No es nada nuevo en la izquierda, pues siempre ha tratado de trazar una red clientelar de voto, como supuso la instalación del PER en Andalucía en época socialista, pero ahora ya no tiene medida.
Como decía hace unos días, la izquierda nunca ha sido muy ducha en obtener buenos resultados en economía. Su preferencia, especialmente, de la izquierda actual, ha ido por la vía de las subvenciones en lugar de apoyar la economía productiva. Eso tiene siempre pésimos resultados, porque se abandona el espíritu de sacrificio, superación y esfuerzo que debe tener toda sociedad.
Al final, una sociedad subsidiada se convierte en una sociedad pobre, débil y atrasada, y es lo que está empezando a generar el Gobierno de la nación, con sus políticas de subsidio. Gasto, déficit y deuda y, sobre todo, una apuesta decidida por una economía subsidiada son las cuentas públicas que ha defendido la ministra Montero.
No es nada nuevo en la izquierda, pues siempre ha tratado de trazar una red clientelar de voto, como supuso la instalación del PER en Andalucía en época socialista, pero ahora ya no tiene medida.
Con el ingreso mínimo vital, el Gobierno de coalición entre el PSOE y los comunistas de Podemos ha decidido avanzar hacia un estado asistencial, ineficiente y que haga dependiente a los ciudadanos del poder público, pero no queda ahí la cosa. Después, se han topado, en la concesión de la misma, con un grave problema, que es la incompetencia a la hora de conceder las ayudas, que supone un claro fracaso del Gobierno en la gestión del IMV.
Adicionalmente, nos encontramos con el anuncio que ha hecho la ministra de Trabajo, al proponer la concesión de ayudas de hasta 9.000 euros para las empresas que creen empleo en colectivos que tengan una difícil inserción en el mercado laboral. ¿No sería mejor que eliminasen trabas a las empresas, que levantasen tanta restricción con la que están hundiendo el tejido productivo, y que les condonasen impuestos por todo este período en el que las tienen atenazadas, sin dejar que produzcan?
Además, en el proyecto de PGE suben un 0,9% el salario de los empleados públicos, al tiempo que aumenta el número de oferta de empleo público y, con todo ello, sube un 4% la previsión de gasto de capítulo I (gasto de personal).
De la misma forma, propone incrementar las pensiones otro 0,9%, volviendo a ligarlas a la inflación, alejando la aplicación del factor de sostenibilidad. El conjunto de reformas acordadas en el Pacto de Toledo es insuficiente para lograr la sostenibilidad del sistema, pero esa sostenibilidad caerá antes con subidas ligadas a los precios. Esta subida de las pensiones no beneficia a los pensionistas, sino que los perjudica, porque ante el aumento de la pensión en el corto plazo se contrapone la elevación de riesgo que aparece con la presión sobe la deuda de la Seguridad Social, riesgo que puede terminar desembocando en un recorte de las pensiones.
Todo ello, hace que el gasto se eleve más de un 50%, con un déficit que el propio Gobierno reconoce que no bajará del 7% en 2021, y con una deuda que empieza a ser ya una losa tan grande que sólo nos salva el formar parte de la eurozona, pero con el inconveniente de que desde ésta nos pueden empezar a mirar como un problema y pidan que se tomen medidas de recorte por no haber sabido hacer reformas.
La ministra Montero no ha sorprendido, pues más allá de haberse visto obligada a bajar el IVA de las mascarillas (cuyo uso imponen, recordemos, con lo cual tampoco es que nos estén haciendo ningún favor, sino que es aliviar el quebranto adicional) por la presión generada, ha dicho que son los presupuestos adecuados para esta circunstancia. No, no lo son. Constituyen un auténtico error, pues nos llevan al desequilibrio y a la pérdida de capacidad productiva, en ese camino hacia el subsidio en el que el Gobierno parece querer convertir a la economía española.
