El Gobierno prevé un desajuste del 8,4% este año frente al 11% de 2020 El techo de gasto subirá a los 196.142 millones, 45 más que en 2021.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avaló unos Presupuestos Generales del Estado para 2022 con las reglas fiscales suspendidas y un déficit para ese ejercicio del 5%. La ministra destacó que la suspensión, por tercer año, de las reglas de gasto son “un paso más para que nuestro país cuente el año que viene con unos Presupuestos estatales que consoliden una recuperación económica justa socialmente que llegue a todas las personas y todos los territorios”.
Así lo manifestó en el Congreso de los Diputados durante el debate sobre la suspensión de las reglas fiscales en 2022, que sigue la línea de lo aprobado en 2020 y 2021. La medida sigue la recomendación de la Comisión Europea de activar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que libera a los Estados miembro de la obligación de cumplir con los objetivos de déficit y permite un mayor gasto público con el que hacer frente a la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias económicas.
Durante su intervención, Montero apuntó que “si en 2020 nos dedicamos a luchar contra la pandemia y 2021 está siendo el año de la recuperación económica y social”, 2022 será el año para “consolidar el crecimiento económico y avanzar en el camino de la modernización de España”, mediante el aprovechamiento de los fondos europeos y “políticas expansivas que apoyen el tejido productivo y sirvan de palanca para las inversiones y fomenten el crecimiento justo en el país”.
La ministra también informó a la Cámara Baja sobre el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en julio y que no requiere la validación parlamentaria. Montero recordó que el Ejecutivo aprobó un techo de gasto de 196.142 millones de euros, un 0,023% más respecto al de 2021 (45 millones más), por lo que resaltó que se trata de “la cifra más elevada en nuestra historia democrática”. Este gasto será sobre el que el Gobierno elaborará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, cuyo proyecto se encuentran negociando PSOE y Unidas Podemos y que será presentado en la Cámara Baja a finales de septiembre para iniciar su tramitación parlamentaria.
En cuanto al déficit público, las tasas de referencia manejadas por el Ejecutivo prevén que al cierre de 2022 baje al 5%, frente al 11% que alcanzó en 2020 y al 8,4% que se prevé al cierre de 2021. Por administración, la estimación es que el déficit de la administración central será de 3,9 puntos, mientras el de las comunidades autónomas se situará en los 0,6 puntos y el de la Seguridad Social en 0,5 puntos, con equilibrio presupuestario para las corporaciones locales.
Sánchez negocia el apoyo del PNV con la cesión del Ingreso Mínimo Vital de partida
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, reconoció ayer que ya se han mantenido los primeros contactos con el Gobierno de España de cara a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. “Estamos hablando. Todavía queda bastante trecho para ir discutiendo, pero sí es verdad que se pusieron en contacto con nosotros y hemos empezado a comentar algunos temas”, aseguró Esteban.
Lo cierto es que en varias ocasiones la formación aberltzale ya ha citado sus peticiones, que se ajustan a los compromisos adquiridos por el Ejecutivo con su formación para la investidura de Sánchez.
Pero una de ellas, la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), prevista para el 30 de octubre de 2020, está en las condiciones de partida. ” Se tendrá que mover, porque, de lo contrario, no hay muchas opciones de colaborar”, han afirmado desde el PNV. También la subida del salario mínimo es una demanda del partido vasco.
Sánchez tendrá que cumplir si quiere sacar adelante estos Presupuestos. De momento, según su propio informe de rendición de cuentas actualizado hasta el 30 de junio de este año, el nivel de cumplimiento de lo pactado con los socios de investidura es muy limitado. En el caso del PNV, solo se ha cumplido el 21,4% de los compromisos como los acuerdos para fijar las cifras de deuda y déficit para Euskadi respetando la bilateralidad en la Comisión Mixta del Concierto Económico. Otro 71,4% está “en proceso” y hasta diciembre de 2021, no se garantizan más pactos, según el informe.
Montero reconoce que España no cumplirá con el déficit que exige Bruselas hasta 2024 o 2025
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha aplazado hasta 2024 o incluso 2025 la posibilidad de poder presentar a la Comisión Europea una senda de corrección del déficit dentro del límite del 3% del PIB, umbral sobre el cual las normas fiscales europeas contemplan una especial vigilancia a través de un procedimiento de déficit excesivo.
