El Gobierno prevé aprobar este misma semana la medida, que beneficiará a un millón de personas y costará 3.000 millones.
“¿Yo una vaga? El ingreso mínimo vital, cuando se apruebe y lo recibamos, nos permitirá a mi hija de 16 meses y a mi vivir y comer, no depender de la caridad, y poder volver a empezar. Por ejemplo, yo misma podré preparar adecuadamente mis oposiciones para ser guardia civil, que es el objetivo que tengo. Esto no es una cuestión de vivir sin hacer nada a cuenta de Estado. Es una necesidad vital. Se trata de poder comer. Poder tener una vida digna y a partir de ahí volver a empezar”.
Carmen tiene 25 años y forma junto a su hija, que apenas tiene 16 meses, una familia monopatental (se calcula que el 30% de los perceptores del IMV serán familias monoparentales). Vive en Oviedo, no tiene trabajo, carece de ingreso alguno desde que estalló la pandemia de la Covid-19 y vive, “es un decir”, de “lo poco que me pueden ayudar mis padres”, que viven en otra ciudad, “y de lo que me dan asociaciones benéficas, ONGs… comida, pañales, ropa…”
Sin duda, Carmen y su hija serán una de las familias beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que será aprobado, según anunció el Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el Consejo de Ministros de este martes y ha confirmado este sábado el presidente Pedro Sánchez. La prestación, una de las propuestas ‘estrella’ en materia económica con las que Unidas Podemos acudió a las últimas elecciones generales, y que irá desde los 462 a los 1.015 euros, servirá para paliar la pobreza extrema y la desigualdad en nuestro país, llegará, según Escrivá, a un millón de familias, será permanente y tendrá un coste para la Seguridad Social de unos 3.000 millones anuales, a los que habrá que añadir los 1.500 millones de euros que ya destinan las comunidades autónomas a sus programas de renta básica.
El IMV llega en un momento en el que España se ha visto asolada por la crisis provocada por la pandemia y con las colas del paro y el hambre desbordando las aceras de nuestras ciudades y pueblos y los comedores sociales o las instituciones benéficas y solidarias. Pero también en medio de una economía y unas cuentas públicas devastadas, con un PIB que puede caer este año, según algunas estimaciones, más de un 12%, un déficit público que llegará a los dos dígitos y una deuda pública que apunta al 120% del PIB, con millones de ciudadanos engrosando las listas del paro y miles de empresas cerradas, que ya difícilmente podrán volver a abrir sus puertas y alzar la persiana.
Antes de la pandemia, en España había 600.00 hogares sin ingresos de ningún tipo y 2,5 millones de personas vivían en situación de pobreza severa (menos de 370 euros al mes). “Las cifras ahora se han multiplicado por mucho”, asegura Carlos Susías, presidente en España de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN (European Anti Poverty Network). Una coalición independiente de ONGs y otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembro de la Unión Europea, que estos días protagoniza una campaña a favor del IMV denominada ‘Renta mínima, sí. Pon tus prejuicios en cuarentena’. Campaña a la que ya se han adherido más de 400 entidades, redes y plataformas, que representan a más de 28.000 organizaciones sociales y culturales en España.
Sea como fuere, Pedro (38 años), Irene (37) y su hija Carol, de 14 años, esperan como agua de mayo, y nunca mejor dicho, que se apruebe el IMV. “Llevamos viviendo de la ayuda de organizaciones sociales varios meses. Y las penurias se han intensificado desde que ha ocurrido ésto del coronavirus”. Cuenta Pedro que se quedó en el paro “en la anterior crisis”, trabajaba en la construcción, “y desde entonces he ido encadenando empleos precarios”, en la recogida de fruta, en la campaña de la aceituna en Castilla La Mancha, como teleoperador… “Con largas temporadas en el paro”.
