Actualmente la Seguridad Social se gasta unos 130.000 millones al año en el pago de las pensiones.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advierte de que el gasto público destinado al pago de las pensiones se disparará en los próximos treinta años por los factores demográficos, económicos y las decisiones políticas, y llegará a suponer un 14,2% del PIB en el año 2050, unos 170.000 millones de euros, contando con que entre en vigor el factor de sostenibilidad.
Actualmente, la Seguridad Social destina unos 130.000 millones de euros al año al pago de pensiones, con lo que la evolución de la demografía española supondrá un incremento del gasto de unos 40.000 millones al año. Ésta es la principal conclusión del estudio presentado este lunes por la Airef sobre pensiones, que actualiza una primera versión que la autoridad presentó en el año 2019.
La Airef creía entonces que el gasto no aumentaría tanto. En concreto, han incrementado un punto porcentual del PIB el incremento del gasto previsto, es decir, unos 12.000 millones de euros más, por medidas aprobadas desde entonces en materia de revalorización de las pensiones y por la evolución de variables económicas y demográficas.
En esta previsión asumen que el factor sostenibilidad -que tendrá en cuenta la esperanza de vida para calcular la pensión- entrará en vigor en 2023, tal y como está previsto desde que se pospuso su aplicación. Si finalmente no entra en vigor, el gasto total se disparará hasta el 15,2% del PIB, unos 182.000 millones de euros.
Respecto a su previsión del año pasado, la Airef cree que ganaremos menos población vía migración (antes esperaban una ganancia anual de 450.000 inmigrantes netos y ahora la han bajado a 330.000 al año), asumiendo políticas de migración constantes.
“En 2050, el porcentaje de población extranjera sobre el total de la población sería del 18%, un porcentaje que presentan pocas economías. España es uno de los países que tienen políticas migratorias más favorables y este análisis parte de la base de que no van a cambiar”, señalan.
Han empeorado también su previsión sobre la fecundidad: hace un año pronosticaban una tasa de fecundidad de casi 1,9 hijos por mujer en el año 2050, y ahora la rebajan hasta los 1,4 hijos por mujer en ese horizonte, todavía superior a la actual (de 1,23 hijos por mujer).
Reformas del sistema de pensiones
Para poder paliar este fuerte incremento del gasto, la Airef propone que se ahonde en las reformas que se iniciaron en el año 2011, es decir, que se atrase la edad real de jubilación para hacerla coincidir con la edad legal (que convergerá hasta los 67 años en 2027), y que se amplíe el periodo de la carrera de cotización que se utiliza para calcular la pensión desde los 25 años que se usan en la actualidad a los 35 años.
A corto plazo, la institución que preside Cristina Herrero sigue siendo partidaria de que la Seguridad Social traspase parte de los gastos que soporta -como los no contributivos- al Estado, la misma idea que tiene el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y su predecesor en el cargo.
Impacto de la covid en las pensiones
La presidenta ha reconocido que estas previsiones se han elaborado en un escenario de “alta incertidumbre”, entre otras cosas por el impacto del coronavirus en la economía.
De hecho, la Airef ha admitido que a corto plazo las restricciones a la movilidad para contener la pandemia han reducido los flujos netos de migración a 150.000 personas en 2020 (la diferencia entre los que han llegado y los que han salido del país) y su evolución en el futuro es incierta.
El impacto de la pandemia en la fecundidad es incierto, aunque existe la posibilidad de que algunos hogares hayan decidido retrasar el momento de tener hijos por la pandemia. La esperanza de vida ha bajado por la covid, hasta el 79,8 años en el caso de los hombres y 85,3 en el de las mujeres. En ausencia de la Covid-19, la esperanza de vida de los hombres habría sido de 80,7 años y la de las mujeres de 86,1.
En cuanto a los factores económicos, el impacto de la covid es mucho más intenso. El mercado laboral ha sufrido un incremento del desempleo y de los ERTE, y el PIB de España cerrará el año con una caída de entre el 10,1% y el 12,4%.
La tasa de paro convergerá hacia el 7%
Dada la incertidumbre, la Airef “ha optado en las previsiones a largo plazo por asumir que la crisis actual no tendrá efectos estructurales sobre la economía española”.
La población total del país llegará a los 54 millones en 2050, de los que 30 millones estarán en edad de trabajar. Esto elevará la tasa de dependencia del 26% actual al 53% en 2050.
La Airef asume que la tasa de actividad aumentará 2 puntos porcentuales de aquí a 2050, y que la tasa de paro se mantendrá en un nivel medio del 7%. Para la productividad, esperan un incremento medio del 0,9% anual.
Para poder vaticinar cómo evolucionará el gasto público en pensiones la Airef tiene en cuenta: la migración, la fecundidad (número de hijos, en promedio, que se pronostica tendrá una mujer durante su edad reproductiva), la esperanza de vida al nacer, la tasa de actividad (cociente entre población activa y población en edad de trabajar), la tasa de paro, la productividad, la edad de jubilación, la carrera de cotización utilizada y la revalorización estipulada.
¿Qué es el factor de sostenibilidad?
El factor de sostenibilidad es una de las dos patas de la reforma de las pensiones que aprobó el Gobierno del PP en el año 2013 para conseguir que el PNV aprobara sus Presupuestos.
Se trata de un elemento corrector que liga las prestaciones a la esperanza de vida, por lo que una vez que entre en vigor tendrá un efecto de reducción en la cuantía que cobran los pensionistas, ya que al vivir cada vez más años cobrarán menos mensualmente.
Su entrada en vigor, una medida difícil de tomar políticamente, se ha pospuesto hasta el año 2023 y grupos de presión como los sindicatos exigen frecuentemente que se derogue de forma definitiva.
La segunda pata de la reforma del año 2013 fue el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que sustituía al IPC para revalorizar las pensiones y fijaba que mientras la Seguridad Social no tuviera capacidad económica para afrontar su gasto (es decir, mientras estuviera en déficit) las pensiones sólo subirían un 0,25% anual.
Tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno este índice ha quedado sin efecto, aunque no ha sido definitivamente derogado, y las pensiones han vuelto a revalorizarse de acuerdo a la inflación prevista.