Así, ha explicado ante el Pleno del Congreso que por mucho que el déficit público para este año caiga del 11% al 8,4%, y que en 2022 se sitúe en el 5%, para 2024 la tasa de referencia que contempla el Gobierno seguirá por encima del 3%, concretamente dos décimas.
“Será por ese entorno, en el 2024, si es posible aproximándose más al 2025, cuando estaremos en condiciones de presentar ya una senda que retoma ese compromiso con la consolidación fiscal, cara a las autoridades europeas”, ha dicho.
Aval para suspender las reglas
Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en la Cámara Baja para defender la situación de extraordinaria de necesidad, a raíz de la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias económicas y sociales, que justifica la suspensión de las reglas fiscales.
Una suspensión que, ha recordado, viene avalada tanto por las autoridades europeas como por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La paralización de estas reglas permite a las administraciones públicas incurrir en déficit estructural y no estar sujetas a objetivos fiscales, si bien cuentan con tasas de referencia.
Según esta referencia, la Administración central pasará de un déficit del 6,3% al 3,9%, un salto, ha incidido Montero, “muy superior al que se pide a la Seguridad Social o a las comunidades autónomas”, para las que se prevé un mantenimiento del gasto para hacer frente a la financiación de los servicios públicos de Sanidad, Educación y Dependencia.
En el caso de la Seguridad Social, pese a comunicarse a Bruselas un déficit del 0,8%, se contempla un desfase en las cuentas del 0,5%, al asumir tres décimas el Estado con una transferencia que se elevará en las próximas cuentas a 18.369 millones de euros (un 32% más que en anteriores Presupuestos, en las que el trasvase de recursos se quedaba en unos 13.000 millones).
La mayoría del Congreso ha avalado los planes para continuar con las reglas fiscales suspendidas, si bien las dos principales fuerzas de la oposición, PP y Vox, han rechazado apoyar esta pretensión.
Además del PSOE y Unidas Podemos, formaciones de Gobierno, han respaldado esta decisión Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, EH-Bildu y el PDeCAT. Vox y Foro Asturias se ha posicionado en contra, mientras que el PP, UPN, la CUP y el BNG han optado por la abstención.
Unos nuevos presupuestos
La intervención de Montero ha servido también para dar el pistoletazo de salida al trámite presupuestario, al informar a la Cámara del nuevo límite de gasto no financiero –el conocido como ‘techo de gasto’–, que para el próximo año será de 196.142 millones de euros, el más alto de la historia, al elevar ligeramente el anterior en su parte de cuentas públicas (169.787 millones) y mantener la previsión de fondos europeos a recibir en el Plan de Recuperación (26.355 millones).
La titular de Hacienda ha subrayado que, con vistas a la tramitación de las próximas cuentas públicas, mantiene “abiertas todas las líneas de comunicación para sumar todos los acuerdos posibles”, instando al resto de formaciones de la Cámara a apoyar los próximos Presupuestos.
Rechazarlos, ha dicho, “sería lo mismo que negar el pan y la sal a una sociedad expectante” de una recuperación económica, pues, según ha dicho, impulsar la misma no es únicamente una responsabilidad del Ejecutivo, sino también del resto de formaciones políticas.
Senda difícil de creer del déficit y la deuda
La ministra María Jesús Montero defendió en el Congreso la necesidad de que las reglas de equilibrio presupuestario sigan un año más suspendidas para hacer frente a la crisis. La presentación del techo de gasto para 2022 ya demostró que el Gobierno daba por hecha esa suspensión.
Montero, no obstante, prevé una corrección razonablemente rápida del déficit público, de modo que en 2025 podría estar ya por debajo del 3%, como demanda Bruselas. El problema estriba en que esa proyección, al igual que las expectativas de reducción de la deuda pública, resultan difíciles de creer en un contexto como el actual, en el que la recuperación afronta crecientes dificultades. Es probable, por tanto, que dicha senda de corrección de los desequilibrios quede en papel mojado.
