El incremento del Salario Mínimo desbloqueará la subida de tipos que había congelado el Gobierno este año.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el miércoles una subida “inmediata” del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como medida estrella para el nuevo curso político, a aplicar desde el mes de septiembre u octubre para lo que resta del año y que supondrá un aumento de sueldo para en torno a 1,5 millones de asalariados fuera de convenio.
El Gobierno decidirá la subida definitiva el próximo lunes, pero ha planteado a los agentes sociales una subida del SMI de 15 euros este año, y elevarlo en 31 euros tanto en el ejercicio 2021, como en 2022, con lo que el Salario Mínimo escalaría a 965 euros mensuales este año en 14 pagas, a 996 euros en 2022 y a 1.027 euros en 2023, cuando alcanzaría el objetivo de representar el 60% del salario medio.
Sin embargo, más allá del beneficio económico para esos 1,5 millones de asalariados, la nueva alza del SMI que ultima el Ejecutivo para la recta final del año tendrá consecuencias directas en otros colectivos, como las empresas y los trabajadores, al aumentar las cotizaciones, los pensionistas al elevarse las bases mínimas y los autónomos, que también tendrán que asumir un nuevo incremento de las cuotas a la Seguridad Social.
Subida de entre 3 y 12 euros postergada
En el caso de los autónomos, la subida de las cuotas a la Seguridad Social estaba prevista que se produjese con los Presupuestos Generales del Estado del año 2021, pero las organizaciones de autónomos exigieron su suspensión con motivo de la crisis de la Covid-19 bajo amenaza de que no se produciría ningún acuerdo sobre la prórroga de la prestación de cese de actividad si no se paralizaba el incremento.
De esta forma, el Gobierno paralizó mediante el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, el aumento de las cuotas al establecer en la disposición transitoria cuarta de la norma que “a partir del 1 de febrero de 2021 y mientras no se lleve a cabo la subida del salario mínimo interprofesional para el año 2021 no será de aplicación” el alza de las cuotas que sí contemplaba el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre.
Y es que en el año 2018 el Gobierno socialista aprobó ese real decreto que incluía el incremento progresivo de los tipos de cotización de los autónomos a cambio de aumentar su protección en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos (RETA), de forma que el Gobierno recaudaría más vía cotizaciones al fijar en 2019 la totalidad de las contingencias que hasta entonces eran voluntarias, como el caso de la protección por cese de actividad o las contingencias profesionales.
Sin embargo, el Ejecutivo no empezó a cobrar hasta el mes de octubre de 2019 las cuotas con los nuevos tipos a los autónomos, que empezaron a pagar un 30,3% de su base de cotización frente al 30% anterior, y ello supuso que tuvieron que pagar unos 30 euros más bajo las críticas de las organizaciones de autónomos. Ahora se sumará otra subida de entre 3 y 12 euros.
Varía en función de las bases
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha denunciado así que el incremento del SMI “encierra un nuevo palo para los autónomos”, puesto que supondrá un incremento de entre 3 y 12 euros en la cuota mensual que pagan los trabajadores por cuenta propia a la Seguridad Social, lo que se suma al “daño” que pueda ocasionar la subida en la economía y el empleo.
El aumento de los tipos previsto y postergado hasta el aumento del SMI, que previsiblemente será el que se aplique, elevaba las cuotas del 30,3% actual a un 30,6% con las subidas de las cuotas por cese de actividad y contingencias profesionales de un 0,8% a un 0,9% y de un 1,1% a un 1,3%, respectivamente.
De esta forma, el alza será distinto en función de la base de cotización. Los autónomos con la base mínima (944,4 euros al mes) sufrirán un aumento de su cuota de alrededor de 3 euros, pasando de 286 a 289 euros mensuales, mientras que aquellos autónomos con la base máxima (4.070,10 euros al mes) tendrán que hacer frente a 12 euros más de cuotas, pasando de los 1.233 euros actuales a 1.245 euros.
