Las empresas tendrán avales por 4.000 millones para emitir deuda hasta dos años antes del próximo 30 de septiembre. La deuda de El Corte Inglés cotiza como bono basura.
El último movimiento del Gobierno para facilitar la liquidez de las empresas y evitar que se deteriore el tejido productivo irá de la mano de los mercados financieros. Y el apoyo será muy fuerte. Además de los avales bancarios, que el ministerio de Economía ha diseñado y que ha ido activando desde el pasado 6 de abril, los emisores en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) también podrán contar con este escudo. Y al mismo nivel que el resto: la cobertura en caso de impago será de siete de cada 10 euros invertidos.
El importe de los avales, por 4.000 millones, supone que la plataforma de financiación puede agotar toda su capacidad. Ahora el número de pagarés en circulación ronda los 2.500 millones pero el máximo asciende a más de 6.500 millones, según los programas vigentes de 46 compañías y fondos de titulización. Todas las emisiones que se realizaron antes de que estallara en España la crisis del coronavirus y pusiera en jaque el futuro económico. Esta fórmula de financiaciación, de deuda con vencimiento entre tres días y dos años, se había paralizado con el estallido de pandemia, como publicó CincoDías el pasado 6 de abril.
Las emisiones deberán realizarse antes del 30 de septiembre para contar con el blindaje, y las empresas (no financieras) debían contar con un programa aprobado a fecha del 21 de abril, cuando se hizo oficial que este tipo de renta fija contaría con el apoyo estatal. Al igual que ocurre con la deuda bancaria con las empresas que no son pymes, los avales garantizan el 70% del importe del nominal. Deberán tener la sede en España y no podrán utilizar el dinero para repartir dividendos.
BME y el ICO serán los encargados de gestionar estos avales, que deberán suscribir un contrato marco con cada una de las empresas y con las entidades colocadoras que participen en el programa. El coste será de 30 puntos básicos (un 0,3%) para avales con vencimiento de hasta 12 meses y de 60 puntos básicos (0,6%) para avales con vencimiento entre 13 y 24 meses. Este precio se descontará, previsiblemente, de la rentabilidad de la emisión
Al igual que ocurre con los bonos de largo plazo high yield, ahora apenas hay inversores para este papel sin la calidad estándar que pide el Banco Central de BBB- (grado de inversión). Justo el que más necesita un comprador de último recurso. Fuentes de la banca de inversión señalan que el mercado monetario –de deuda a corto plazo– sigue funcionando mal incluso para empresas con ratings blindados. Y lanzan, junto a las propias empresas y los gobiernos, una llamada de socorro a Lagarde para que dé un paso más en su estrategia y admita los pagarés de emisores de menor abolengo.
El Gobierno da luz verde a un tercer tramo de avales del ICO por 24.500 millones de euros
Montero ha explicado que las entidades bancarias no podrán cargar ningún coste financiero sobre importes no dispuestos por el cliente, dando respuesta así a las quejas de algunas empresas que denunciaban ciertas cuestiones. “Vamos sujetando las líneas a vigilancia y reforzando algunas cuestiones”, ha precisado.
Este tercer tramo de la línea ICO está destinado a la concesión de créditos y el 50% del importe total irá a parar a financiación de pymes y autónomos, mientras que el 50% restante será para las empresas. De esta manera, de los 60.000 millones aprobados en los tres tramos movilizados por parte del Gobierno, se reservarán 40.000 millones para pymes y autónomos y 20.000 millones de euros para el resto de empresas.
El presidente del Ejecutivo ya adelantó este sábado que el Gobierno desbloquearía una tercera línea de avales públicos con el fin de garantizar la liquidez al tejido productivo ante la emergencia de la crisis del coronavirus, y que estaría reservada en su mayoría a pymes y a autónomos.
En esta tercera línea de garantías, el Ejecutivo ha decidido de nuevo reservar el 50% de los avales a pymes y a autónomos, considerado el colectivo que más impacto está sufriendo a causa de la crisis económica generada por el coronavirus.
Una vez se habilite el tramo, se habrá consumido ya más del 60% de los 100.000 millones de euros del programa de ayuda de financiación a las empresas. Esta línea está gestionada por el ICO, en colaboración con las entidades financieras, las cuales asumen el coste del aval, que se sitúa en un rango de entre 20 y 120 puntos básicos.
El único requisito para acceder a esta garantía es que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
Hasta el momento, se han avalado 269.843 operaciones, el 98% para pymes y autónomos, lo que ha implicado unas garantías públicas de 27.500 millones de euros y una inyección de 36.190 millones de euros al sector.
De igual forma, el Gobierno ha habilitado una línea de unos 4.000 millones de euros para cubrir los créditos canalizados por el sistema de financiación basado en pagarés del mercado alternativo de renta fija (MARF). Estos 4.000 millones de euros se enmarcan en la extensión de las líneas de avales ICO al MARF anunciada recientemente, con la que se pretende fomentar el mantenimiento de la financiación que se produce en los mercados de capitales al que habitualmente recurren las empresas españolas y que quedó prácticamente suspendido por la situación de emergencia sanitaria.
Montero ha subrayado que unas de las condiciones necesarias para acceder a los avales del ICO en el MARF es que las empresas tengan sede social en España, con el fin de evitar que puedan acogerse compañías con domicilio en paraísos fiscales o que se puedan utilizar los fondos para repartir dividendos.
Los 500 millones de euros restantes de esta partida de 24.500 millones de euros de avales están vinculados a las sociedades de garantía recíproca por parte de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa).