Y la pandemia le ha pillado “en el paro y mi esposa, que trabajaba en una subcontrata de limpieza a media jornada, se ha quedado también ahora sin trabajo. Todavía no hemos cobrado nada del ERTE”, asegura. Confiesa que “malviven” gracias a “la ayuda de un familiar que nos deja su piso”, en un barrio de los denominados ‘bien’ de Madrid, “y solo le pagamos los gastos de agua, luz, gas… Pero ahora mismo ni eso podemos pagar”. Irene, su mujer, no logra reprimir las lágrimas cuando “miro a mi hija y veo la vida que le puedo dar. No le puedo dar nada. Lleva ropa que nos dan en Cáritas, comemos de la caridad y de la ayuda de los vecinos y otras asociaciones. No podemos darle ni para que se tome una Coca Cola y vaya a divertirse con sus amigas… Nos han tenido que regalar hasta las mascarillas en la farmacia de la esquina”.
Irene y Pedro hablan de que su situación les genera “un sentimiento de culpabilidad y de vergüenza” y esperan “poder recibir esta renta mínima que dice el gobierno que se va a aprobar”, cuya cuantía subirá según los miembros de las familias perceptoras y el número de hijos a cargo, “y así poder empezar a salir del pozo”. Antes del estallido de la Covid-19 en casa de Irene, Pedro y Carol entraban “poco más de 400 euros que ganaba mi esposa”. Ahora “no nos llega ni un euro”. Cuentan que la renta mínima, “si la recibimos, no es para vivir de la subvención sino para poder tener una vida digna y poder salir a buscar trabajo porque durante estos meses atrás no me podía permitir ni salir de casa, pagarme el billete de metro o autobús, e ir a ‘buscarme la vida'”.
Y sentencia: “No somos parásitos. Queremos trabajar e ir hacia adelante, salir del pozo y tener dignidad. Nosotros éramos una familia de clase trabajadora que podía vivir dignamente y ahora hemos caído en la pobreza. Algo habremos hecho mal para ello, no lo niego, pero esta situación no se la deseo a nadie”. Y Pedro concluye con lágrimas en los ojos: “Quiero agradecer a todos los que nos ayudan, por ejemplo a nuestro vecino Pepe, que permite que nuestra hija vaya todas las mañanas a su casa a seguir las clases online del colegio. Yo no sé qué es eso del wifi, el smartphone… No nos lo podemos permitir. La lucha de cada día es por un plato de comida”.
Carlos Susías considera que el IMV, con el que ya cuentan otros `países europeos como Francia, el Reino Unido o Italia, “no es cuestión de caridad sino de justicia social. Estamos hablando de un derecho subjetivo de las personas que hasta la propia Unión Europea recomienda ponerlo en marcha”. El presidente de EAPN-ES se dirige incluso a quienes critican la Renta Mínima desde un punto de vista “economicista” porque “creo que es un gran error. Desde este punto de vista el garantizar unos ingresos mínimos a las familias no es una subvención. Es una inversión. Una renta mínima estatal no es solo un instrumento de justicia social, sino de inteligencia económica, que beneficia al conjunto de la población. Porque con ese dinero las familias pueden ir a comprar a la tienda de la esquina, al supermercado, a comprar unos zapatos, subirse a un autobús y pagar el billete…” Y termina: “¿Por qué cuando se habla de ayudas públicas a otros sectores económicos sólo se discute la cuantía de las mismas y cuando se trata de ayudar a los más desfavorecidos se cuestiona si esas ayudas deben de existir o no?”.
Jacqueline Moreira (54 años) es cubana y lleva un lustro en España. En Valencia. Es titulada en enfermería, pero por razones económicas y burocráticas no ha podido “homologar” su título en España. Durante estos años ha trabajado de empleada del hogar, “sin contrato, cobrando poco, sin vacaciones… Era un ‘lo tomas o lo dejas'”. En esta pandemia, ha trabajado durante un mes en una residencia de ancianos “y lo hice encantada y en la residencia también se quedaron muy contentos conmigo, pero tras un mes de trabajo no pudieron renovarme el contrato porque no tengo el título homologado y hacerlo me supone gastar un dinero que yo no tengo”.
