Planea utilizar el Real Decreto que regulará el ‘Superfondo UE’ para desactivar la ley de Montoro que obliga al Estado a absorber los entes públicos sin ingresos de mercado suficientes para sobrevivir.
El Gobierno planea utilizar el Real Decreto que regulará la aplicación de los fondos europeos en España para quitarse de encima una de las disposiciones más enojosas heredadas de los tiempos de Cristóbal Montoro, que amenaza desde hace meses con añadir a la ya sobrecargada deuda pública española 30.000 millones de euros extra procedentes de los balances de un puñado de entidades públicas empresariales dependientes del Estado. El problema en cuestión radica en el entramado constituido por la disposición adicional cuarta y los artículos 103.1 y 107.3 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que sentaron el principio de que el Estado no sostendría la operativa autónoma de ninguna entidad pública empresarial que en el curso de los tres ejercicios siguientes a la entrada en vigor de la norma no fuera capaz de obtener más del 50% de sus ingresos con su actividad de mercado, o dicho en otras palabras que no dependiera de las subvenciones recibidas del Estado para sobrevivir.
Este dispositivo regulatorio, concebido en plena ofensiva de reducción del tamaño del sector público y en un contexto de carrera desaforada para rebajar el galopante déficit público español, especificaba que si llegado el mes de octubre de 2019 había entidades públicas empresariales en las que la mayor parte de la facturación seguía dependiendo de las subvenciones públicas éstas perderían su condición de ’empresa’ y se integrarían en el perímetro del Estado con la forma de organismos autónomos.
Hace más de un año que se rebasó ese ‘deadline’, pero el Gobierno se ha resistido todos estos meses a ejecutar de forma estricta esa norma, pese a los toques de atención en ese sentido que ha trasladado la Intervención General del Estado en los informes anuales de muchas de esas entidades públicas empresariales. Fuentes gubernamentales admiten que se ha hecho de manera consciente, entre otras cosas porque hacerlo le metería en un problema presupuestario mayúsculo. La nómina de entidades que acabarían dentro del perímetro del Estado es larguísima e incluye entre otras, según estas mismas fuentes, a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), al CDTI, al IDAE, a Red.es, al Instituto Cervantes, al CSIC y, sobre todo, a la entidad gestora de las infraestructuras ferroviarias, ADIF, que en el año 2019 obtuvo más del 50% de sus ingresos de las subvenciones recibidas del sector público.
La absorción de todos esos entes por parte de la Administración del Estado le obligaría a digerir alrededor de 30.000 millones de euros de deudas – la mayor parte asociados al gestor ferroviario, que por su naturaleza recurre de manera regular el endeudamiento como mecanismo de financiación para el desarrollo de las infraestructuras – y un puñado de cientos de millones de euros en déficit público, ya que muchas de ellas están en números rojos. El Gobierno lleva meses estudiando la forma de desactivar esta ‘bomba’, pero unas veces por la situación de interinidad en la que trabajaba y después por el impacto de la Covid no terminó de encontrar el momento de hacerlo. Ahora parece haber visto la oportunidad adecuada.
Dos caminos para arreglar un problema
El borrador del Real Decreto Ley para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha circulado el Gobierno, pero que aún debe pasar por el Consejo de Ministros antes de su aprobación definitiva, introduce una veintena de modificaciones en la famosa Ley 40/2015, entre las que incluye la exoneración explícita a una serie de entidades públicas empresariales de la obligación de “financiarse mayoritariamente con ingresos de mercado” que establece su redacción original. Entre las ‘agraciadas’ figuran Salvamento Marítimo (Sasemar), que en 2019 recibió 128 millones de euros de subvención pública; el CDTI, que recibe el 90% de sus ingresos de subvenciones estatales; el IDAE, que apenas obtiene el 21% de sus ingresos de su operativa de mercado; la entidad estatal gestora de los suelos propiedad del Estado (Sepes); Red.es, que recibe el 88% de sus ingresos de recursos públicos; y, por supuesto, los administradores generales de infraestructuras ferroviarias, ADIF y ADIF-AV, que sí se sostiene mayoritariamente con ingresos de mercado.
La reforma legal planteada por el Gobierno liberará a todos esos entes de la obligación de obtener la mayor parte de sus recursos de su operativa de mercado y, no menos importante, diluirá la amenaza latente para el Gobierno de que bien el Consejo Superior de Estadística o Eurostat le instarán a cumplir con lo establecido en la norma para ofrecer una imagen veraz del balance del Estado. No está de más recordar que la Abogacía del Estado llegó a emitir una circular, cuando se acercaba la fecha límite fijada en la ley, para recordar a las entidades afectadas que “el vencimiento del plazo establecido al efecto no exime a las entidades y organismos públicos de la obligación de adaptar su régimen jurídico al contenido del referido texto legal, sino que tal obligación subsiste más allá del 2 de octubre de 2019, debiendo llevarse a cabo a la mayor brevedad posible”
El Gobierno ha obviado las advertencias de la Abogacía del Estado y de la Intervención General del Estado y en todo este periodo únicamente ha convertido en organismo autónomo, aunque sólo a efectos estadísticos, al Consorcio de Compensación de Seguros, que el pasado mes de enero pasó a integrarse como organismo autónomo en la cuenta del Estado a efectos de Contabilidad Nacional, aunque sigue operando como entidad pública empresarial a todos los efectos.
La norma que prepara el Ejecutivo dispone también una salida para las entidades a las que no ha exonerado de las obligaciones establecidas en la Ley 40/2015 con la recuperación de las agencias públicas, la figura jurídica ideada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para proporcionar mayor autonomía de gestión a determinadas organismos del Estado y que el Gobierno de Mariano Rajoy condenó en 2015 a la desaparición. El Real Decreto Ley que prepara el Gobierno rescatará la figura de las agencias públicas, en la que pueden encajar organismos como el Instituto Cervantes, el CSIF o incluso la Seguridad Social.
