El Gobierno prepara un maquillaje concursal ante la amenaza de colapso de la Administración de Justicia por la avalancha de quiebras empresariales.
Adelantaba El Economista que el Ejecutivo va a aprobar este martes una modificación de la legislación concursal para suavizar las condiciones que impone la legislación para la presentación de concurso, fundamentalmente en lo que se refiere a los plazos de impagos permitidos para presentar el procedimiento de insolvencia.
Desde la propia Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) su presidente, Diego Comendador, destacaba en una entrevista la terrible previsión de que “los juzgados mercantiles puedan colapsar por un aluvión de demandas de insolvencia y concursos de acreedores”, cuando se levante el confinamiento. Es más, el propio Comendador destacaba que son los poderes públicos quienes ya esperan este incremento tan brutal.
Se multiplican las consultas de concursos de acreedores
Desde el sector legal, son muchos los despachos de abogados y las asesorías que han visto cómo se han cuadruplicado las consultas que reciben día a día sobre la presentación de concursos de acreedores.
Así lo comenta a Libre Mercado el socio del área concursal y de reestructuraciones de CECA Magán Abogados, Daniel Gómez de Arriba, quien señalaba que el número de consultas llegadas al despacho para iniciar el procedimiento concursal se ha multiplicado por cuatro. “Es terrible, el número de procedimientos de insolvencia que esperamos cuando finalice el estado de alarma es enorme y amenaza con colapsar los Juzgados“. En este sentido, Gómez de Arriba advierte que desde CECA Magán han elaborado guías prácticas gratuitas para que los interesados puedan responder a preguntas fundamentales.
Pablo Torán, socio del despacho Ayuela Jiménez, también destaca que el número de consultas sobre concurso de acreedores recibidas en este tiempo de estado de alarma ha sido abrumador. “Hemos detectado un incremento muy sustancial en cuanto a las consultas”. En su caso, no cree que los juzgados vayan a colapsarse por este motivo, sino que “partimos de que el colapso ya existe. Hay juicios en lo laboral que se han señalado para 2023″.
Otras fuentes del sector aclaran a Libertad Digital que “la admisión de una demanda te puede llevar tres meses y tramitar una primera instancia puede retrasarse un año, ahora el colapso se va a multiplicar porque los funcionarios no tienen medios telemáticos y con carácter general no están trabajando“. Ante esta situación, advierten estas fuentes a Libertad Digital que a la acumulación que ya existía, habrá que sumar todo lo que se ha generado durante este parón y lo que vendrá cuando se levante, con lo que “los juicios no celebrados tendrán que reagendarse en agendas ya muy llenas y todos los procedimientos retrasados van a sumar más retrasos por lo que el colapso va a ser todavía mucho mayor, sobre todo en lo mercantil, donde el retraso ya es impresionante”.
“Brutal” incremento de quiebras
Desde empresas especializadas en procesos concursales, procedimientos de recobro, y litigiosidad con la administración advierten a Libertad Digital de que “nos enfrentamos a un incremento de la litigiosidad difícil de dimensionar porque depende directamente del comportamiento de variables como el paro, la contracción económica y el consecuente incremento de la morosidad“, advierte Darío Hernández, director general de Racmo-Corporación Legal.
Con una tasa de paro que podría irse por encima del 30% (si los ERTE terminan siendo ERES) y una caída del PIB que, según algunos analistas de banca privada roza ya el 20% para 2020, podemos imaginar que ese incremento de morosidad va a ser “terrible”, decía Hernández, quien añadía que hay que sumar otros factores, como la sobreprotección de los consumidores y sectores vulnerables de la población por parte del gobierno con medidas orientadas a la protección del impago, la situación en la que van a quedar las empresas es dantesca. (Otras fuentes consultadas dentro del sector endurecen las declaraciones y hablan de una situación aterradora).
Todo esto tiene una relación directa con las empresas que se han visto afectadas por el estado de alarma, el confinamiento y el cerrojazo a la actividad. “Se antoja difícil pensar que las empresas afectadas por el parón de actividad en el turismo, servicios, hostelería y auxiliares vayan a poder recuperarse en el entorno que tenemos por delante si no hay medidas decididas de apoyo económico por parte del Gobierno y un plan de choque”.
Por todo ello, Darío Hernández considera que “el incremento de empresas en concurso de acreedores va a ser dramático“, (otras fuentes del sector utilizan calificativos más gruesos: “pavoroso”, “terrorífico”, dicen) porque al de las empresas que presenten concurso habrá que sumar las “decenas de miles de empresas que ya estaban en concurso de acreedores y con convenios con sus propios acreedores y que estaban cumpliendo. Empresas que ahora mismo van a incumplir estos convenios”.
Colapso judicial
La crisis derivada del nuevo coronavirus covid-19 amenazó con un colapso en el sistema sanitario que va a derivar en una brutal crisis económica donde la sangría en el empleo va a suponer una auténtica hecatombe en el sistema. Esto ya se ha avanzado, pero de lo que se habla poco, o nada, es del colapso en el sistema judicial.
Según fuentes del sector, las medidas que está poniendo en marcha el ejecutivo y que tiene previsto implementar este martes como esa modificación de la ley concursal para tratar de retrasar la declaración de concurso de las empresas, o las modificaciones tendentes a agilizar los procedimientos judiciales, así como la posibilidad de que el mes de agosto sea habilitado para tramitar procedimientos, buscan “doblegar la curva” del colapso judicial, dicen estas fuentes. El colapso puede ser “aterrador”, dicen estas fuentes. La conclusión a la que llegan es que, si todos los procedimientos judiciales que se están acumulando durante el estado de alarma se ponen en marcha de golpe cuando reabra la administración de justicia, el sistema judicial colapsaría, porque no tendría capacidad para asumir ese trabajo. Por eso estas fuentes creen que lo que está haciendo el Ejecutivo es dar “patadas adelante en el calendario y espaciar esa demanda que va a tener la administración de Justicia”.
Esto genera un problema adicional, el de los recursos. Estas fuentes advierten de que este tipo de medidas no tendrán ningún efecto si no se dotan de presupuesto, ya que la administración igualmente seguirá inoperante y las empresas afectadas no podrán hacer frente a sus pagos o no podrán tener un horizonte de cobro de deudas aceptable para mantener su actividad en marcha. Esto generaría un efecto multiplicador y un círculo vicioso: retraso en el pago de obligaciones, retraso en la declaración de concurso, lo que generará a los adeudados retraso en el cobro, situación de insolvencia y nueva declaración de concurso de acreedores. Por eso, según estas fuentes, es necesario dotar de recursos al sistema para que empresas y juzgados puedan encajar el golpe.
