La Comunidad presidida por Díaz Ayuso recauda por encima de la media nacional pese a la eliminación de impuestos propios.
La guerra fiscal abierta en España entre el Gobierno central y las comunidades del PP, especialmente la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, se ha reavivado esta semana después de que la presidenta madrileña anunciara la eliminación los tres últimos impuestos propios que quedaban en la región.
Este anuncio ha sido el detonante perfecto que han visto en Moncloa para reanudar la guerra fiscal contra el gobierno madrileño y en seguida la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, salió a criticar la posición de Ayuso con estos impuestos acusándola de hacer “populismo fiscal”, toda vez que la Comunidad de Madrid será la única autonomía sin tributos propios.
La batalla en materia fiscal lejos de tener visos de menguar es muy probable que se acreciente en los próximos meses cuando se entre de lleno en la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómico y el Gobierno acometa la reforma fiscal desde 2022 una vez tenga los resultados del comité de expertos.
Madrid y País Vasco, únicas CCAA con una presión fiscal por debajo de la UE
Más allá de la eliminación de los tributos propios de la Comunidad de Madrid anunciado por Ayuso, frente a los 15 que mantiene Cataluña, lo cierto es que la presidenta madrileña ya avanzó que seguirá bajando los impuestos y acometerá la mayor bajada de la historia del IRPF.
Y ello a pesar de que la Comunidad de Madrid es la región junto a las tres provincias vascas que presenta un sistema fiscal más competitivo, entendido como las regiones que tendrían una menor presión fiscal normativa, según se refleja del Informe de competitividad fiscal elaborado y publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEE).
El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal y el Indicador de Presión Fiscal Normativa Autonómica muestran que estas regiones (Madrid y País Vasco) serían las únicas que tendrían una presión fiscal normativa inferior al promedio de la UE.
Con los resultados para el año 2020, y asignando a la UE un valor de 100 y a España un valor de 110, como se desprende de la presión fiscal normativa elaborada para los países de la OCDE a partir de la información de la Tax Foundation, se extrae que los territorios que mejores resultados presentan, es decir, que soportan una menor presión fiscal normativa, son Madrid (87,6) y las provincias de Vizcaya (88,9), Álvava (89,8) y Guipúzcoa (92,9%).
Por el contrario, la mayor parte de las comunidades autónomas españolas presenta una presión fiscal normativa sensiblemente peor a la de la media de la UE, con “un claro sesgo hacia una elevada presión fiscal normativa”. Las regiones menos competitivas en materia fiscal son Cataluña (134,5), Asturias (125) y Aragón (124,4), con unos niveles “sensiblemente más desfavorables” que el promedio de la UE.
Según el estudio, una vez tenidos en cuenta los efectos de la economía sumergida, la presión fiscal efectiva española ajustada de economía sumergida está ya en el promedio de la UE, pero si se incorporan la circunstancia de la mejor renta española se observa que el esfuerzo fiscal es en realidad un 6,6% superior a la media europea y la presión fiscal normativa es un 10% superior a la media europea.
En detalle, se sitúa en 110 puntos frente a 100 del promedio de la UE y por tanto muy alejada de las principales referencias internacionales en este campo como Estonia (46,9 puntos), Letonia (70,8 puntos) y Nueva Zelanda (73,8 puntos).
Madrid, la región que más recauda por habitante, un 63% más que la media
A pesar de ser la región con una menor presión fiscal normativa, la Comunidad de Madrid es en cambio la región con una mayor recaudación por habitante, algo que en el IEE explican por su sistema tributario competitivo y su política de bajos impuestos que incentivaría la actividad y la generación de puestos de trabajo, impulsando como consecuencia el consumo y la recaudación.
La importancia de la competitividad, y su capacidad para hacer que una región sea más atractiva para la inversión y la creación de empleo, se observa al analizar las elevadas correlaciones existentes entre dicha competitividad con la tasa de desempleo, del -0,78, y con el PIB per cápita, del 0,88. Es decir, a medida que una región es más competitiva, mayor es su capacidad para generar empleo y menor su tasa de paro, mejorando también su calidad de vida y su nivel económico.
A partir de los datos utilizados para elaborar los indicadores de presión y esfuerzo fiscal por los impuestos sobre la renta personal y la propiedad, el IEE ha elaborado un indicador de recaudación procedente de estos impuestos (IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) por habitante.
Con datos a 2018, la Comunidad de Madrid es, con diferencia, la región con una mayor recaudación por habitante relativa a estos impuestos sobre la renta personal y la propiedad, alcanzando el valor 163,6 (frente al valor 100 para España), es decir, que Madrid recauda por habitante un 63,6% más que la media de España.
Le siguen, por este orden, Cataluña, el País Vasco, Islas Baleares y Navarra, todos ellos con valores del indicador superiores a 120. En cambio, en el lado contrario, Extremadura es la región con una menor recaudación por habitante relativa a los impuestos mencionados, con un índice que se sitúa en el valor 52,9. En este sentido, también destacan Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia y Andalucía, cuyo indicador de recaudación por habitante se sitúa en un valor en torno a 65.
