Un informe constata la existencia de un flujo relevante de cambios de residencia de grandes patrimonios a la capital en busca de impuestos más bajos e ilustra su impacto sobre los ingresos del resto de CCAA.
La estrategia de rebajas de impuestos aplicada por la Comunidad de Madrid desde los tiempos de Esperanza Aguirre -y continuada por sus sucesores- y singularmente la decisión de eximir de pago el 100% de la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio a los ciudadanos de la región han conseguido que 6.000 contribuyentes de alto nivel hayan trasladado su residencia fiscal desde sus territorios de origen hasta la región capitalina en busca de un contexto fiscal más favorable para sus intereses. Ésta es una de las conclusiones más relevantes a la que ha llegado un equipo de académicos a partir de la observación de la evolución de los paneles de declarantes de IRPF y del Impuesto de Patrimonio tras la descentralización de la gestión del impuesto en el año 2010 y la decisión de la Comunidad de Madrid de eximir a sus ciudadanos del pago del mismo.
El estudio, firmado por los investigadores de la Universidad de Kentucky, David R. Agrawal y Dirk Foremny, y por la investigadora de la Columbia Business School, Clara Martínez Toledano, analiza el caso de la Comunidad de Madrid en busca de evidencias de la vinculación entre la orientación de la fiscalidad sobre la riqueza y los movimientos de contribuyentes. Y concluye que, en efecto, las rebajas de impuestos de la Comunidad de Madrid han generado un flujo de entrada muy significativo de grandes contribuyentes procedentes de otros territorios y que éste ha tenido unos efectos fiscales muy positivos para la región y decididamente negativos para el resto.
La información manejada por los investigadores – que llega hasta el año 2015- apunta a que la Comunidad de Madrid ha conseguido unos ingresos extra del 4% en el Impuesto sobre la Renta respecto a los que habría obtenido de no haber atraído a esos 6.000 contribuyentes a golpe de ventajas fiscales en el Impuesto de Patrimonio. Dado que la Comunidad de Madrid ingresa cada año en torno a 10.500 u 11.000 millones de euros por este impuesto, esa recaudación extra significaría unos 500 millones anuales, que compensan alrededor de la mitad de los recursos tributarios que pierde por la bonificación total del Impuesto de Patrimonio.
El beneficio para Madrid se mide en perjuicios para el resto de las comunidades autónomas. La investigación concluye que el ‘oasis fiscal’ madrileño ha tenido un impacto relevante sobre los ingresos fiscales del resto de las comunidades autónomas, que ha sido desigual en función de diversos factores como la cercanía geográfica o la concentración de grandes patrimonios – más inclinados a moverse a otro territorio con mejores condiciones fiscales – en su territorio. De media, el informe concluye que el resto de comunidades autónomas han perdido en torno a un 5% de su recaudación por Patrimonio y un 2,5% de su recaudación por IRPF por el traslado a la Comunidad de Madrid de algunos de sus contribuyentes con mayor poder adquisitivo.
Impacto de la competencia fiscal
Esos traslados de contribuyentes en dirección a la capital no sólo han generado una mayor concentración de la riqueza en la Comunidad de Madrid, sino también una mayor concentración del patrimonio existente en la región en manos del 1% más rico. La información obtenida de fuentes oficiales revela que mientras en la CAM la parte de la riqueza en manos del 1% más rico se incrementó con esta estrategia fiscal desde el 24% hasta cerca del 28%, en el resto de España esa indicador se situó por debajo del 20% al final del periodo de referencia. En otras palabras, mientras que en el resto de España apenas una quinta parte de la riqueza está en manos del 1% más rico, en Madrid ese relación se aproxima a una tercera parte del total.
Los investigadores encuentran también otras contraindicaciones en el desplazamiento masivo de contribuyentes de alto nivel, en tanto esos movimientos pueden ocultar traslados ficticios de la residencia fiscal. El informe asegura no haber podido acreditar este fenómeno a partir de los datos oficiales manejados, pero sí se hace eco del fuerte incremento de las inspecciones en el resto de comunidades autónomas que ha tenido lugar al compás de este fenómeno de la competencia fiscal.
“Nuestro análisis revela que la bonificación del total del Impuesto sobre el Patrimonio en una comunidad merma la recaudación y aumenta las desigualdades de patrimonio entre regiones”, aseguran los autores en una entrada publicada en el blog ‘Nada es Gratis’, en la que se inclinan a favor del establecimiento de un tipo impositivo mínimo en el impuesto para evitar lo que denominan como ‘externalidades negativas’ en relación a las anteriormente mencionadas. “Sin un cambio en esta dirección, la capacidad recaudatoria y la progresividad del IP se ven muy limitadas, ya que la aplicación del impuesto es más costosa para las agencias tributarias en las distintas comunidades autónomas”. Más leña al fuego sobre el debate.
