El Gobierno aprueba la asignación de €1.350M a los ayuntamientos para cubrir sus necesidades financieras en 2023
El Gobierno ha aprobado este lunes una asignación de 273,3 millones de euros para cubrir las necesidades financieras de las entidades locales en el año 2023. Este importe se reparte entre los compartimentos Fondo de Ordenación (271,1 millones) y Fondo de Impulso Económico del Fondo de Financiación a Entidades Locales (46.2 millones).
El Fondo de Ordenación permite dotar de liquidez a las Entidades Locales con algún tipo de riesgo financiero, mientras que el Fondo de Impulso Económico atiende las necesidades de aquellas administraciones locales que están saneadas financieramente.
En concreto, el Ejecutivo, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha aprobado dos acuerdos que supondrán la distribución en 2023 de un máximo de 1.350 millones de euros a través del Fondo de Financiación a Entidades Locales.
En el segundo acuerdo se ha aprobado un nuevo procedimiento para
atender las obligaciones pendientes de pago de las Entidades Locales con sus proveedores, con cargo al Fondo de Financiación, en concreto, al Fondo de Ordenación. De esta forma, se ha autorizado la suscripción de préstamos con cargo a ese Fondo de Ordenación por un máximo de 1.076,4 millones de euros.
Distribución de los compartimentos
Los 227,15 millones de euros asignados al compartimento Fondo de Ordenación se distribuyen en: 118,48 millones a Ayuntamientos que se encuentran en riesgo financiero y se asignan 108,67 millones a Consistorios que no se han podido refinanciar en condiciones de prudencia financiera.
Los 46,2 millones de euros asignados en 2023 al compartimento Fondo de Impulso Económico servirán para satisfacer necesidades financieras derivadas de vencimiento de préstamos a largo plazo con entidades de crédito que financiaron Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS); o ejecución de sentencias judiciales firmes.
Distribución por CCAA
Así, los entes locales de Andalucía serán los que más dinero se lleven, con más de 123 millones del total. Le siguen Murcia con más de 44 millones; Madrid, con más de 31 millones; Comunidad Valenciana con más de 26 millones; Cataluña con más de 17 millones; Castilla-La Mancha con más de 15 millones; Aragón con más de 10; Extremadura, con más de 3 millones; Castilla y León con 486.305 euros; Asturias con 155.624 euros; Islas Baleares, con 96.175 euros y, finalmente, Galicia con 81.811 euros.
En la reunión de la Comisión Delegada también se han aprobado las condiciones financieras de los préstamos y operaciones de crédito que se formalicen con cargo a los compartimentos Fondo de Ordenación y Fondo de Impulso Económico. Las condiciones son similares a las contenidas en los acuerdos de la CDGAE adoptados en 2022.
De esta forma, en este ejercicio se establece un período de amortización de los préstamos que se suscriban con cargo al Fondo de Financiación a Entidades Locales hasta el 31 de marzo de 2033. Asimismo, se establece un período de carencia de dos años.
1000 euros cada 20 días: la multa que hace que en un pueblo extremeño nadie quiera gobernar
l Ayuntamiento de Alburquerque (Badajoz) afronta este jueves un pleno extraordinario para elegir al que sería su tercer alcalde en esta legislatura y para el que, a 24 horas de celebrarse, no hay candidato, pues el que salga elegido se enfrenta a una sentencia que le obliga a pagar una multa de 1.000 euros cada 20 días.
«Nadie querrá ser alcalde», auguraba este martes el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, cuya entidad, ante «la situación caótica del consistorio -dijo- como consecuencia de una gestión desastrosa e irresponsable» a lo largo de muchos años, ha propuesto poner el dinero, unos 40.000 euros, para solventar el problema del contencioso judicial.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en el marco de un contencioso iniciado por una vecina y que se prolonga desde hace más de 15 años, obliga al Ayuntamiento a reparar un inmueble cuyo coste es de 40.000 euros.
Como el consistorio no tiene efectivo, el TSJEx dictaminó que la persona que ostenta el cargo de alcalde debe pagar una multa de 1.000 euros cada 20 días. Esta carga fue el desencadenante para que el hasta hace poco alcalde del municipio, Manuel Gutiérrez (Independientes Por Alburquerque), anunciara su dimisión.
Cuando Gutiérrez llegó a la Alcaldía en mayo del pasado año, se encontró con una fotografía económica de una deuda de unos 15 millones de euros, el triple del presupuesto de un solo ejercicio, pues su remanente negativo era de casi dos millones de euros, alrededor de seis millones de euros de deuda financiera y algo más de 4,5 millones de euros en impagos a la Seguridad Social, además de un historial de impagos a los trabajadores.
Como muestra de la situación, durante ocho meses de 2022 no hubo Policía Local en el municipio, de algo más de 5.300 habitantes, ante la imposibilidad del consistorio de atender las condiciones laborales de los agentes.
Bien es cierto que el alcalde, que no cobraba sueldo alguno, inició acuerdos de pagos con Hacienda y la Seguridad Social, y se retomaron algunos pagos a proveedores y trabajadores, pero la sentencia de la vivienda colmó el vaso. «No puedo perjudicar mi patrimonio personal ni el de mi familia», afirmó Gutiérrez en su dimisión.
La vara de mando pasó en funciones el pasado 27 de enero al socialista Juan Carlos Prieto (PSOE), quien, días después de asumir el cargo, recibió el ofrecimiento de la Diputación de Badajoz para asumir el coste de los 40.000 euros de la sentencia.
«¿Por qué ha habido que esperar a que un edil socialista llegara a la Alcaldía para que la Diputación tendiera la mano?» se preguntan desde el PP. También en las filas del PSOE ha habido movimiento, pues uno de los tres ediles, Jesús Martín Chaves, ha anunciado esta semana que abandonaba el partido.
En el caso de que nadie se postule como candidato en el pleno extraordinario de este jueves, una comisión gestora tutelada por la Diputación de Badajoz podría hacerse cargo de la gestión del Ayuntamiento hasta las elecciones del 28 de mayo.
Si finalmente alguien da el paso, sería el tercer alcalde de esta legislatura, que se inició con la socialista Marisa Murillo. Las críticas a su gestión, muy especialmente por la deuda, obligaron al propio PSOE a expulsarla. Ella y el resto de ediles del Gobierno local, a excepción de Prieto, pasaron a ser no adscritos y otros se fueron. En mayo de 2022, los ediles de IPAL y del PSOE presentaron una moción de censura a Murillo, la cual dio paso a Gutiérrez.
