UE Comunista

Posted On 2020-05-10 By In Actualidad, Slider With 92 Views

A la UE solo le falta la hoz, el martillo, el Gosplan y teñirse de rojo

Bruselas permitirá la entrada de los Estados en el capital de las empresas durante seis o siete años.

La Comisión Europea aprobó el viernes las normas para que los gobiernos de la UE podrán ayudar a las empresas afectadas por la crisis económica desatada por el coronavirus. Unas semanas después de que Bruselas diera luz verde a que los Estados entraran en el capital de las compañías, el organismo que preside Ursula von der Leyen da a conocer los requisitos que deben cumplirse.

El primero de ellos es que las empresas que pueden beneficiarse son aquellas compañías, grandes o pequeñas, que sin esa ayuda se verían abocadas a la desaparición. Eso sí, para recibir el dinero público las empresas deberían ser viables antes de la crisis. Es decir, no se podrán adherirse a esta medida aquellas firmas que antes de la situación actual vieran comprometidas sus cuentas.

Para evitar una distorsión en el mercado, la Comisión Europea señala que las razones que justificarían la inyección de dinero público serían cuestiones de interés general como el mantenimiento de la plantilla y evitar la quiebra de empresas innovadoras o de aquellas cuyos servicios sean considerados imprescindibles. Junto a estos requisitos, Bruselas establece que el tiempo máximo que podrá permanece el Estado en el capital de la empresa son seis años en el caso de las cotizadas o siete si se trata de firmas que no estén en Bolsa. Asimismo todas aquellas operaciones en las que la inyección del dinero público supere el 22% del capital o sobrepase los 250 millones de euros tendrán que ser autorizada previamente y disponer de un plan de salida. La adquisición de participaciones estará sujeta a la prohibición de repartir dividendos y a las recompras de acciones, bonos y adquisiciones.

Bruselas adoptó esta medida a razón de que una eventual nacionalización de las empresas que penden de un hilo reducirá el riesgo que para la economía de la Unión supone un “número significativo de insolvencias y quiebras”. Además, gracias a este mecanismo, se preservaría la continuidad económica durante el brote inicial de la pandemia y durante la recuperación posterior, que la Comisión prevé larga y dura.

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