Durante este mes de agosto, el precio del mercado mayorista de electricidad ha batido todos los récords registrados hasta el momento y las previsiones apuntan a que va a ser una tendencia que se mantenga a lo largo de todo este año.
Con la subida del precio de la luz, Hacienda recaudará vía impuestos 2.700 millones de euros más que en 2020, dejando en papel mojado la rebaja al 10% del IVA, que únicamente reducirá sus ingresos en 1.257 millones de euros este año.
La pasividad ha sido el comportamiento habitual del Gobierno en relación con la subida del precio de la luz hasta que, el pasado mes de junio, el Ejecutivo se resignó por fin a rebajar el IVA del 21% al 10% ante la alarma social desatada por el tarifazo de Sánchez. Esta medida, según las estimaciones del Gobierno, supondría un ahorro de 857,5 millones para hogares, autónomos y empresas, y un descenso de 1.257 millones de euros de los ingresos de Hacienda.
Con esta medida, Pedro Sánchez consideraba que ya había hecho suficiente por los consumidores, pese a que al reducir el IVA únicamente para potencias inferiores a 10 kW se quedaban fuera de esta medida a más del 75% de los locales comerciales de nuestro país. Además, a la vista de que el precio de la luz sigue pulverizando máximos históricos, la medida se queda en una anécdota.
Y es que Hacienda gana con el encarecimiento eléctrico. Según los datos que maneja el sector eléctrico, el Gobierno socialista ingresará 2.700 millones de euros más en impuestos por el incremento en los precios de la luz. Por tanto, pese a la reducción de la recaudación por la bajada del IVA, los españoles seguirán pagando más de 1.400 millones extra por el subidón de los precios.
Sin hoja de ruta
El Gobierno va dando bandazos ante el clamor social derivado la subida del precio de la luz. Ante la espiral alcista de los precios, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera anunció que estudiaría la propuesta de Podemos de no renovar las concesiones de las más de 30 hidroeléctricas que hay en España y crear con ellas una empresa pública, con el argumento de que eso bajaría el precio de la luz en el mercado mayorista. Al igual que la bajada del IVA, esa medida carece de efectividad: primero, porque esta energía apenas ha aportado el 15% de la electricidad consumida en el país hasta el 12 de agosto; y segundo, porque el precio lo seguirían fijando las centrales de gas, como ahora.
Según el sistema de precios que existe en España y en Europa, el precio final lo marca el gas, que es la energía más cara debido a la escalada de la materia prima y de los derechos de emisión de CO2, que se han encarecido hasta superar en lo que va de agosto los 55 euros por tonelada, cuando a principios de año cotizaban en torno a los 33 euros. Mientras, el precio del gas natural se sitúa en torno a los 42 euros por MWh, según datos de Mibgas.
Podemos también ha propuesto establecer un precio inferior en las subastas para la energía nuclear e hidroeléctrica, demostrando no entender cómo se fijan los precios de la luz en Europa, ya que estas reducciones de precios no se pueden trasladar al recibo final sin modificar el sistema actual de fijación del precio mayorista.
Culpas a las empresas y medidas que no son eficaces o que van en contra de la legislación comunitaria son las propuestas que esta tomando el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que los algo más de 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada (PVPC) -entre ellos colectivos vulnerables- puedan hacer frente al elevado recibo de la luz.