El impacto de la factura de la luz
En un contexto de aumento de los precios, con una inflación del 3,3% en agosto, la mayor desde 2012, los autónomos denuncian el elevado precio del coste de la electricidad que se ha disparado en los últimos meses hasta máximos históricos en el mercado mayorista, conocido como ‘pool eléctrico’, con un pico histórico de 140,23 euros por megavatio hora (MWh) que marcó este jueves.
Amor ha sido crítico con esta situación recordando que en el Consejo de Ministros de finales de junio se aprobó una bajada del IVA en la factura de la luz que, según ellos, iba a beneficiar al 72,5% de los autónomos, pero “e ha demostrado que no es así” y recuerda que “los que tienen locales contratan bastante más que los 10 kilovatios que ha marcado el Gobierno como el máximo para beneficiarse de esta medida”. La factura de la luz podría suponer unas dos cuotas e autónomos más al año, unos 300 euros más cada mes por dos meses.
El presidente de ATA alerta de que para muchos autónomos y pequeños negocios puede ser la “puntilla” que les lleve al cierre tras meses de problemas de liquidez y solvencia como consecuencia de la crisis de la Covid-19 y las restricciones impuestas por las distintas administraciones públicas.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha pedido una solución al “secuestro económico” de las empresas suministradoras de energía eléctrica, por lo que pide fijar un techo máximo a los precios ante la incidencia en los autónomos, los pequeños negocios y las familias.
“España no puede permitirse el lujo de estar secuestrado por un oligopolio”, denunció Abad, quien pidió “decisiones valientes” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como que los autónomos participen en el diseño para el reparto de los fondos europeos y una “transformación” del trabajo autónomo mediante la digitalización y en el ámbito rural, con la economía sostenible y verde.
UPTA ha pedido abordar la situación del paquete de ayudas de 7.000 millones para que se produzca un mejor reparto y abordar la cotización por ingresos reales de los autónomos, la protección del sector del Mar y la transformación del RETA ya en septiembre.
Cae en 7.300 personas el número de autónomos
En medio de todos estos asuntos, el Ministerio de Trabajo publicaron este jueves las cifras de paro y afiliación, que reflejaron una ruptura de la estacionalidad con una caída del paro de 82.583 personas, hasta 3.333.915 desempleados en agosto, un mes tradicionalmente malo para el empleo por el fin de los contratos estivales, si bien se registraron 118.004 cotizantes menos que la media de julio, hasta un total de19.473.724 afiliados.
Dentro del Régimen General, la afiliación mensual media aumentó en agosto en 110.339 trabajadores (0,68%) y se situó en 16.090.886 ocupados. El Sistema Especial Agrario sumó 15.406 afiliados, y el del Hogar, creció en 2.755.
Sin embargo, el Régimen de Autónomos, por su parte, alcanzó los 3.315.603 afiliados medios en agosto, 7.358 menos que el mes anterior (0,22% menos) en todos los sectores, mientras que el año anterior habían crecido en 402. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ve “malos” los datos de afiliación, por lo que ha pedido “prudencia” y evitar “triunfalismos”.
Subida de cotizaciones y bases reguladoras: más coste en pensiones y prestaciones
El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, aseguró que “en ningún caso” hay una “automaticidad” que traslade la subida del SMI a la cuota de los autónomos, si bien admitió que hay una vinculación por ley del SMI a la base mínima de cotización del Régimen general, si quien ha pedido desechar la idea de que las cotizaciones son un impuesto.
Y es que las bases mínimas de cotización, sobre las que posteriormente se aplican los tipos de cotización de los trabajadores, suben en función del SMI y las pagan, en mayor medida, los empresarios. Con ello se logra un alza de la recaudación por cotizaciones, según explica BBVA.
También se producirá previsiblemente debido al alza del SMI un incremento en las bases reguladoras de las prestaciones de la Seguridad Social, que sirven de referencia para calcular las pensiones de jubilación. Para ello se hace en la actualidad un promedio de las bases de cotización de los últimos 24 años. En consecuencia, al mejorar las bases, las cotizaciones sociales y las futuras pensiones aumentará considerablemente en gasto en pensiones de jubilación y del resto de prestaciones, como de incapacidad permanente.
