Los expertos alertan de que generaría inseguridad jurídica grave y contradice los principios de la UE. El ultracomunista bolivariano lleva toda la crisis sanitaria batallando por hundir la economía de mercado.
El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha llevado al extremo su admiración por un régimen como el venezolano y su gratitud por la financiación chavista – un régimen, el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que ha llevado a la pobreza a 30 millones de ciudadanos del país caribeño- y que Iglesias quiere implantar, con la excusa de la pandemia de coronavirus, en España, al margen de la Constitución y de la UE, desposeyendo a los empresarios de su medio de vida y a los ciudadanos de sus ahorros, lo que minaría la inversión y el consumo.
Además, supondría una oleada de demandas para nuestro país que sólo le llevarían a convertirse en un Estado fallido como todos los que han aplicado políticas populistas a lo largo de la historia, precipitando a España al empobrecimiento y a un riesgo de corralito si los ciudadanos se aprestan a recoger los ahorros de su vida a una entidad bancaria ante el temor a que sean confiscados por el Estado. Lo ha hecho a través de un tuit en el que invoca el artículo 128 de la Constitución, cuya interpretación extensiva es de dudoso encaje. Ayer mismo invocó ese precepto tras el Consejo de Ministros.
El debilitamiento de las empresas lleva al control social por la dependencia de las ayudas públicas
La pretensión de Iglesias de nacionalizar empresas y socializar ahorros con la excusa del coronavirus choca con el marco europeo en el que España está inserta -un entorno, el de la UE, de defensa de la libertad de empresa y la economía de mercado- y, por mucho que Iglesias haga valer un artículo de la Constitución, supone una interpretación extensiva del mismo que contravendría los pilares de la propia Carta Magna, como explican los expertos. Desde que comenzó la crisis sanitaria causada por la epidemia, Iglesias viene librando una batalla por secuestrar la economía de mercado en contra de la seguridad jurídica y con la vista en Estados que, como Venezuela, han demostrado ser fallidos bajo esas políticas.
Iglesias se volvió a escudar ayer en el artículo 128, tras el Consejo de Ministros, para reclamar “la primacía del interés general del país” y “la construcción de un escudo social contra la crisis del coronavirus”. Pero, por mucho que la emergencia sanitaria haya sumido a España y a medio mundo en una de las mayores crisis económicas y sociales, el líder de Podemos no lo tiene tan fácil para nacionalizar los ahorros y casas de los ciudadanos, así como las empresas. Las intenciones de Iglesias, que ya trató de incluir la nacionalización de eléctricas y medios de comunicación en el Real Decreto de estado de alarma, choca con la propia Constitución y la interpretación del artículo.
“Desde su redacción inicial, en la elaboración del texto se fue modificando para reducir su carga previa, precisamente para evitar interpretaciones excesivas que ahogaran la propiedad privada y la libertad de empresa. Quedó, por tanto, muy limitado, precisamente para evitar que se hiciera una lectura desajustada de las facultades de intervención del poder público sobre la propiedad privada”, explica la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra Asunción de la Iglesia.
Posible inconstitucionalidad
A su vez, una interpretación extensiva de este artículo y el simple hecho de plantear hacerse con los ahorros de los ciudadanos para crear una Banca Pública, como ha dejado caer Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), sería inconstitucional, al atentar directamente contra los artículos 33 y 38 de la Constitución, que protegen el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa. “Las restricciones a los artículos 33 y 38 están reguladas y garantizadas. Tanto la jurisprudencia constitucionalista, como el desarrollo del Estado constitucional en el marco de la UE han forjado un marco jurídico de economía de libre mercado y Estado social, con una intervención pública regulada y controlada jurisdiccionalmente”, explica De la Iglesia.
Sometido a control jurisdiccional
Ya en octubre del año pasado, el portavoz de IU Andalucía, Ernesto Alba, y el parlamentario de Podemos, Rafa Mayoral, reclamaron la aplicación de artículo 128 para sectores como el olivar. En ese momento, para que el Gobierno pudiera hacer valer los poderes que le otorga la Carta Magna tenía que asegurar una serie de garantías. Un proceso y decisión que, en todo caso, está sometido a control jurisdiccional (desde el contencioso-administrativo hasta la el tribunal de la UE y Derechos Humanos), explican los expertos.
