Bruselas pide que los países avancen en reformas prioritarias para la UE, como la transición digital y energética y el saneamiento de las finanzas públicas. Los Gobiernos tendrán que presentar el plan de reformas y el resto de estados deberá dar el visto bueno a ese plan antes de liberar el dinero.
La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta para constituir un Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros. De ellos, 560.000 millones se destinarán a ayudar a los países a financiar “reformas estructurales e inversiones” que Bruselas lleva tiempo pidiendo a algunos estados como España.
Estos 560.000 millones “ofrecerán apoyo financiero para inversiones y reformas, que incluirán las relacionadas con la transición digital y la transición energética y la resiliencia de las economías nacionales, en relación con las prioridades de la UE”.
Cada Gobierno tendrá que presentar un plan de recuperación de explique específicamente en qué gastará el dinero, en línea con las recomendaciones económicas que les hace Bruselas y con las prioridades europeas, entre las que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha resaltado la transición ecológica y la transición digital. Los países tendrán que dar el visto bueno a ese plan antes de que la Comisión libere el dinero.
“La transición verde y digital son ahora más importantes para el futuro. Al mismo tiempo, debemos asegurar que la transición hacia una economía neutra en emisiones no deja a nadie atrás. El objetivo debe ser invertir todos juntos en nuestro bien común. Nos centraremos en canalizar el fondo a las nuevas prioridades que darán forma al futuro”, ha recalcado Von der Leyen en rueda de prensa. La presidenta de la Comisión se muestra “confiada” en que con este sistema pueda contar con el apoyo de los países autodenominados los “cuatro frugales” (Austria, Dinamarca, Holanda y Suecia).
310.000 millones de esos 560.000 serán a fondo perdido
De los 560.000 millones que se destinarán a financiar reformas estructurales, 310.000 millones serán transferencias directas -a fondo perdido- y 250.000 serán préstamos. “El apoyo estará disponible para todos los países, pero se centrará en los países más afectados y con mayores necesidades”.
A España le corresponderán 140.446 millones de los 750.000 millones, según las primeras estimaciones. No sé conoce todavía qué proporción de esos 140.000 millones estará supeditado a la aprobación de reformas estructurales. Sí se sabe que 77.324 millones de euros se recibirían en forma de transferencias a fondo perdido, mientras que los 63.122 millones restantes serían préstamos que España después tendría que devolver.
La presidenta de la CE ha explicado que el plan de reconstrucción y de reformas de cada país será diferente y ha apuntado que este fondo dará una oportunidad, no sólo para recuperarse de esta crisis que ha provocado el coronavirus, sino para dar un paso adelante en las prioridades de la Unión y en el Mercado Único.
España no avanza en las reformas desde 2014
Desde el año 2011, en que se inició la recuperación de la crisis financiera de 2008, la Unión Europea ha pedido a España que avance en una serie de reformas estructurales, pero los resultados no han sido muy positivos.
En su último informe sobre España, de este mismo año, resalta que en un 24% de las recomendaciones ha habido un avance muy limitado o nulo, mientras que en el resto sólo se ha conseguido “algo de avance”.
“El progreso de hacer reformas se ha ralentizado desde el 2014″, lamenta la Comisión, que destaca los pobres avances en la consolidación fiscal del Gobierno (el déficit aumentó en 2019 por primera vez en una década), en el mercado laboral, donde además el nuevo Gobierno amenaza constantemente con revertir la reforma laboral de 2012.
Avances limitados
Ha habido “algo de mejora en las políticas del mercado laboral, pero su eficacia sigue siendo modesta y la segmentación persiste. El porcentaje de contratos temporales sigue siendo alto, por encima del 26% a cierre del tercer trimestre de 2019. En el sector público, el uso de contratos temporales ha aumentado más en 2019, a pesar de la petición de reducirlo”, denuncian.
La CE también denuncia avances limitados en el apoyo a las familias y la asistencia social, la inversión para impulsar la innovación y eficiencia energética, la mejora regulatoria, o las medidas para evitar el fracaso escolar.
“En general, los avances han sido muy modestos, lo que deja a España con muchas debilidades estructurales desatendidas”, señalaban en su último informe.
