La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado su investigación sobre los impuestos a los servicios digitales de múltiples países europeos, entre ellos España, y de otras economías como la India. Este proceso es un primer paso que ofrecería a Washington la posibilidad de imponer nuevos aranceles.
La investigación bajo el auspicio de la Sección 301 de la Ley de Comercio de EEUU de 1974 está liderada por la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) afectará, además de España, a Austria, Brasil, la República Checa, la Unión Europea, India, Indonesia, Italia, Turquía y Reino Unido.
El objetivo es determinar si impuestos sobre los servicios digitales como el ya aprobado por Francia el año pasado discriminan contra gigantes tecnológicos estadounidenses como Apple, Alphabet (Google) o Amazon, entre otros. La Sección 301 de la Ley de Comercio es la misma que respalda buena parte de los aranceles impuestos a China.
“El presidente Trump está preocupado porque muchos de sus socios comerciales están adoptando estructuras fiscales diseñadas para tratar a de forma injusta a nuestras compañías”, señaló en un comunicado el representante comercial de EEUU, el embajador Robert Lighthizer. “Estamos preparados para tomar las acciones apropiadas para defender nuestros negocios y empleados contra dicha discriminación”, añadió.
El USTR ya anunció su intención de imponer aranceles de hasta el 100% sobre bienes franceses por valor aproximado de 2.400 millones de dólares tras culminar una investigación similar como respuesta al impuesto del 3% sobre los ingresos de los servicios digitales aprobada el pasado 24 de julio en Francia.
No obstante, Trump no llegó a imponer ninguno de los gravámenes a Francia dado que ambos países lograron un acuerdo al respecto el pasado enero por el que París se comprometió a retrasar el cobro del impuesto en el 2020 a cambio de que Washington renunciase a subir los aranceles al vino y otros productos galos.
Al mismo tiempo, el proyecto para diseñar un dispositivo internacional de fiscalidad sobre el negocio digital bajo los auspicios de la OCDE, que pasaba por una cita en julio para intentar llegar a un consenso, se retrasó por lo menos hasta octubre a causa de la crisis del coronavirus. “Este retraso conlleva riesgos”, señala Daniel Bunn, experto de la Tax Foundation, un think tank con sede en Washington, quien menciona precisamente “la posibilidad de que proliferen los impuestos digitales unilaterales”.
En su aviso publicado en el Registro Federal, el USTR dijo que la investigación abordará los impuestos a los servicios digitales adoptados o considerados por los países previamente mencionados e indicó que la agencia comercial ya ha solicitado consultas con estos gobiernos.
El equipo liderado por Lighthizer señaló que la investigación se centrará inicialmente en si los impuestos discriminan a las compañías estadounidenses, si son injustamente retroactivos y “posiblemente irrazonables” en el sentido de que divergen de las normas internacionales. “Estas desviaciones pueden incluir: extraterritorialidad; gravar los ingresos, no los beneficios; y el propósito de penalizar a compañías tecnológicas particulares por su éxito comercial”, aclaró el USTR. El análisis iniciado este martes todavía se encuentra en su fase inicial, por lo que el USTR únicamente ha pedido comentarios y sugerencias de las partes potencialmente involucradas en el caso.