Jacqueline, que mantiene su nacionalidad cubana, vive en España con su esposo, de 62 años, veinte ya en España y con nacionalidad española, su hijo de 18 años, también con la nacionalidad española y su sobrino, de 19, el último en llegar de Cuba, que se encuentra en situación irregular. Viven de los 450 euros que cobra su esposo de renta mínima de la Comunidad Valenciana, “y el alquiler nos cuesta 347, más luz, agua, gas… Y luego está comer. ¿Cómo lo hacemos?”. Cuenta Jacqueline que su marido, “con el título de marino”, ha trabajado “en barcos”, pero con la crisis del 2008, “se quedó en la calle y, por su edad, le resulta muy difícil encontrar trabajo. Incluso tuvo un negocio hace como cinco años, pero hubo que cerrarlo porque las pérdidas eran mayores que los ingresos”.
Esta familia cubano-española reconoce que estos meses sobrevive y come gracias a Cáritas, otras ONGs, colectivos sociales… “Siempre te despiertas con la esperanza de que el mañana será mejor que el hoy, pero… Nosotros no vinimos aquí a robar a nadie, a quitar el pan a los españoles. Vinimos a trabajar, en busca de una vida más justa y digna, pero nuestra situación, a día de hoy, es muy mala. Estamos formados, somos trabajadores, pero no podemos trabajar”. Jacqueline señala que no espera “ya nada” del Gobierno, “de los dirigentes”, pero sí anhela “poder acceder al ingreso mínimo y que ello nos permita avanzar, vivir…” Confiesa que su marido está planeando irse a trabajar a Francia, “a la agricultura, a lo que sea”, pero no puede hacerlo porque las fronteras están cerradas “y el hambre, el estómago, no entiende de fronteras cerradas”.
Javier (49 años), sin hijos, se fue hasta Vigo (Pontevedra) hace unos años “por amor” y ahora se encuentra “solo, divorciado, sin trabajo, pobre y malviviendo en una habitación por la que pago 240 euros” de los 457 que percibe por la Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA), que gestiona la Xunta. Y ahí reside, precisamente, una de las peticiones de Javier, que se autocalifica como “desempleado, que no parado”, y claro candidato a percibir el IMV de Sánchez e Iglesias: “Que sea complementario a las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas”, que van desde los 644 de Euskadi a los 300 de Ceuta, “fáciles de solicitar, sin mucha burocracia y ágiles”. En este sentido, desde el ejecutivo parece que sí se garantiza esa complementariedad y la agilidad. El propio ministro José Luis Escrivá asegura que una vez aprobado el decreto del IMV en mayo, “las familias podrían comenzar a percibirlo en junio”.
Javier lleva años con trabajos precarios de “comercial, teleoperador…” y ahora se encuentra en el paro, bueno no, “desempleado” como dice él. Ha llegado a vivir “en la calle” y reconoce que come “en unos comedores sociales que cada día están más llenos y desbordados”. El IMV será “una cuestión de dignidad, que no de caridad”, y reniega de quienes acusan a mecanismos de solidaridad como éste de fomentar la vagancia. “Yo no he parado nunca de buscar trabajo, de colaborar con organizaciones sociales, de estudiar, de buscar trabajo, de preparar oposiciones….” Y aventura que si finalmente puede percibir el IMV será “un buen punto de partida para recomenzar y preparar, por ejemplo, oposiciones y encontrar, al fin, un trabajo digno, que nos saque de la precariedad”.
El IMV que prepara el Gobierno no incluirá entre las condiciones indispensables para percibirlo la de estar buscando empleo, aunque sí establecerá unos incentivos para quienes busquen activamente empleo. Incluso desde algunos sectores contrarios al mismo se considera que favorecerá la economía sumergida, que hay fuentes que sitúan en España en torno al 15% del PIB. Es más desde algunos estudios económicos se advierte del peligro de instaurar una renta mínima en países con una economía sumergida superior al 10% del PIB. Carmen, la joven madre de Oviedo que aspira a cobrar el IMV cuenta que “yo precisamente me he visto así, desamparada, porque vivía de hacer extras en bares y restaurantes que cobraba en ‘B’. Nadie cotizaba por mí y cuando los establecimientos de hostelería donde trabajaba cerraron me quedé desamparada. La renta mínima me permitirá salir de ese pozo oscuro de la economía en negro”.
