Los trabajadores por cuenta propia han sido uno de los principales colectivos damnificados por la pandemia del Covid-19.
La caída en la actividad ha hecho que más del 20% de los autónomos mantenga deudas pendientes con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, dificultando la permanencia de sus negocios y la capacidad económica necesaria para hacer frente a la reducción de trabajo que siguen acusando a día de hoy.
En estos momentos, más de 250.000 trabajadores por cuenta propia no han podido hacer frente a sus deudas con el Estado, tanto por su falta de liquidez como por haber solicitado previamente un aplazamiento de sus deudas por la caída de la actividad derivada de los cierres y restricciones que se han ido dando desde que comenzó la pandemia, según los datos proporcionados por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
A principio de la crisis sanitaria, en marzo de 2020, muchos autónomos solicitaron un aplazamiento de sus deudas con el Estado ante el cierre total de su actividad. La dificultad para recuperar sus ingresos -ante una muy paulatina reapertura de sus negocios- hizo que muchos de ellos no contasen con la solvencia necesaria para realizar el pago acordado en el aplazamiento.
Asimismo, muchos trabajadores por cuenta propia se encontraban en el periodo voluntario para negociar su deuda con las administraciones públicas. Sin embargo, la falta de avales para hacer frente a esos pagos les llevaban al vencimiento de los plazos establecidos, derivando en una notificación de resolución de la deuda que obligaba al pago de dicha incidencia.
Una situación que los autónomos han tenido que capear sin ningún tipo de apoyo del Gobierno. Y es que, las tardías ayudas directas anunciadas por Pedro Sánchez contemplan ciertos requisitos que impiden a un gran número de autónomos el acceso a esta prestación, haciendo que más del 60% de los 7.000 millones de euros de este plan se queden sin repartir porque no se pueden cumplir las restrictivas condiciones de acceso impuestas por el Ejecutivo socialista.
A las deudas de muchos autónomos hay que añadir el aumento de las cargas fiscales y el fin de ciertas prestaciones que se avecinan tras el fin del verano. Uno de los temas que más controversia tiene y que generará un gran impacto a más de tres millones de autónomos es la casi segura subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La subida de la cuota de autónomos -que pasarán de pagar el 30,3% actual a un 30,6%- está vinculada al incremento del SMI que se ha ido postergando hasta el mes de septiembre. Si bien es cierto que no se conoce cuál es la subida que está barajando el Gobierno, el escenario más plausible muestra un incremento progresivo hasta los 1.050 euros al mes.
La modificación al alza del SMI afectará a las cuotas por contingencias profesionales y al cese de actividad, siempre y cuando no se cuente con tarifa plana. De esta forma, para la base de cotización mínima -por la que se paga anualmente 286 euros- la subida de la cuotas de los autónomos se traduce en 36 euros más al año. Por su parte, los que cotizan por la base máxima la subida se notará un poco más: el incremento será de 144 euros al año.
Otro de los cambios que repercutirán en los trabajadores por cuenta propia es el aumento en el importe de las sanciones que imponga la inspección de Trabajo. El próximo 1 de octubre entra en vigor la Ley sobre infracciones y sanciones que contempla un incremento de 20% en la multas y la automatización de procedimiento sancionador.
El incremento de las sanciones asciende a 150 euros en las multas leves en su grado mínimo-80 euros más que en la actualidad-, mientras que las leves en su grado medio pasan de 151 a 370 euros y en su grado máximo ascienden hasta los 750 euros. Las graves con multa pasan de 751 a 1.500 euros en su grado más bajo, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros, y en su grado máximo a 7.500 euros. Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.
