Las empresas públicas han disparado en el último año -marcado por la pandemia- su plantilla un 16% mientras que las compañías privadas han tenido que afrontar duros recortes desde que estalló la crisis del coronavirus y se encuentran en el atolladero. Es decir, que cuando los que pagan son los contribuyentes los recortes tardan más en llegar.
El número de asalariados de las empresas públicas ha pasado de 147.400 personas en el tercer trimestre de 2019 a 172.000 entre julio y septiembre de 2020. Esto significa que en un año el empleo de las empresas públicas se ha disparado un 16,6%. Si se compara el dato de empleo del cuarto trimestre de 2019 (antes de que los datos de la EPA tuvieran en cuenta el impacto del covid-19) y el tercer trimestre de 2020, el incremento es del 6,5%.
Si se tiene en cuenta el número de asalariados de todas las administraciones se observa como en un año la plantilla pública ha aumentado en más de 100.000 personas -exactamente en 108.400-. Es decir, que el número de asalariados públicos avanza un 3,3% mientras que el sector privado se desmorona.
El número de asalariados de las empresas privadas ha pasado de 13,5 millones hace un año a 12,7 millones en el último trimestre. Es decir, que el recorte de plantilla ha sido del 5,8%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un dato que contrasta con lo que ha pasado en las administraciones públicas.
Pero esto no quiere decir que las administraciones estén predicando con el ejemplo a seguir, ya que en realidad el empleo que están generando es precario, algo que Sánchez ha criticado por activa y por pasiva cuando ocurría en la empresa privada. Lo ha denunciado el sindicato CSIF.
El empleo temporal en el sector público y en el privado
El empleo temporal en las administraciones públicas alcanza a septiembre el 27,9% del total, cifra récord según denuncia el sindicato CSIF, central más representativa en el sector público. La cifra es casi cinco puntos por encima de la que marcan las empresas privadas, un 23,1%. Estos datos desmontan las constantes referencias del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y de los sindicatos UGT y CCOO al sector privado como ‘culpable’ de la alta temporalidad en España.
«Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el tercer trimestre del año se registraron 931.600 personas asalariadas con contrato temporal, 64.000 más respecto al trimestre anterior», asegura el sindicato en una nota.
Esa cantidad de nuevos empleos temporales supone un 57% del total de los nuevos contratos realizados en la administración pública, cifra que «nunca se había alcanzado» según la central sindical. En este tercer trimestre se han incorporado al sector público 111.200 personas, una de cada cinco nuevas personas que han firmado un contrato entre junio y septiembre.
El Gobierno permite que alcaldes de grandes ciudades puedan cobrar un máximo de 109.494 euros al año
El Gobierno ha establecido en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2021 un salario máximo de 109.494,57 euros al año para los alcaldes de las ciudades con más de medio millón de habitantes, lo que supone un 21% más del sueldo que percibirá el año que viene el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que cobrará 85.608,72 euros en doce meses y sin pagas extras.
Según el escrito de las cuentas públicas presentadas este miércoles por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estos 109.494,57 euros al año es el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las entidades locales que superan los 500.000 habitantes por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales.
En el Presupuesto prorrogado para este año 2020, los miembros de las corporaciones locales cuya población superara los 500.000 habitantes, podrían percibir un máximo equivalente al establecido para los secretarios de Estado del Gobierno.
Así el Ejecutivo central fija en este Presupuesto para 2021 un límite máximo para los miembros de los ayuntamientos atendiendo a su población. De este modo, los miembros de las entidades locales de 300.001 a 500.000 habitantes tendrán un límite de 98.545,10 euros, mientras que para los de las ciudades de 150.001 a 300.000 se fija un máximo de 87.595,64 euros.
En el caso de las entidades locales de entre 70.001 habitantes a 150.000 disponen de un máximo de 92.121,45 euros, mientras que para las ciudades de 50.001 a 75.000 euros se establece que los miembros de su corporación tendrán un salario máximo de 71.172,02 euros. Por su parte, las de 20.001 a 50.000 habitantes, podrán contar con una rebribución máxima de 60.222,56 euros.
Los alcaldes de las ciudades que tengan entre 10.001 a 20.000 habitantes no podrán ganar más de 53.747,30 euros, y los regidores de las ciudades que tengan entre 5.001 a 10.000 habitantes percibirán un salario máximo de 49.273, 11 euros. En el caso de los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes, sus ediles podrán ganar un máximo de 45.797,83 euros.
El Ejecutivo central ha elaborado otra tabla para las ciudades de menos de 1.000 habitantes. Así, para los alcaldes con dedicación parcial al 75% podrán percibir un máximo de 32.848,41 euros; los de dedicación parcial al 50%, un máximo de 24.088,65 euros; y los dedicación parcial al 25%, un máximo de 16.424,78 euros.
