La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON) cuenta con 23 empleados y 29 vacantes

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), órgano encargado de velar por la legalidad en los contratos públicos de España, se mantiene con una plantilla muy por debajo de sus plazas asignadas. Según ha podido saber Vozpópuli a través de una solicitud de acceso a la información tramitada a través de Transparencia, esta oficina, que depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda, mantiene una tasa de ocupación inferior al 45%.

Como contó este diario, la tasa de ocupación en la plantilla de la OIRESCON viene lastrada los últimos años por su falta de personal. En un informe público detallaban en 2020 que deberían contar con 35 empleados, pero entonces sólo contaban con diez. Dicho informe público ya no está disponible en la página web del Ministerio de Hacienda donde se alojaba inicialmente.

Más tarde se amplió el catálogo de personal previsto para esta oficina, pasando hasta los 40 empleados. En primavera de 2021 se lanzó un plan de contratación para incorporar más trabajadores, hasta alcanzar la cifra de 15 puestos cubiertos, aún muy lejos de las plazas asignadas.

Han pasado más de dos años desde entonces y la plantilla de la OIRESCON dista mucho de estar completa. En una respuesta a preguntas formuladas a través del Portal de la Transparencia, esta oficina informa de que “a fecha de 22 de septiembre de 2023, la OIRESCON tiene un total de 52 puestos de trabajo, distribuidos entre Presidencia y sus 4 Divisiones, de los cuales, 23 están ocupados y 29 vacantes”.

Los contratos públicos

Cabe recordar que, aunque la OIRESCON depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda, es un órgano independiente, constituido con la “órgano colegiado creado con la “finalidad de velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la contratación pública. Actuará en el desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus fines con plena independencia orgánica y funcional”.

Publica informes con aquellos casos específicos que se desarrollan con total garantía de transparencia y aquellos que adolecen de las prácticas más recomendables

Esta oficina se encarga, entre otros, de supervisar el correcto cumplimiento de la contratación pública. Cada año publica informes detallados donde analiza los procedimientos elegidos por la administración en sus licitaciones, pormenorizando aquellos casos específicos que se desarrollan con total garantía de transparencia y aquellos que adolecen de las prácticas más recomendables.

La OIRESCON también redacta informes trimestrales sobre la contratación pública en España. Como contó este diario, en el primer semestre de 2023, marcado por una profunda carga electoral -comicios municipales de mayo y los generales de julio- la administración lanzó licitaciones por valor cercano a los 30.000 millones de euros. Nunca antes se había alcanzado esta cifra en el mismo periodo de tiempo.

Este nivel de inversión en la contratación pública supone un incremento de 3.486 millones respecto a los seis primeros meses de 2022; o lo que es lo mismo, un aumento porcentual del 13,54%. El auge encuentra su justificación en las licitaciones lanzadas por entes estatales, que elevaron hasta un 80% los fondos destinados a la contratación.

Contratos de emergencia

Este organismo fue la voz de alarma de Hacienda durante la pandemia del coronavirus. La OIRESCON denunció al cierre de 2020 que uno de cada cuatro contratos públicos, adjudicados durante el peor período de la pandemia, no fueron notificados.

Su investigación reveló que 3.202 de los 11.901 contratos tramitados por vía de emergencia vinculada a la causa covid-19 no constan en la información ofrecida por plataforma de contratación del sector público (PLACSP) en sus datos abiertos. Gobierno y comunidades autónomas concedieron contratos al amparo de estos procedimientos por un valor total de 7.139 millones de euros.

Una cifra relevante si se tiene en cuenta lo sucedido en los dos años anteriores. En 2019, las administraciones invirtieron 51,2 millones de euros en contratos de emergencia y, según los datos de los organismos adscritos al Ministerio de Hacienda, esta cifra se reduce hasta los 13,6 millones de euros en 2018. Un descontrol durante la pandemia que, ante la falta de personal, la OIRESCON tendrá muy complicado seguir investigando.

Gonzalo Araluce y Alberto Sanz, Vozpopuli