La Policía custodió a los llegados en dos cayucos a Gran Canaria en una nave sin condiciones en plena crisis del coronavirus.
Setenta y dos inmigrantes africanos llegados en dos cayucos el 26 de mayo a Gran Canaria pasaron los primeros tres días de los 14 de cuarentena que exige Sanidad a todo extranjero que entra en España pernoctando en el suelo, en un almacén portuario, sin duchas. Dos dieron positivo, al menos 42 durmieron hacinados, a veces a medio metro del vecino.
Cuando junio solo acaba de comenzar, Canarias está a punto de superar las cifras de entrada de inmigrantes en patera de 2019, que ya marcaron un récord desde el final de la crisis de los cayucos de hace una década. Si a 31 de diciembre habían llegado por esa vía a las islas 2.698 personas, a 4 de junio de 2020 se cuentan ya 2.552.
La ruta atlántica hacia Canarias se reactivó el verano pasado ante el refuerzo de los controles en el Mediterráneo, con un resultado del que hablan por sí solos los datos: en los cinco primeros meses del año la llegada de inmigrantes por mar a España ha caído a la mitad en el estrecho de Gibraltar, el mar del Alborán y Baleares, pero en Canarias se ha multiplicado por siete.
La combinación de ese flujo de personas con factores nuevos en el tablero de las migraciones, como el cierre en la práctica del espacio aéreo durante el estado de alarma, que impide tanto hacer repatriaciones como redistribuir a los llegados por otros puntos de España, o la cuarentena obligatoria de 14 días para todo el que entre en el país (dictada pensando en los turistas, pero aplicable también a las pateras), está llevando al límite de su capacidad a la red de acogida en islas como Gran Canaria y Fuerteventura.
Red de acogida al límite
Hasta el punto de que, a veces, inmigrantes rescatados llegando a Gran Canaria son derivadas por las autoridades sin bajarse de la salvamar que los recoge a Tenerife, a varias horas de navegación, por razones de capacidad. Ocurrió por última vez este sábado con un cayuco de 55 personas, interceptado a poco más de 10 kilómetros de Gran Canaria solo unas horas después de que llegara otro con 47.
La noche previa se había vivido en Gran Canaria una situación sin precedentes: la Policía había decidido retirarse de la custodia de 72 inmigrantes pertenecientes a las dos pateras llegadas el 26 de mayo, que habían pasado las 72 horas de detención que estipula como máximo la legislación española en un almacén del puerto de La Luz, al que se había recurrido para evitar las escenas de hacinamiento que se estaban produciendo en la Comisaría de Maspalomas, ante las dudas sobre cuál era el protocolo aplicable.
En una carta de la que informó Efe ese viernes, el jefe superior de Policía en Canarias, José María Moreno, le cuenta al delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, que sus agentes tuvieron que limpiar y acondicionar esa nave, barrer el suelo, alquilar cuatro baños químicos para el uso de esas personas, conseguir un centenar de colchonetas, acopiar mantas y hasta facilitar raciones de comida. La carta concluía con un educado ‘hemos cumplido, nos vamos, busque usted una solución’, expresado en prosa administrativa.
En concreto, con estas palabras: “Habiendo concluido los trámites policiales y superado ampliamente el (plazo) de 72 horas de duración que, como máximo, salvo casos de terrorismo, establece la LECRIM (Ley de Enjuiciamiento Criminal), por el presente le comunico que se va a retirar el servicio policial establecido en dicho recinto, permaneciendo un vehículo tipo Z en el exterior a fin de evitar cualquier altercado. Lo que se participa a los efectos de que se preste la asistencia social, de acogida y sanitaria que por parte de esa Delegación del Gobierno se estime pertinente”.
A medio metro unos de otros
En el último momento, se salvó la situación y los inmigrantes no quedaron en la calle. Cuando la Policía se retiraba, llegó la Cruz Roja, comisionada por la Delegación del Gobierno, dentro del convenio que esta ONG mantiene con la Administración del Estado.
Hasta ese momento, solo entraron a esa nave portuaria agentes policiales y el personal sanitario que hizo el miércoles 27 los test PCR a los 72 inmigrantes allí recluidos, con el resultado de dos positivos de COVID-19. EFE ha recibido de fuentes en contacto directo con los inmigrantes tres fotos que muestran cómo durmieron tres noches al menos 42 personas en un país que en este momento recomienda mantener una distancia de seguridad de dos metros. En ellas se aprecia, con claridad, que varios de ellos duermen a menos de medio metro de su vecino. En colchonetas. En el suelo.
La situación no solo está provocando malestar en las ONG que colaboran en las acogidas (Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado o la Misión Cristiana Moderna de Fuerteventura), también preocupa al Gobierno de Canarias, que acaba de tomar dos decisiones reveladoras de su inquietud: hacer la PCR de COVID-19 a todo el que llega en patera y exigir al Estado que en la comisión bilateral que quiere celebrar para tratar sus dos urgencias más perentorias en esta crisis (recomponer los ingresos públicos y reactivar el turismo), se añada un tercer punto, la inmigración.
Doce horas de espera
El 5 de noviembre de 2014, 23 inmigrantes permanecieron seis horas sobre las dunas de Maspalomas tras desembarcar de su patera sin que ni policías ni sanitarios supieran muy bien cómo actuar. Entonces había otra alerta sanitaria: el miedo a un brote de ébola en varios países de África Occidental. Los acabaron sacando de la playa no en coches patrulla, sino en el volquete de un camión de limpieza.
La escena, retratada por un fotoperiodista de Gran Canaria, Borja Suárez, colaborador de Canarias 7 y Reuters, hizo que intervinieran en el asunto el Defensor del Pueblo y la Fiscalía de Las Palmas.
La situación se está repitiendo en otra epidemia, con la excepción del traslado en camión. Cuarenta y nueve personas, entre ellos 35 menores, esperaron el 17 de mayo ocho horas en el muelle de Arguineguín tras varios días de travesía en el océano desde el sur del Sahara o Mauritania a que las autoridades decidieran cómo se les tomaba la filiación y a dónde se les conducía.
Dos días antes los principales diarios nacionales titulaban que el Gobierno había decidido exigir una cuarentena de 14 días “a los turistas” que llegaran de otro país. En ese momento, alguien cayó en la cuenta de que en la orden ministerial no ponía “turistas“.
La escena se repitió el 26 de mayo, con 52 personas que desembarcaron en Arguineguín poco después de medianoche, tras ser interceptado su cayuco. Ellos son parte de los que durmieron hacinados, en el suelo, en un almacén portuario de Las Palmas de Gran Canaria, al que les llevaron trece horas después.
