo metían en un ‘grup d’acollida‘ y que practicamente todas las clases eran en catalán”, cuenta la mujer, que fue una de las principales artífices de que la iniciativa para exigir más horas en español saliese adelante.
Se da la circunstancia, además, de que el centro no es el paradigma de alumnos catalanoparlantes. Es un centro que está en la zona de La Sagrera y está lleno de niños de familias inmigrantes. “El único del resto de España es mi hijo, que es de Madrid. Pero los demás hay un montón que proceden de China, de Bulgaria, de Latinoamérica. Una cosa es que aprendan otro idioma, que nunca está de más. Otra, que se olviden del idioma español y que tengan problemas para la comprensión de determinados términos en materias que no tienen nada que ver con el catalán”.
Explica Claudia que “por supuesto que nos reunimos con los profesores antes de llegar a estos extremos. Fue una reunión en la que hablamos, no hubo nada por escrito. Pero el director nos vino a decir que ya se hablaba bastante castellano en el patio y que los niños lo aprendían ahí”, recuerda.
La preocupación de D. fue en aumento y se enteró de que no estaba sola en su cruzaada. Que había más gente con esta preocupación. “Lo primero que hicimos fue una recogida de firmas y conseguimos 26″, explica. Al final se sumaron dos más. Fueron 28 los padres rebeldes que decidieron llegar hasta el final.
Hablemos Español
A partir de ahí, pusieron el caso en manos de la entidad ‘Hablemos Español’, que ha sido la que se ha encargado de llevar el asunto a los tribunales. Presentaron ante la Conselleria “solicitudes en nombre de 28 alumnos del mismo colegio de Barcelona, para que les impartan en español, al menos, el 25% que el Tribunal Supremo ha establecido como mínimo obligatorio. Estos alumnos están recibiendo la enseñanza de todas las asignaturas en catalán; el contacto con el español se limita a dos horas semanales de la asignatura de Lengua Castellana”, explica a EL ESPAÑOL Gloria Lago, presidenta de ‘Hablemos Español’:
“A partir de ahora se inicia un proceso contencioso Administrativo que debería desembocar en la introducción del español como vehicular para impartir una asignatura troncal”, concluían desde la entidad, adelantando que iban a llegar hasta el fondo del asunto.
Se acogen a una sentencia del TSJC de diciembre 2020, en la que los tribunales consideraron que el uso del español en las escuelas catalanas era residual, obligando a que se usase el español como lengua vehicular en al menos el 25% de las clases. Aquella sentencia era un torpedo a la línea de flotación de la Ley Celaá, que dejaba de considerar al español lengua vehicular.
Generalitat recurre
Explicaron además que desde la Generalitat les estaban “intentando confundir y desanimar con información falsa, por lo tanto, debemos aclarar lo siguiente: la Generalidad (sic) ha recurrido la última sentencia del TS que obliga a la administración catalana a introducir el español como lengua vehicular en todas las escuelas catalanas lo pidan o no las familias, pero no puede recurrir las sentencias que ya son firmes y que amparan a las familias que así lo soliciten”.
Porque si la sentencia sigue sin cumplirse es porque el gobierno catalán ha embarrado el terreno y presentó un recurso contra dicha sentencia. “Por lo tanto, mientras el Tribunal Supremo no resuelva el recurso, no van a implantar el 25% en español en todos los centros sostenidos con fondos públicos, incumpliendo la doctrina del TC, pero si una familia lo solicita, deberá haber un 25% de enseñanza con el español como lengua vehicular en el curso en el que estudia ese alumno y deberá garantizarse su privacidad como solicitante”.
Así, una sentencia del TSJC obligaba a impartir ese 25% que no se está aplicando por el rechazo del Govern y que a efectos prácticos que no convence a nadie. Al nacionalismo catalán porque cree que todas las materias deberían impartirse en su idioma. A los que están peleando para evitar la marginación del español en las aulas, porque les parece un porcentaje insuficiente.
“Aceptamos ese 25% porque es menos que el 0%, pero seguimos sin estar conformes. El 25% no es el 50 ni el 75. Es dos horas de lengua española y luego alguna alguna otra que son dos horas más. Es insuficiente y es un caso único en el mundo. En ningún otro país se discrimina la propia lengua vehicular”, concluye Gloria Lago, que cuenta que su entidad ha llevado este caso en concreto en los tribunales “porque son muchos padres. Tenemos otros casos de colegios en los que hay pocos y no hemos ido más lejos por no perjudicarlos”.
Porque esas familias dicen tener miedo. Claudia, por su parte, sigue sin querer exponerse. Ni ella, ni el resto de familias que presentó firmas para que sus hijos tuviesen un mínimo aceptable de horas lectivas en español. Saben que ahora están en la diana y temen que sean sus hijos los que acaben pagando el pato.
Asamblea
Al respecto de esta cuestión, desde la entidad Asamblea por una Escuela Bilingüe, han querido reivindicar su papel en este avance del número de horas en español en las clases. Su portavoz explica a EL ESPAÑOL que “las medidas cautelares son de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que desde el año 2014 asesora a los padres que solicitan bilingüismo. Actualmente más de 2000 alumnos disfrutan del mínimo del 25% de horas en castellano, las sentencias se cumplen sin problemas ya que garantizamos la privacidad de las familias. Los recursos se gestionan de forma gratuita, en nueve meses y no hemos perdido ningún juicio en 7 años”.