La Seguridad Social ha reeditado las estadísticas y revela ahora que en pleno confinamiento los trabajadores afectados por estos expedientes llegaron a superar los 3,6 millones de personas.
El baile de cifras sobre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ha sido una constante durante la pandemia. Desde el estallido de la crisis, el Gobierno se esforzó en explicar que los datos de los que dispone el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que cuelga del Ministerio de Trabajo, llevan un cierto decalaje sobre los registros cuasi automáticos de la Seguridad Social, de modo que el departamento que dirige José Luis Escrivá ha sido el encargado de informar sobre la evolución mensual de este indicador clave para medir el impacto de la Covid en el mercado laboral. Pues bien, a estas alturas del año, su equipo técnico ha revisado las estadísticas y los resultados afloran que en el pico de la emergencia sanitaria, en pleno confinamiento, los trabajadores afectados por estos expedientes superaron de largo los 3,6 millones, lo que supone un exceso de más de 200.000 personas respecto a las cifras oficiales conocidas hasta ahora.
Este martes, el Ejecutivo difundió los datos de paro y afiliación del mes de noviembre. La Seguridad Social, por su parte, aportó las cifras de afectados por ERTE. En una nota de prensa inicial, a primera hora de la mañana, el departamento de Escrivá informó sobre el total de trabajadores en esa situación a cierre de noviembre (746.900) y la diferencia con el último día de octubre (+ 18.487). Sin embargo, ese incremento no encajaba con los últimos datos aportados sobre el cierre del décimo mes del año (599.350). Por la tarde, el Ministerio remitía un nuevo archivo en el que incluía un dato que no había hecho público hasta el momento: la evolución diaria de los trabajadores en ERTE, donde ya se observaba que, efectivamente, el 31 de octubre había 728.413 afectados, de modo que la diferencia con el cierre de noviembre sí coincidía con esos 18.487.
Pero en esa nueva estadística, opaca hasta la fecha, aparecen otros datos llamativos. Por ejemplo, que los trabajadores inmersos en expedientes de regulación temporal de empleo en el pico de la pandemia, el día 24 de abril, alcanzaron un máximo histórico de 3.617.079 personas. Desde el Gobierno, en boca de representantes de distintos departamentos ministeriales, siempre se ha cifrado el tope de afectados por ERTE durante la emergencia sanitaria en 3,4 millones. La Seguridad Social explica que la revisión de los datos puede implicar “alguna diferencia con los publicados en meses anteriores”. El desfase es de más de 200.000 personas, pues el propio Escrivá, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre, situaba la cota máxima en 3,38 millones, como se observa en la siguiente diapositiva extraída de su presentación:
El baile de cifras, como se indicaba en un principio, ha sido habitual en estos meses. Hay que recordar que en pleno colapso del SEPE, que provocó importantes retrasos en el cobro de las prestaciones, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a elevar la cantidad de afectados hasta los 3,9 millones. El líder del Ejecutivo fue muy específico cuando aseguró, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso el pasado 15 de abril, que hasta ese momento había 3.889.000 trabajadores en esa situación. Poco antes, el día 2 de abril, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, daba cuenta de la evolución del mercado laboral en marzo en una rueda de prensa conjunta con Escrivá y cifraba los ocupados en ERTE en 620.000. Esa misma mañana, en una nota de prensa, la Seguridad Social apuntaba a solo 258.645 afectados. Los ministerios implicados justificaban la abismal diferencia por una mera cuestión de registro (los datos llegan antes a un departamento que a otro).
En efecto, en un informe elaborado por la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral, dependiente del Ministerio de Trabajo, se explica que la crisis sanitaria ha impactado de lleno en el proceso de elaboración de las estadísticas, ante las dificultades para recopilar la información, lo que ha provocado demoras en su recogida y complicado su producción. En concreto, se alude a “la dificultad de proceder al registro de los expedientes de regulación temporal de empleo debido a la avalancha de procedimientos presentados en los inicios de la crisis, dificultando la remisión de la información por parte de las autoridades laborales responsables en el ámbito provincial y autonómico”.
Se añade en el citado informe que “en estos momentos se dispone, únicamente, de la información sobre los procedimientos de regulación de empleo en el ámbito estatal”, respecto a la estadística de regulación de empleo que elabora el Ministerio de Trabajo. Si bien el documento matiza que, en el contexto de crisis sanitaria, la estadística mensual de protección por desempleo del SEPE se ha adaptado para ampliar la información, aportando el número de beneficiarios de prestaciones contributivas por paro para trabajadores acogidos a ERTE. Asimismo, la estadística mensual de afiliación que publica la Seguridad Social desglosa desde abril los ocupados en ERTE (siguen contabilizando como cotizantes), distinguiendo además los expedientes por fuerza mayor de los de otras causas.
Los últimos datos, de noviembre, arrojan 746.900 trabajadores en ERTE y un desembolso total del SEPE en estas prestaciones de 13.392 millones de euros entre abril y octubre (este dato lleva un mes de decalaje). La Seguridad Social ha aportado además, por primera vez, el desglose de los expedientes con el nuevo sistema de protección que entró en vigor a partir del 1 de octubre, con los nuevos ERTE por cadena de valor, limitación o impedimento, explicando que “se ha producido un trasvase desde los esquemas aprobados en marzo a los incluidos en el RD 30/2020”, pero asegurando que “el número de trabajadores en ERTE se mantiene estable desde mediados a septiembre, a pesar del incremento de las restricciones administrativas en varias comunidades”, como se observa en el primer gráfico (arriba).
Preguntado al respecto de ese estancamiento de los trabajadores en ERTE en el entorno de los 700.000, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, indicó durante la rueda de prensa de presentación de los datos del paro y afiliación que el Gobierno ya está tomando medidas para evitar que esas personas se conviertan en zombis del mercado laboral. En concreto, hizo referencia a la orden ministerial aprobada recientemente que elimina trabas para facilitar la participación de los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo en actividades formativas y mejorar su empleabilidad.
Respecto al gasto total en prestaciones de ERTE previsto para este año, Pérez Rey apuntó a los 14.000 millones, a los que se sumarían otros 5.000 millones en exoneraciones de cotizaciones sociales, según las estimaciones de su colega de Seguridad Social, Israel Arroyo. En total, 19.000 millones, rozando el 90% de los 21.300 millones que enviará Bruselas a través del fondo SURE entre este año y el que viene. Hay que recordar que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 solo contemplan una partida de 718,5 millones de euros por este concepto, de manera que apenas cubriría hasta el 31 de enero, fecha en la que caduca el actual esquema. En cualquier caso, el Gobierno defiende que la financiación de este instrumento está garantizada, incluso si es necesario prorrogarlo más allá de febrero, como es previsible.
