La oficina encargada de supervisar la contratación pública presenta su estrategia nacional con el objetivo de combatir la “corrupción” y las “irregularidades” en las licitaciones de la Administración.
La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), oficina independiente pero integrada en el organigrama del Ministerio de Hacienda, ha concluido su Estrategia Nacional de Contratación Pública con el objetivo de combatir la “corrupción” y las “irregularidades” que se dan en las licitaciones de la Administración. Se trata de un documento de 82 páginas en el que desglosa una serie de medidas diseñadas específicamente para los próximos cuatro años con la intención de ajustar todos los contratos públicos a la normativa vigente.
La estrategia de la OIRESCON está dirigida a “todo el sector público incluyendo todos los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras comprendidas en el sector público estatal, autonómico y local, así como las de otros entes, organismos y entidades pertenecientes a los mismos que no tengan la naturaleza de poderes adjudicadores”.
Un esfuerzo destinado, principalmente, a “combatir la corrupción y las irregularidades” en la contratación pública, pero también recoge otros aspectos a perseguir. La estrategia, afirman desde este órgano, se trasladará al Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para después remitirla a las Cortes Generales.
Para combatir la corrupción, la OIRESCON recuerda la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014, en la que se urge a la “la aplicación de las normas de contratación pública sea supervisada”. La oficina de supervisión de la contratación lamenta, en primer lugar, que los datos abiertos no siempre son fácilmente abordables “de forma masiva”, lo que dificulta su análisis y tratamiento conjunto.
Una encuesta interna
“Los principios de legalidad y buena gestión son fundamentales, no solo para garantizar el cumplimiento de las normas de contratación sino, también, para hacer eficaces y eficientes estas políticas públicas”, apuntan desde esta oficina, que a su vez recoge una encuesta de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), sobre el cumplimiento de las normas en los procedimientos de contratación pública.
Los datos obtenidos revelan las carencias en el sistema, a juicio de los trabajadores de la IGAE. “Se concluye que deberían adoptarse medidas de refuerzo en los mecanismos de control desarrollados por los órganos de contratación”, afirma la OIRESCON.
Los objetivos operativos
Como objetivos operativos se marca una serie de principios: “Fortalecer las debilidades del proceso de contratación pública evidenciadas en el ejercicio de la función de supervisión, mediante la definición de un mapa de riesgos que identifique los puntos críticos del proceso”, “planificar y programar adecuadamente las actuaciones de supervisión de la contratación pública, dotando de transparencia la selección de los criterios y la metodología”, así como “coordinar criterios y metodologías utilizados para la supervisión por las distintas Administraciones Públicas”.
Para ello, propone incorporar elementos para la prevención del conflicto de intereses, del fraude y de la corrupción, realizar estudios previos para identificar ahorros de costes, realizar evaluaciones periódicas, contar con una planificación de los contratos y evaluar los riesgos de la contratación pública por cambios normativos,
estructurales o interpretativos.
En otro apartado del informe, la oficina de supervisión de la contratación propone otros aspectos para mejorar la transparencia de las licitaciones públicas. Establece como prioridades incrementar la profesionalización de los agentes públicos que participan en los procesos de contratación, promover la eficiencia económica en los procesos de obtención de bienes, servicios y suministros, generalizar el uso de la contratación electrónica en todas las fases del procedimiento, utilizar las posibilidades de la contratación pública para apoyar políticas ambientales, sociales y de innovación, y promover la participación de las PYME en el mercado de la contratación pública.
Enlace a los informes anuales de supervisión: 2022, 2021, 2020, 2019.