Con límite temporal
Aunque en el estado de alarma, la intervención del poder político puede activarse de forma extraordinaria, esto no implica que el Ejecutivo pueda privar el ejercicio de derechos, solo restringirlo. Y de una forma proporcionada y temporal. Así, cualquier tipo de medida encaminada a poner al servicio de las Administraciones Públicas “la riqueza del país” tendría que suprimirse una vez pasado el periodo. Y el hecho de estar en un estado de alarma no exime a Gobierno de responder de sus actos ante la justicia, asegura De la Iglesia.
Los sueños de nacionalización de Iglesias chocan de lleno con los principios de la UE . El Tratado Fundacional europeo blinda el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa y, aunque sí abre la puerta a que por causa de utilidad pública se pueda privar a los ciudadanos de su propiedad, “el uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general” y siempre tras pagar una indemnización.
“La legislación española está un peldaño por debajo de la de la UE, ya que hemos cedido competencias y habría que responder ante el TJUE”, explica el profesor de Economía Miguel Ángel Bernal, que ve muy peligrosa esta intención y materialmente “imposible” llevarla a cabo en el marco europeo.
Oleada de demandas
Incluso aunque Iglesias consiguiera llevar a cabo su plan, el Gobierno se enfrentaría a una oleada de demandas a escala nacional e internacional, que le costarían mucho dinero en indemnizaciones, y pondría en peligro la economía española, ya que hundiría la inversión internacional y el consumo. Solo las medidas anunciadas en los últimos días para afrontar la crisis ya han asustado a los inversores, que están vendiendo deuda española, aducen los expertos.
Colectivizar conlleva indemnizar
En el caso del alquiler, donde Iglesias anunció ayer un distinto nivel de protección en función del número de viviendas, el profesor Juan Fernando Robles explica que “cargar a los fondos de inversión o a personas con un determinado número de viviendas alquiladas con obligaciones diferentes a las que tienen los pequeños propietarios, que consisten en la obligación de ofrecer una quita o una larga financiación sin intereses, es una expropiación encubierta de las rentas o de sus frutos sin la correspondiente indemnización estatal, lo que además de ser inconstitucional supone una colectivización del capital propio de regímenes bananeros y comunistas”.
Quieren distorsionar el mercado
Llama la atención Robles también sobre el efecto distorsionador del mercado. “Obligar al cierre de las empresas en base al interés general, discriminando unas de otras por la actividad que ejercen, sin la indemnización correspondiente al daño causado o sin asumir los costes directos de tales cierres no solo es distorsionar el mercado, sino que constituye una vía de hacer soportar a particulares y empresas los daños que el propio Estado les provoca sin indemnización”. De esta forma, razona, “se debilita el tejido productivo quizás con la intención de hacer depender la actividad económica de ayudas del Gobierno que vayan introduciendo el dirigismo y el control político sobre los medios de producción”.
Sin las garantías preceptivas
Citan también los expertos el caso de “la incautación sin previo aviso de material sanitario en poder de empresas privadas que ejecutó el Gobierno” para explicar que “no solo introdujo dificultades insalvables en la cadena de suministro de tales productos, paralizando pedidos e importaciones y retrasando el abastecimiento de productos básicos sin ofrecer una alternativa, como se ha visto, sino que no se guardaban las garantías propias de un Estado de Derecho y la seguridad jurídica para las empresas”.
Actitudes de Estados fallidos
El profesor Robles explica que esta actitud es propia de estados fallidos, como Venezuela o Cuba, y no se corresponde con las prácticas admitidas en los países democráticos y de economía de mercado, que pueden conseguir fines sociales sin destruir las cadenas de suministro privadas, sino apoyándose en ellas. La medida dio pésimos resultados y bloqueó durante semanas la llegada de material médico a España.
Buscan el control social
La prohibición de realizar despidos, obligando a pagar salarios independientemente de la actividad o a utilizar fórmulas jurídicas inapropiadas para la situación creada, como puede ser el ERTE, no hace sino retrasar los acontecimientos sin solucionar el problema de fondo, conduciendo a las empresas afectadas a situaciones de crisis y dejando a los trabajadores desprotegidos, argumenta Robles, quien cree que, en el fondo, se trata de cargar a empresas y particulares con las obligaciones propias del Estado, dificultando su actividad. Por eso, los postulados de Podemos se interpretan por Robles como “hostilidad hacia las empresas que no puede tener otro fin que destruirlas para empobrecer a la población de modo que cada vez más individuos pasen a depender de posibles ayudas estatales, ya sean estas rentas mínimas o cualesquiera otras, y así propiciar un control social que perpetúe a la izquierda en el poder”.
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