Los registros del SEPE excluyen de la lista de demandantes de empleo a aquellos que buscan “trabajo con disponibilidad limitada”, a los que se encuentran en un curso de formación y a los que reciben el subsidio agrario y solo trabajan 20 jornadas anuales.
No están en las listas oficiales todos los parados que hay y precisamente los que se cuentan aparte son los que ahora más repuntan. Lo que significa que el paro real es mucho más elevado. Según la estadística del ministerio de Trabajo, a finales de noviembre había 3.851.312 desempleados registrados con un crecimiento del 18,6% (605.265) desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, los datos públicos son otros ya que los servicios del SEPE, en manos de las comunidades autónomas, han acumulado en noviembre el récord de parados que no se computan como tales en las estadísticas al haber sido excluidos: por buscar un trabajo con “disponibilidad limitada”, entre ellas el teletrabajo; por encontrarse inmersos en un curso de formación; o por recibir el denominado subsidio agrario al trabajar sólo 20 jornadas anuales.
Salen en su conjunto 641.449 parados en este limbo estadístico, un tercio más de los que había antes de la pandemia. Con estas cifras, el paro total rondaría en la actualidad los 4,5 millones trabajadores sin contar los 750.000 afectados aún por los ERTES, que se les considera demandantes de empleo ocupados con trabajo suspendido.
Desde 1985 no se han actualizados los criterios con que se mide el paro registrado y la demanda de empleo en España. Por ejemplo, hace 35 años no se considera parado al trabajador que busca un empleo para teletrabajar, es decir, cuando no existía o era testimonial esta modalidad relacionada con las tecnologías. Es ahora la demanda que más repunta a la espera de lo que suceda con la oferta empresarial.
A partir de 2004 se dividieron en tres los actuales grupos de demandantes de empleo entre: ocupados no parados (los que teniendo empleo buscan otro trabajo o un actividad en pluriempleo); los que buscan trabajo con disponibilidad limitada o “empleo especial” (parados que buscan un trabajo sólo a domicilio, teletrabajo o en el extranjero); y los denominados DENOS (demandantes de empleo no ocupados), es decir, trabajadores agrarios subsidiados, demandantes de servicios previos al empleo (cursos de formación) así como, por ejemplo, estudiantes que buscan su primer trabajo.
La preferencia por el teletrabajo
Lo que más llama la atención es que con la pandemia ha crecido exponencialmente el número de parados que buscan un empleo para teletrabajar desde su domicilio u otro lugar y que se supone que así lo hacen constar en la solicitud que presentan en los servicios de empleo de las comunidades autónomas. El miedo al puesto de trabajo presencial es la causa principal del repunte histórico de estos demandantes de empleo, que se les considera no parados, ya que en el mismo periodo de hace un año (entre febrero y noviembre) la cifra bajó en unos 8.000 (de 231.000 a 223.000).
Así, en noviembre de 2020 había 364.569 demandantes no parados con “disponibilidad limitada” frente a los 247.216 que figuraban en febrero, en el mes anterior al primer brote del coronavirus. Nunca se había llegado a esta cifra. El aumento de forma paulatina es de casi un 48% (unos 118.000 más) en nueve meses. El sector servicios es el que más demandantes especiales acumula en noviembre (239.115 frente a los 161.355 de antes de la pandemia); le sigue la Industria con 40.861 (24.449 hace nueve meses); la construcción acumula algo más de 31.000 y 20.000 la agricultura. Y curiosamente los trabajadores sin empleo anterior llegan a 33.295 frente a 26.998 en febrero.
Lo que da a entender también que las nuevas generaciones de trabajadores prefieren solicitar un empleo por teletrabajo en lugar de uno presencial, quizá porque suponen que es en esta actividad dónde se van a producir más ofertas. De todas formas, por edad sale que el 78% de quienes buscan este tipo de trabajo en condiciones “especiales” son mayores de 45 años. Andalucía es la comunidad que más demandantes en estas circunstancias (casi 81.732). Le sigue Cataluña con 58.333 y Madrid con 38.263.
Que este aumento de estos demandantes se debe a la pandemia, independientemente de las dificultades para inscribirse de forma presencial e incluso online en las oficinas públicas de empleo, lo demuestra el dato de que en los peores años de la crisis económica, es decir, en los años de la doble recesión, la cifra se situó en una media de 220.000. Es evidente que los tiempos han cambiado y que la tecnología permite el teletrabajo. Además, por primera vez se ha regulado esta actividad tras un acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal.
Por tanto, la Orden Ministerial de marzo de 1985 necesita una revisión para incluir a estos demandantes de empleo como parados en su caso, así como a otros colectivos que obviamente elevarían el número de desempleados muy por encima de los 3,8 millones actuales. Por ejemplo, es muy habitual que los servicios de empleo de las autonomías intensifiquen los cursos de formación cuando se avecinan elecciones para reducir las cifras oficiales. En todo caso, llama la atención que este repunte entre quienes hacen cursos se está produciendo cuando los cursos de formación presenciales se han parado por el virus y hay muchas dudas sobre la realización de cursos telemáticos.
Así, desde el inicio de la pandemia también ha aumentado el número de demandantes de empleo que se les considera no ocupados (DENOS), pero tampoco son parados, y por tanto, no figuran en las listas del desempleo nacional. En febrero había 238.617 y en noviembre la cifra se situó en 276.880 (un 16% más). El grueso de este colectivo son los Trabajadores Eventuales Agrarios Subsidiados (TEASS) de Andalucía y Extremadura. Se trata de unas 180.000 personas según los datos oficiales, aunque por sectores sólo aparecen 48.700 en la agricultura. El resto de los DENOS son en su mayoría parados que están haciendo cursos de formación y que según la jerga oficial demandan servicios de empleo previos al empleo.
