Mientras el Gobierno alardea de haber puesto a cero el marcador del atasco en la gestión y pago de los ERTE, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, advierte de todo lo contrario: las citas presenciales para dirimir los problemas surgidos por el impago de las prestaciones debidas se retrasan hasta tres meses. Y, a partir, de ahí, a esperar a cobrar.
CSIF alerta de la preocupación reinante en las plantillas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por el incremento de afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE): un total de 746.900 al cierre de noviembre, 18.487 más que en octubre, según los datos de la Seguridad Social recién publicados.
Pero desde CSIF señalan con gran preocupación que un asunto de gran relevancia no se ha resuelto: la complejidad en la tramitación de los ERTE. Y este problema “está provocando cientos de miles de incidencias, lo que supone un incremento de peticiones de citas de atención presencial en las unidades de este organismo para solventarlas, y que se están ampliando los plazos de dicha atención hasta los tres meses”. Y, a pesar de esta avalancha de expedientes en las oficinas del SEPE, “el Ministerio de Trabajo sigue sin poner en marcha las medidas que venimos demandando desde CSIF para mitigar los retrasos”.
Situación «insostenible»
En este sentido, el sindicato señala que se trata de una situación insostenible, tanto desde el punto de vista de las personas afectadas por los ERTE, que no llegan a cobrar en el momento debido y aculan fuertes retrasos, como desde el punto de vista de la Administración. Por ello, CSIF reclama “una Oferta de Empleo Público extraordinaria y específica para el SEPE, que contemple una dotación suficiente de recursos humanos, estructurales y profesionalizados, ante la situación de emergencia social por el Covid y las previsiones económicas y del mercado laboral”.
“Reclamamos la ampliación de la jornada de tarde para el conjunto de la plantilla de este organismo, de manera universal y voluntaria. Las horas extra autorizadas para el SEPE no son suficientes para afrontar la actual carga de trabajo, circunstancias que se podría paliar habilitando la jornada de tarde tal y como se contempla en las Entidades Gestoras de la Seguridad Social”, añaden desde el sindicato.
En CSIF llevan “meses denunciando que miles de personas afectadas siguen pendientes de regularizar sus prestaciones, muchos de ellos en una situación de una gran vulnerabilidad”.
Más personal
CSIF ha insistido en la necesidad de reforzar las plantillas del SEPE que, en los últimos 10 años, como consecuencia de las políticas de recortes, han perdido 3.400 efectivos y se sitúa en cerca de 8.000 trabajadores/as de los que un 30% son empleados temporales, una cifra manifiestamente insuficiente para atender a la ciudadanía.
Y los datos del mercado laboral son lo suficientemente serios como para panificar algún tipo de solución. Este miércoles pasado, de hecho, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicó los últimos datos de paro del pasado mes de noviembre, en los que se ha conocido que el número de trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) finalizó el mes en las 746.900 personas. Esta cifra representa un total de 18.487 trabajadores más que el mes anterior y 40.650 más que en el mes de septiembre.
Pero lo más llamativo es que, a pesar de que las cifras siguen mostrando una tendencia negativa, el departamento dirigido por José Luis Escrivá se empeña es afirmar que estos datos «muestran una estabilización respecto a los datos de los meses anteriores, a pesar del incremento de las restricciones administrativas en buena parte de España por la segunda ola de la pandemia». Del mismo modo, el Ministerio insiste en que este dato ha sido compatible con el aumento de afiliación a la Seguridad Social en los últimos meses y que, en comparación con el pasado mes de abril los ERTE han caído en torno a un 80%.
Las cifras de las últimas semanas muestran que los ERTE se han mantenido estables alrededor de los 700.000 empleados afectados, lo que, según la Seguridad Social, es consecuencia de un «trasvase» de los ERTE vigentes antes de la última prórroga acordada entre el Gobierno y los agentes sociales a los nuevos esquemas incluidos en la nueva regulación que extendió los ERTE hasta el 31 de enero de 2021.
