Las rebajas fiscales han sido anecdóticas (128 millones). Los aplazamientos suman 2.521 millones.
La mayoría de gobiernos europeos ha reaccionado a la pandemia del coronavirus introduciendo medidas tributarias especiales con las que se pretende aminorar la carga fiscal que soportan las empresas y las familias. La caída de la actividad comunitaria estimada por Bruselas ronda el 8% del PIB, pero podría ser incluso mayor sin el estímulo propiciado por estas reducciones de la presión fiscal.
Alemania es, quizá, el país que más claramente ha apostado por reducir el peso de los impuestos sobre la actividad privada, con un recorte de tres puntos en el IVA y otras medidas de alivio como, por ejemplo, un “tope” que limita el cobro de las cotizaciones sociales. Otras economías de la OCDE, como Austria, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Italia, Países Bajos o Portugal, también han seguido este camino, bajando impuestos para combatir mejor la recesión provocada por las restricciones que se han tomado contra el covid-19.
España, sin embargo, navega a contracorriente. A nivel europeo ha sorprendido mucho la intención del Ejecutivo de subir todo tipo de impuestos en 2021, desde gravámenes directos, como el IRPF, el Impuesto de Sociedades o el Impuesto sobre el Patrimonio, hasta tributos indirectos, como el IVA o los Impuestos Especiales. Además, Moncloa tiene previsto instaurar tres nuevos gravámenes (con nuevas cargas fiscales sobre los servicios digitales, las transacciones financieras y los envases de plástico), amén de la anunciada subida de la fiscalidad del diésel. Libre Mercado ha estimado que el 84% del aumento de la recaudación vendrá del bolsillo de las rentas medias y bajas.
Pero sería un error pensar que el “estallido fiscal” de 2021 será una novedad, puesto que ya en 2020 se han tomado distintas medidas normativas y de gestión que han propiciado un aumento de los ingresos tributarios valorado en 3.391 millones para el periodo que va de enero a septiembre. Así lo reconoce la Agencia Tributaria en su último informe de recaudación.
Así, aunque se ha reducido moderadamente la presión fiscal del impuesto sobre loterías (-21 millones) y se han ampliado algunas deducciones familiares (-251 millones), se han activado también otras medidas recaudatorias en campos como la devolución de la prestación por maternidad (1.524 millones en el IRPF), las modificaciones de ingresos y devoluciones extraordinarias (1.556 millones en el Impuesto de Sociedades) o las tarifas autonómicas del Impuesto sobre Hidrocarburos (53 millones en los Impuestos Especiales). Además, el Real Decreto-ley 15/2018, que gira en torno a la fiscalidad energética, ha supuesto otros 530 millones más de recaudación adicional.
¿Cuánto ha comprometido el gobierno en el marco de su plan contra el covid-19? En total, se estima que estas medidas normativas y de gestión han reducido la factura fiscal del sector privado en unos 2.649 millones, principalmente a través de aplazamientos fiscales (-1.946 millones) o de la suspensión de ciertos plazos para las deudas tributarias (-575 millones). Sin embargo, este cálculo es generoso con el Ejecutivo, porque esos impuestos se le siguen exigiendo a los contribuyentes, de modo que no hablamos de rebajas fiscales, sino más bien de un ensanchamiento de los plazos. Por lo tanto, de los 2.649 millones que anota Hacienda, el 95% se corresponde a este tipo de medidas.
En este sentido, medidas como el “tipo cero de IVA en material sanitario esencial” o “tipo superreducido en libros, periódicos y revistas digitales” han supuesto apenas un alivio de 40 y 1 millón de euros, respectivamente, mientras que los cambios de modalidad (de objetiva a directa) introducidos en IRPF, Sociedades e IVA suponen una rebaja de 13 millones. Por último, la eliminación de los días naturales en Estado de Alarma para las bases imponibles del IRPF y del IVA se traduce en 39 y 35 millones de reducción impositiva, un total de 74 millones.
Así las cosas, sobre un “vuelco” fiscal valorado en 6.040 millones de euros, el 56% son medidas que elevan la carga impositiva (3.391 millones), el 42% son aplazamientos que se exigirán con cierto retraso respecto al calendario original (2.521 millones) y solo un 2% son medidas que rebajan la factura fiscal de empresas y familias.
