El Gobierno confía en acabar con las disfunciones que han lastrado el avance económico del país durante lustros con una inversión de 25.000 millones de la UE el año que viene que aún no está asegurada.
El Gobierno reconoce que tendrá que hacer muchas cosas y muy bien para que le cuadren las cuentas el año que viene. En el centro de mando de Moncloa se ha decidido que hay que exprimir el grueso de los 140.000 millones de euros – y especialmente de los 70.000 millones de euros de transferencias a fondo perdido- que le corresponden a España del ‘superfondo europeo’ en los tres años que quedan de legislatura para alentar una recuperación express y han ‘coloreado’ ese escenario anhelado con un cuadro macro que asume un crecimiento del 9,8% del PIB para 2021, que no sólo ha sido considerado optimista por la Autoridad Fiscal sino que ha desbordado las expectativas de los analistas más entusiastas.
Desde el Gobierno se ha justificado estos últimos días esa falta de sintonía entre la previsión gubernamental y las expectativas de los analistas en el hecho no menor de que estas últimas no incorporan el impacto que la aplicación de los fondos europeos podría tener sobre la economía. También es cierto que no lo incorporan porque a día de hoy, y pese a la fastuosa presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia realizada esta pasada semana, aún no se conoce qué inversiones se van a llevar a cabo en 2021. Lo dijo la evaluación de la Autoridad Fiscal: el objetivo de crecimiento es factible, pero para que se cumpla debe cumplirse la doble condición de que todas las condiciones sean favorables y no se concrete ninguna de las amenazas que asoman en el horizonte.
Alguna duda debía tener también el Gobierno sobre cómo se iba a recibir su previsión oficial de crecimiento del 9,8% para 2021 cuando la escondió en la presentación oficial de su nuevo cuadro macro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que las transparencias señalaban como referencia de crecimiento para el próximo año una cifra del 7,2%, mucho más en línea con el consenso de los analistas. Hubo que esperar a que la Autoridad Fiscal presentara su evaluación sobre ese escenario para detectar que no, que la previsión oficial de crecimiento del Gobierno para 2021 era del 9,8% y se sostenía, entre otros factores, en un aprovechamiento pleno de los 25.000 millones de euros que el Ejecutivo prevé utilizar de los fondos europeos el próximo año.
También en que el país será capaz de controlar los rebrotes del virus que se produzcan para minimizar su impacto económico. El Gobierno maneja información que le indica que el impacto de los rebrotes sobre la actividad económica es poco significativo cuando se adoptan las medidas de contención necesarias para controlar los mismos. Apoyándose en el caso de Zaragoza y en las indicaciones del Fondo Monetario Internacional ha llegado a la conclusión de que una contención decidida de los rebrotes es más eficaz desde el punto de vista económico.
¿Demasiadas prisas con los fondos europeos?
El caso es que resulta que Europa aún no ha cerrado la tramitación política del ‘superfondo’ europeo y las dudas de algunos países – los autodenominados ‘frugales’- sobre la forma en que se deben aplicar esos fondos amenazan con retrasar la salida efectiva de los mismos de las arcas europeas y añaden un punto de incertidumbre a las previsiones oficiales. El Gobierno descuenta, no obstante, que sí podrá inocular en la economía los 25.000 millones de euros previstos. ¿Por qué? Fuentes de Moncloa deslizan que ya existe un principio de acuerdo en Europa – que aún no ha trascendido – respecto al reglamento que regulará la aplicación de esos fondos y cuya aprobación desbloquearía la aplicación de los mismos; y aseguran que si esto no fuera así el Ejecutivo acudiría a los mercados de capitales para financiar con deuda los recursos que no llegaran de Europa.
Hacer eso sería más gravoso para las arcas públicas que esperar a la llegada de las transferencias de Europa a coste cero y, además, añadiría una mayor carga de deuda a un sector público que va a salir de la crisis con una deuda pública sin precedentes por encima del 120% del PIB. Desde el Gobierno, que se ha negado a dar una cifra sobre dónde va a acaba la deuda pública española en 2021, se argumenta que adelantar parte de esas inversiones a golpe de endeudamiento no tendría efectos significativos sobre el precio que los mercados piden a España para colocar su deuda y que el sobrecoste que se derivaría de la operación sería marginal, sobre todo en relación a los beneficios para la economía que se derivarán de adelantar la recuperación.
Unos beneficios para cuyo cálculo los analistas de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos han utilizado unas referencias sin precedentes en la historia reciente de la economía española. El escenario macroeconómico dibujado por el Gobierno para 2021 no sólo parte de la base de que el Gobierno, al contrario de lo que ha sucedido en el pasado, va a ejecutar la totalidad de los 25.000 millones que prevé recibir de Europa (o financiar con deuda en tanto esos recursos no lleguen) sino que éstos van a tener un efecto sobre la economía como nunca antes se ha visto en España. La capacidad de la nueva inversión para movilizar actividad económica se mide a través de lo que la ciencia económica conoce como ‘multiplicadores’ y que trasladan la capacidad de cada euro de inversión para generar valor añadido.
