La deuda de los ayuntamientos roza los 1.000 millones mientras la Administración asfixia a las empresas menos morosas.
La deuda de los ayuntamientos españoles con sus proveedores asciende a 979 millones de euros desde hace 70 días pese a que la ley establece como plazo máximo 30 días para el abono de estos impagos. Por contra, las comunidades autónomas han alcanzado su periodo mínimo de pago a proveedores de la historia con 24 días, según una nota de prensa publicada en la web de Moncloa.
“En las comunidades autónomas, el Período Medio de Pago a Proveedores se sitúa en mayo de 2021 en 24,45 días, con lo que desciende en 0,85 días con respecto al mes anterior (-3,36%)”, apuntan. «Además, se mantiene la tendencia de meses anteriores de forma que es la primera vez que el PMP se sitúa por debajo de los 30 días (plazo máximo establecido en la normativa) durante seis meses consecutivos», añaden. En cuanto a la Administración central, el PMP es de en 29,49 días.
Pese al extenso desarrollo del dato de las comunidades autónomas, en la nota de prensa apenas sí se menciona el de los ayuntamientos con una única frase: “Las Entidades Locales tienen un plazo de pago a proveedores de 70,05 días en mayo”. A pesar incluso de que se experimenta una bajada de más de 9 días respecto al mes de abril, cuando los consistorios tardaban aún más en saldar sus deudas.
Ante el exceso de 40 días respecto al máximo estipulado legalmente, el impago por parte de los ayuntamientos a autónomos y empresarios está representando un obstáculo importante en su facturación y liquidez, que también deben hacer frente a ciertos pagos en concepto de seguros, nóminas o impuestos. La moratoria recae principalmente en 40 de los 151 consistorios que han presentado datos a Hacienda, ya que si estos cumplieran el límite legal, el PMP de los ayuntamientos descendería a 23 días. Algunos incluso exceden en más de 100 días el plazo para realizar los pagos.
Doble vara de medir con las empresas
La misma semana que han sido publicados estos datos, el Gobierno ha lanzado a audiencia pública la ley de creación y crecimiento empresarial que, más allá de rebajar los 3.000 euros necesarios para la creación de empresas a 1 euro, un euro (en lugar de los 3.000 que se exigen ahora), buscará enfrentar la morosidad empresarial.
Esta ley tratará de establecer una cultura de “pronto pago”. Promoverá el uso de la factura electrónica entre empresas y autónomos e incorporará incentivos para el cumplimiento de los plazos de pago efectivos, incluyéndose como requisito de acceso a las subvenciones y como criterio en la adjudicación de contratos públicos.