Los tributos propios eliminados por Madrid
Esta diferencia recaudatoria ventajosa para Madrid se verá además muy ligeramente agrandada tras la eliminación de los tributos propios en la región. Se trata de la supresión del impuesto de instalación de las maquinas recreativas al considerar que ha quedado obsoleto como consecuencia de la creación de una nueva figura fiscal de carácter estatal sobre el juego de apuestas. Así lo señala a Economía Digital el secretario técnico del REAF-Consejo de Economistas, Luis del Amo, que recuerda que era la única región que conservaba este tributo.
Además, se suprimirá el impuesto sobre depósito de residuos, destinado a la protección del medio ambiente, ya que quedará solapado por el impuesto estatal que va a poner en marcha el Gobierno de España. En 2020, la recaudación en la Comunidad de Madrid por el tributo propio fue de 2,2 millones.
Igualmente, la Comunidad de Madrid ya había rebajado desde el año 2009 al 0% el recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), ha apuntado Del Amo sobre este impuesto grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas en territorio nacional, con gestión compartida entre el Estado y las comunidades.
La medida supondrá un impacto negativo de 3,4 millones de euros para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid, aunque en términos relativos no será una caída tan drástica. Apenas se reducirá un 0,02% la recaudación de la región, lo que supone una reducción de 70 céntimos por habitante, frente a una recaudación total de 3.415 euros por contribuyente.about:blank
No obstante, desde el CGE apuntan que la Comunidad de Madrid, recibe una parte importante de recaudación a través de la tributación del juego (cedida y propia) que no aparece al tratarse de tasas. Por lo tanto, los ingresos que obtiene Madrid tanto por el agua como por una parte del juego no se consiguen a través de impuestos, pues se obtiene mediante otras figuras tributarias, lo cual distorsiona los resultados con respecto a otras autonomías que han decidido gravar estos objetos imponibles con impuestos propios.
Factores determinantes
En el artículo elaborado por el socio de PwC, Alberto Monreal, se recogen una serie de factores determinantes de la competitividad fiscal que van mucho más allá del nivel de las cuotas tributarias y podrían explicar el por qué la región madrileña capitanea la recaudación, aparte de por ser la capital de España. Entre ellos, destaca una normativa clara y sistematizada, que incorpore los principios básicos de un buen sistema tributario, donde los riesgos de cambios sorpresivos estén limitados y que prevea normas de transición claras y respetuosas con operaciones realizadas o en curso.
También el número y nivel alcanzado por los impuestos en vigor es un elemento primordial, ya que a menudo existen muchas cargas fiscales o parafiscales menos conocidas o tratadas, pero que pueden lastrar la actividad económica en uno o múltiples sectores.
Influye también la concepción política del gasto y de los servicios públicos que desea ofrecer una administración, según el estudio, subrayando la observancia del principio de legalidad y una buena presupuestación (gobernanza), así como la seguridad jurídica que ofrece un territorio, referida al establecimiento de impuestos claros dentro de un sistema bien ordenado, pero también a la existencia de una Administración tributaria eficiente y cercana al contribuyente, que disponga de mecanismos bien acabados de información y asistencia, prevención y resolución de conflictos.
Los resultados de ese análisis del artículo apuntan también que la Comunidad de Madrid es la única que logra la máxima categoría de clasificación “A”, situándose como la región con fiscalidad más favorable, seguida de Canarias, Ceuta y Melilla, que obtienen la segunda máxima puntuación (“B”) gracias a su régimen especial. En la cola (con calificación “E”) se sitúan, finalmente, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad Valenciana y La Rioja.
Nivel de renta y economía sumergida
Comparando este indicador de presión fiscal normativa con estas variables, según el informe, se verifica que se dan correlaciones negativas apreciables entre la presión fiscal normativa y el crecimiento económico, es decir, que una fiscalidad con menor presión fiscal normativa influye positivamente sobre un mayor crecimiento del PIB.
Por el contrario, se obtiene una relación positiva entre la presión fiscal normativa y el peso de la economía sumergida, es decir, que aquellos territorios con mayor presión fiscal normativa y, por tanto, una fiscalidad “menos favorable”, son, en general, los que presentan mayores ratios de economía sumergida, según el análisis del IEE.
El informe explica que el nivel relativo de la presión fiscal recaudatoria bruta está muy condicionada por factores como el nivel de renta per cápita y de economía sumergida y apunta que el promedio aritmético arroja que la economía sumergida española representa el 23,1% del PIB, mayor que el promedio de la UE (13%).
Por regiones, Madrid (16,2%), País Vasco (17%) y Navarra (18%) son las regiones con la menor tasa de economía sumergida, mientras que, por el contrario, Extremadura (29,1%), Andalucía (27,3%) y Castilla-La Mancha (27,2%) son las comunidades con las mayores tasas, según el estudio del IEE.
Por debajo de la media se sitúan también Cantabria (20,6%), Aragón (20,8%), La Rioja (22,6%) y Cataluña (23%), mientras que por encima se encuentran Baleares (23,2%), Galicia (23,9%), Asturias (24,3%), Murcia (24,6%), Castilla y León (24,7%) y Comunidad Valenciana (24,8%) y Canarias (26,1%).