El ‘multiplicador’ de la inversión que ha descontado el Gobierno en sus previsiones está en la banda más optimista que hace apenas unos días definió el Banco de España en su un trabajo académico sobre el potencial aprovechamiento que España podría hacer de los fondos europeos, pero es que además no tiene precedente alguno en los ciclos inversores -algunos realmente potentes- que ha vivido España en el pasado. Desde el Gobierno atribuyen esta aparente anomalía al perfil de los proyectos de inversión que se pretenden desarrollar esta vez y que no tienen que ver con el desarrollo de infraestructuras físicas o la construcción, sino con ámbitos que en su opinión tienen más valor añadido como todo lo relacionado con la digitalización o la formación del capital humano, que desde Economía se dice que tienen mayor capacidad para generar desarrollo económico y creación de empleo sobre cuya capacidad real para generar valor añadido no hay referentes en el pasado.
Las cifras de una recuperación nunca vista en España
El asunto es que la decisión de situar ese 9,8% como la previsión oficial de crecimiento del Gobierno para 2021 no es inocua. Ésa será la cifra que tomarán de referencia los funcionarios del Ministerio de Hacienda para construir la previsión de ingresos tributarios del inminente proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 y su presunto efecto arrastre sobre el mercado laboral – mayor creación de empleo, menor tasa de paro- también determinará el gasto previsto por los llamados estabilizadores automáticos, singularmente el gasto en prestaciones, subsidios de desempleo y el resto de prestaciones especiales incorporadas al denominado ‘escudo social’. En otras palabras, cualquier desviación que se produzca sobre ese escenario que el Ejecutivo ha decidido convertir en su escenario central tendrá efectos automáticos sobre la gestión presupuestaria y sobre la evolución del déficit y la deuda pública, dos de los indicadores que los inversores internacionales observan con mayor atención a la hora de decantarse por un país.
Desde la Vicepresidencia de Asuntos Económicos no se oculta que el cumplimiento de este escenario va a exigir que sucedan cosas insólitas, pero sostienen que hay motivos para pensar que eso va a ser así. El Gobierno por ejemplo necesita para que se cumplan sus previsiones que los hogares se sacudan la desconfianza que los atenaza desde el inicio de la crisis sanitaria y que ha incrementado exponencialmente su propensión al ahorro y se lancen a gastar. Sus previsiones señalan que el consumo privado crecerá un 10,7%, una cifra sin precedentes en los últimos 25 años y a la que solo se aproxima el 8,8% que se dio en 2000 en pleno arranque de la ‘España de la burbuja’.
No es el único registro histórico que deberá caer en 2021 para que las cuentas le cuadren al Gobierno. Las inversiones tendrán que crecer un 15%, superando el máximo del 14,4% que se vivió en 1999 cuando justo después de superar el exigente examen de Maastricht para entrar en el euro y en puertas de unas elecciones generales, el Gobierno de José María Aznar pisó el acelerador del gasto público como pocas veces antes en la historia. Las previsiones gubernamentales también se basan en una reactivación sin precedentes de los intercambios comerciales con otros países, con datos de crecimiento de las exportaciones e importaciones sin parangón desde el año 1996, factibles si se tiene en cuenta el parón por la crisis sanitaria pero inciertos si se valora que esa crisis aún no se ha superado, que su evolución es imprevisible y que esta por ver el efecto que tiene sobre eventos tan significativos como el ‘Brexit’ o la guerra comercial.
Capítulo aparte merecen los datos de empleo. Mientras el grueso de los analistas se afanan en medir el deterioro que va a sufrir el mercado laboral en el momento en que el Ejecutivo retire la red de seguridad de los ERTE y parte de esos trabajadores acaben en el paro, y solicitan medidas por parte del Gobierno para atenuar ese impacto, Economía no sólo no espera un deterioro de las cifras laborales en 2021 sino que ha pintado el crecimiento más importante del empleo en los últimos 25 años, por encima incluso del incremento del 5% que se vivió en el año 2000, cuando la economía española fue capaz de crear más de 700.000 puestos de trabajo en un solo ejercicio.
Fuentes de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos explican esta evolución desde la convicción de que habrá pocos trabajadores que se vayan al desempleo desde los ERTE y desde su fé en que la apuesta gubernamental por las políticas activas – aún pendiente de marco regulatorio y respaldo presupuestario – impulsará la capacidad de la economía española para generar empleo a ritmos nunca antes vistos en el país. Y lo hará sin que aún se tenga muy claro cuál va a ser el marco regulatorio vigente, si se va a mantener la reforma laboral o por el contrario se va a derogar, según admiten desde la Vicepresidencia.
