España, Escocia y Finlandia tienen las zonas más despobladas de Europa, pero mientras los dos últimos aplican políticas vanguardistas, nuestro país se dirige impasible al desastre.
Hay muchas formas de gastarse unos fondos estructurales de la Unión Europea para desarrollo rural. Se puede crear una red de universidades, como en Escocia; impulsar proyectos de turismo sostenible, como en Finlandia; o acondicionar un centro de interpretación sobre las caras fantasma de Bélmez, como en España. Tres enfoques que evidencian la falta de rumbo de nuestro país en la batalla contra la despoblación. Una tragedia europea en la que, según las estadísticas, España se lleva la palma. Hasta un 13% del territorio es oficialmente un desierto demográfico, ya que su densidad de población es inferior a 8 habitantes por km², registro solo igualado por Laponia. De hecho, ya es común el término Laponia del Sur para referirse a esa superficie que comparten hasta cinco comunidades autónomas. Con una diferencia: mientras la Laponia finlandesa se consolida como referente mundial en desarrollo social y económico en áreas remotas, la Laponia española se encamina a la muerte biológica dentro de 20 años.
“Se trata del territorio con la tasa más alta de envejecimiento, el más deshabitado y también el más desestructurado de toda la Unión Europea”, sentencia Francisco Burillo, catedrático de la Universidad de Zaragoza. “Una superficie el doble de grande que Bélgica y sobre la que no hay inversión ni existe un plan de desarrollo por parte de los gobiernos autonómicos ni central. Si no se toman medidas urgentes, el sector agroalimentario de al menos la mitad de ese territorio va a desaparecer en diez años. Y con él, desaparecerá la cultura tradicional y la custodia del patrimonio cultural y natural, que ya hoy están muy deteriorados”, prosigue el catedrático, autor del término Serranía Celtibérica para designar esa región en la que viven 487.000 personas e impulsor de una asociación con el mismo nombre.
Solo Laponia, en el extremo norte de Finlandia, y Highland, en el norte de Escocia, padecen las mismas tasas de despoblación que la llamada Serranía Celtibérica. Y ambas se sitúan en la vanguardia europea en proyectos de recuperación demográfica. En Highland, por ejemplo, han conseguido no solo detener el abandono rural, sino casi recuperar las tasas de población de hace 30 años (232.950 habitantes en 2013). Una de las claves ha sido canalizar el esfuerzo a través de Highlands and Islands Enterprise (HIE), una agencia de desarrollo del Gobierno de Escocia creada hace medio siglo. En la actualidad, cuenta con un presupuesto anual de 70 millones de euros para gastar libremente en iniciativas para revertir la despoblación y modernizar la economía local.
“Nuestra misión es patrocinar iniciativas sociales y apoyar el establecimiento de nuevos negocios. Porque si queremos que la gente quiera vivir y trabajar aquí, antes debe contar con todos los servicios que encontraría en una ciudad. Solo así se pueden generar empleos de calidad y de larga duración”, explica Anne McDonald, directora del departamento de Políticas Comunitarias del HIE. “Tenemos una unidad de ayuda a los propietarios en la gestión de sus activos, ya sean tierras o edificios; apoyamos el turismo local y tenemos varios proyectos en energías renovables, cuyos beneficios reinvertimos en la comunidad. También fomentamos el uso del gaélico como activo cultural y económico y hemos creado una red de universidades para que jóvenes de toda Escocia puedan venir a nuestra región a formarse”, detalla McDonald.
“Uno de los principales problemas en España es la dificultad para crear zonas de actuación que implican a varias comunidades autónomas”, explica Mercedes Molina, catedrática de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid y una de las mayores expertas en desarrollo rural en nuestro país. “Nuestro contexto es muy distinto al de Escocia y Finlandia, pero sí es cierto que en España no se han aplicado correctamente los fondos de la Unión Europea. En lugar de trabajar por el equilibrio interno, las comunidades autónomas se han gastado el dinero en fomentar el crecimiento de sus ciudades. Se ha reforzado el modelo de concentración territorial en detrimento del desarrollo rural, llegando al punto actual de estrangulamiento de su economía y modo de vida”.
No será, desde luego, por que haya faltado dinero europeo para sacar al mundo rural del pozo. España ha recibido una cascada de millones durante 20 años en forma de fondos estructurales, que engloban los fondos de cohesión, los FEDER de desarrollo regional o los FEADER de progreso agrícola y rural. En el período 2000-2006, nuestro país fue el más agraciado de toda la Unión: 62.300 millones de euros. Entre 2007 y 2013, se alcanzaron 30.507 millones. Y en el presente sexenio (2014-2020) hay comprometidos otros 36.000 millones. “Y ni así han sido capaces de hacer llegar la cobertura móvil a los pueblos”, dice con sorna José Barrós, miembro de la Asociación Contra la Despoblación Rural (ACDR). Por seguir con el ejemplo, en Laponia la cobertura móvil alcanza el 95% de la superficie y permite a sus habitantes acceder a internet y hacer negocios mediante señal 3G. Incluida la amplia superficie que se encuentra dentro del círculo polar ártico.
