Según las fuentes consultadas, Ingesa “es asesorado por expertos de otros Ministerios, cuya identidad se desconoce”.
El Ministerio de Sanidad oculta la identidad de otro grupo de “expertos” que asesora en las compras millonarias de material para luchar contra la pandemia del COVID-19. Muchas de estas adquisiciones han sido ya denunciadas en los tribunales o ante la Fiscalía por posibles delitos de malversación, fraude o corrupción en transacciones internacionales.
Según las fuentes consultadas, las compras de mascarillas, test, gel desinfectante, batas o hisopos para luchar contra la pandemia del coronavirus se están centralizando desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria Ingesa que dirige Alfonso Jímenez. Este organismo “está siendo asesorado por un servicio especial de expertos de otros Ministerios, cuya identidad se desconoce y se mantiene en secreto”.
Las mismas fuentes consultadas apuntan que los expertos de este servicio especial que asesora a Ingesa “podrían proceder del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Industria y Comercio”. Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad en tres ocasiones preguntando por la función y la identidad de dichos “expertos” encargados de gestionar las polémicas y costosas compras de material sanitario. Sin embargo, no se ha obtenido respuesta alguna por parte del departamento que dirige Salvador Illa.
Tras la publicación de la noticia, Sanidad contestaba minutos después en referencia a este grupo de “expertos” escuetamente: “Se trata de trabajadores públicos”.
Recordamos que el propio Salvador Illa, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias Fernando Simón, se han negado hasta la fecha a dar los nombres de los otros supuestos expertos que están asesorando al Ejecutivo en las fases de la llamada “desescalada”.
La opacidad de las compras de Ingesa
Cabe destacar que la mayoría de las compras de material sanitario para el COVID realizadas por Sanidad a través del Ingesa, se efectúan por el método de adjudicación de “negociado sin publicidad”, justificado en que se trata de un procedimiento urgente de compra y no se presentan otras ofertas. Estas adquisiciones han levantado una gran polémica, ya que los precios pagados se encuentran “muy inflados” o “muy por encima del mercado”.
La querella presentada en el Tribunal Supremo este lunes por 116 familias contra Sánchez y sus 22 ministros por un posible delito de homicidio por imprudencia grave, denunciaba que se ha utilizado esta pandemia “para gestionar adquisiciones fraudulentas de material sanitario de utilización en el diagnóstico de la enfermedad, material de prevención de contagio y protección de las personas implicadas, favoreciendo presuntamente el enriquecimiento de entidades o personas relacionadas con el gobierno o los partidos políticos a los que pertenecen los querellados, anteponiendo no solo la ideología política sino también el ánimo de lucro a la salvación de vidas humanas”.
Además, como informó La Razon, INGESA firmó 14 contratos con 12 empresas para la compra de productos en los que figuraba como “desconocida” la dirección del adjudicatario, algo que Illa atribuía a un “error administrativo”. El importe total de esos productos y materiales ascendió a 313 millones de euros para las arcas públicas y en todos los casos el adjudicatario final era el único ofertante.
Compras denunciadas por fraude o malversación
Pedro Sánchez y Salvador Illa han sido ya denunciados junto al director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria INGESA, Alfonso Jiménez, ante la Fiscalía Anticorrupción por malversar supuestamente más de 50 millones de euros durante la crisis de la COVID-19.
La denuncia presentada en Anticorrupción sostiene que Sánchez, Illa y Jiménez podrían haber cometido “presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales”, durante las compras a China de batas desechables, gel desinfectante y guantes.
Además, Fernando Simón y otros 3 altos cargos del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, directora General de Salud Pública; María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios; Patricia Lacruz, titular de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios, también han sido denunciados por la compra de mascarillas ‘fake’. Dicha denuncian se enmarca en la ampliación de la querella remitida al Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid por el letrado Francisco Javier Díaz Aparicio.
