El Tesoro asume que tendrá que salir a los mercados para financiar los 25.000 millones del programa de inversiones del Gobierno para 2021 si los fondos europeos no llegan a tiempo.
El Gobierno no va a esperar a que lleguen los fondos europeos para activar el programa de inversiones asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que con tanto boato presentó este pasado miércoles y está dispuesto a que las arcas del Estado asuman un cierto coste en forma de emisiones de deuda pública con tal de que su plan de gasto eche a andar lo antes posible. Así se sugirió desde Moncloa el miércoles y así lo ha confirmado este jueves el secretario general del Tesoro de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, Carlos San Basilio, que ha avanzado que el Tesoro realizará el próximo año las emisiones que sean necesarias para sufragar las inversiones previstas en el caso de que Bruselas no libere los 25.000 millones de euros que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha descontado aplicar en 2021.
La maniobra tendría un coste para el erario público, ya que obligaría a asumir la carga de intereses derivada de la emisión de títulos de deuda, pero según el secretario general del Tesoro éste no sería muy significativo y su efecto sería temporal, ya que el recurso al mercado para sufragar ese gasto se terminaría en el momento en que empezasen a llegar los fondos europeos. El Gobierno ha decidido que merece la pena incurrir en ese sobrecoste – que no se produciría en el caso de esperar a la entrada de los fondos procedentes de Europa para activar el plan de inversiones – para acelerar lo máximo posible el plan de reconstrucción, en el que tienen puestas muchas esperanzas a la hora no sólo de superar la profunda depresión económica en el que la crisis sanitaria ha sumido a la economía del país sino también de modernizar la estructura económica del país para situarla en el marco del siglo XXI a golpe de inversiones millonarias en transición ecológica y transformación digital.
La apuesta del Gobierno es fuerte. Ya desde el cuadro macro. El Ejecutivo fía el cumplimiento de su previsión de crecimiento del 9,8% para 2021, de la que la Autoridad Fiscal (Airef) ha dicho que sólo se cumplirá si se concreta el escenario más favorable posible, a un aprovechamiento óptimo de los 25.000 millones de euros del ‘superfondo’ europeo que el Gobierno de Sánchez ha programado utilizar este próximo año. Es por ello que no puede hacer depender su aplicación efectiva del particular ‘timing’ administrativo de Bruselas, donde los tiras y aflojas diplomáticos entre los autodenominados ‘frugales’ y el resto de países pueden derivar en un retraso efectivo de la aplicación de los fondos, un escenario que el Gobierno ya ha descontado.
El Gobierno se encargó de dejar claro el miércoles que esos 25.000 millones de euros en inversiones comprometidos para 2021 se movilizarán con independencia de que los fondos europeos lleguen en todo, en parte o directamente no lleguen durante el próximo ejercicio. El plan del Ejecutivo es concentrar la aplicación de los fondos europeos en los tres primeros años del programa, entre 2021 y 2023 – periodo que también enmarca la duración de la legislatura- y dejar los préstamos para más adelante.
Emitirá 15.000 millones menos en 2020
Por lo que pueda venir los gestores del Tesoro han ido aprovechando el margen que les proporciona la masiva inyección de capital dispuesta desde el Banco Central Europeo y la caída a mínimos históricos de los costes de financiación para reducir sus visitas al mercado y rebajar en 15.000 millones de euros las emisiones que tenía previsto realizar de aquí a final de año. La decisión va a traducirse en un ahorro en término de carga de intereses respecto al escenario que el Tesoro dibujó en mayo, cuando la crisis sanitaria le obligó a modificar su plan de emisiones para el año y elevar un 50% las emisiones brutas previstas hasta los 297.352 millones de euros. Finalmente, el plan del Tesoro es emitir 282.127 millones.
Desde el organismo se atribuye este ahorro principalmente a las preamortizaciones de deuda llevadas a cabo por las comunidades autónomas en este periodo, “por la reducción de los costes de financiación bancaria que hacen que les sea más rentable financiarse por esa vía que con los mecanismos del Estado”, explican desde el Tesoro, y también por la caída de las primas de emisión en el entorno Covid.
La caída de los costes de emisión a mínimos históricos también han permitido al Tesoro minorar su apelación a los fondos europeos del programa Sure para sufragar la factura de los ERTE y de las prestaciones por cese de actividad de los autónomos. Si en mayo se preveía utilizar 15.000 millones de euros de este fondo, la actualización de previsiones dada a conocer este jueves señala que este año 2020 solo se van a utilizar 10.000 millones de euros de esa bolsa – que permite financiar el coste de esa red de seguridad a trabajadores del escudo social a coste más reducido que con deuda española-, dejando los 11.300 millones de euros restantes para sufragar los costes que estos instrumentos puedan generar en 2021.