Ladrillo en lugar de desarrollo
“Aquí se ha gastado el dinero europeo en monstruosidades”, prosigue Barrós. “Por ejemplo, en mi pueblo, Vivel del Río (Teruel), construyeron un polideportivo impresionante que costó 400.000 euros. Ahora está cerrado porque no se utiliza, claro. Somos 40 habitantes y casi todos jubilados. Luego ves que la gente joven con proyectos, que quiere instalarse en el pueblo, no puede emprender porque le faltan 15.000 euros para abrir el negocio y no entiendes nada”. Hasta la fecha, la ACDR ha conectado a 25 familias jóvenes con ganas de empezar una nueva vida en el mundo rural con pueblos con capacidad para recibirlas. Un granito de arena que ha permitido, al menos, mantener abierta la escuela en un puñado de pueblos de Teruel. Ni la diputación provincial ni el Gobierno de Aragón se han dignado siquiera a recibir a los miembros de esta asociación para escuchar sus propuestas, según afirma Barrós.
Entretanto, en Laponia no solo mantienen una política de puertas abiertas en las instituciones, sino que no invierten en ladrillo ni un solo euro de los presupuestos de desarrollo rural, que ascienden a 60 millones de euros (la mitad fondos de la UE) para una población de 181.815 habitantes. “Nosotros solo financiamos conocimiento y desarrollo de negocio, en definitiva proyectos que impliquen un beneficio social y económico claro”, explica Kristiina Jokelainen, responsable del programa de desarrollo regional del Consejo de Laponia.
Igual que en Escocia, en Laponia también es una agencia específica la que canaliza los esfuerzos de crecimiento económico y lucha contra la despoblación. En este caso, se trata del Programa Ártico de Especialización (Arctic Smartness), cuyo objetivo es “reconocer las industrias emergentes y explotar el potencial de la región”. El turismo en regiones árticas, los alimentos ecológicos para mercados ‘gourmet’ y el desarrollo industrial (la región alberga una de las mayores concentraciones de la UE de refinado de madera y minerales) son sus principales apuestas, que se gestionan mediante distintos clústeres.
Jokelainen adelanta que, para el año 2020, el objetivo es “consolidar a Laponia como el lugar remoto más innovador de Europa y que eso sea un polo de atracción de talento de todo el continente”. Por ahora, las cifras le dan la razón: pese a perder algo de población, su pirámide demográfica es aún robusta en los tramos de 0 a 34 años, muy a diferencia de lo que ocurre en la Serranía Celtibérica, que muestra una alarmante pirámide invertida.
Todos los expertos coinciden en que, en el meollo de todo, está la transparencia en la gestión del dinero. Mientras que cada inversión en Laponia y Highland es canalizada por sus respectivas agencias de desarrollo y auditada por los gobiernos de Finlandia y Escocia, en España son las comunidades autónomas las que invierten a discreción y sin ninguna exigencia los miles de millones llegados desde Bruselas. Tal como afirma Molina, “se ha demostrado que la gestión de los fondos comunitarios por parte de las comunidades autónomas no ha sido efectivo. Ya en el programa marco de la UE de 1994-1999 se señalaba que en el interior de España había importantes zonas despobladas y desfavorecidas sobre las que había que actuar, incluso se daban directrices como protección del patrimonio, actuaciones en el medio natural, infraestructuras o mejoras en accesibilidad. Y sin embargo apenas se ha hecho nada. Por eso, estoy planteando, junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que los fondos de la UE sean finalistas, es decir que se destinen a una finalidad concreta, y que los municipios pequeños puedan acceder a ellos sin tener que pasar por las comunidades autónomas”.
Para Burillo, “el desinterés político por la despoblación de un tercio de España es total. Las comunidades autónomas afectadas hacen caso omiso a nuestras propuestas, entre las que se encuentra un proyecto de transferencia I+D+i financiado por el Ministerio de Educación y fondos FEDER. Este desdén sería impensable en Laponia o Escocia”, denuncia Burillo. La propia MacDonald se muestra “sorprendida” de que España padezca el mismo problema que regiones con climatologías extremas en los confines del continente.
España es, para mayor escarnio, uno de los países más reprendidos por la UE en la gestión de los fondos estructurales. En abril, Bruselas anunció la congelación de 1.100 millones de fondos regionales a España por deficiencias en la gestión y control de varios programas. La Comisión Europea aseguró que los casos “no están ligados a ningún fraude”, pero bloqueó la transferencia por la imposibilidad de controlar su destino. Y no es la primera vez que ocurre. Una consecuencia más de la absoluta falta de trazabilidad de los fondos comunitarios que denuncian desde el mundo rural.
“Y lo peor está por llegar”, adelanta Burillo. “Porque en el período 2020-2026, los fondos de la UE se centrarán en los países del Este. Ni siquiera Extremadura va a recibir fondos porque supera el PIB de esos países”. O lo que es lo mismo: en el momento más crítico, justo en los años en que nuestro país se juega la supervivencia o el certificado de defunción de su entorno rural (muchos pueblos ya hoy están conformados exclusivamente de jubilados), la dotación económica de Bruselas se reducirá drásticamente.
Para Burillo, la única solución es “delimitar los territorios de montaña para que puedan recibir fondos estructurales, ya que es en nuestras zonas montañosas donde el problema de despoblación es más grave, con índices muy por debajo de los ocho habitantes por kilómetro cuadrado”. Como ejemplo de la tragedia, el catedrático señala los Montes Universales, nuestra particular Siberia: un enclave en el que convergen Guadalajara, Cuenca y Teruel, con una extensión superior a la de Guipúzcoa y una densidad de población de 1,63 habitantes por km², una de las más bajas de todo el planeta.
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