Casi 115.000 pensionistas españoles reciben su prestación en otros países. Un alto porcentaje elige pequeñas naciones, que son paraísos fiscales o tienen baja fiscalidad, pese al inconveniente climático.
Los destinos de sol y playa han dejado de ser el retiro ideal para un buen número de pensionistas, que eligen pequeños países europeos -con baja fiscalidad-, lluviosos y en algunos casos nevados durante meses, en los que se requiere un alto nivel adquisitivo para pasar por lo menos 183 días al año residiendo allí. Son algo más de 100.000 pensionistas los que pueden permitírselo, en un contexto precario en el que uno de cada cuatro jubilados obtiene una prestación mínima, que no llega a 700 euros.
La información que aporta el Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre las pensiones en vigor que se pagan en el extranjero -115.000- aporta algunas sorpresas. Entre los principales destinos están países como Francia (29.934), Alemania (14.483) o Argentina (4.843) a los que familias enteras emigraron en la década de los 60 y más tarde abandonaron cuando las oportunidades laborales empezaron a surgir en España. Finalmente su decisión ha sido volver para retirarse al país que les dio el primer empleo.
Pero el detalle de la tabla, que aglutina a cerca de 60 país, muestra como un destino prioritario Andorra -3.456 pensionistas y de ellos, 2.388 jubilados-, que pese a no ser considerado paraíso fiscal, tiene los impuestos más bajos de Europa, con un IRPF del 10% -frente al 45% español- y con Sociedades también en el 10%. Además no existe el Impuesto de Patrimonio ni el de Sucesiones. Andorra es el segundo país fuera de la Unión Europea con más pensionistas españoles residiendo, solo por detrás de Argentina.
Pese a que cuenta con ventajas, como la cercanía, residir en Andorra cuesta caro para un jubilado que quiere obtener una residencia no retributiva. Se deben acreditar ingresos superiores al 300% del salario mínimo andorrano, 1.083 euros; invertir 400.000 euros en activos del país y hacer un depósito de 50.000 euros -una fianza- a la Autoridad Financiera Andorrana, que es reembolsable una vez se demuestre la inversión.
Tras Andorra, uno de los países que destacan en la lista es Suiza, que desde hace unos años no es un paraíso fiscal para la Unión Europea. Casi 5.000 pensionistas residen en el país de forma permanente, recibiendo una prestación española, que en el mejor de los casos no llega a 2.800 euros brutos mensuales, con 14 pagas. Casi nula corrupción, un índice de calidad de vida entre los primeros de mundo, nieve habitual y lagos y ciudades increíbles, pero sobre todo un interesante destino fiscal para ‘ricos’ y jubilados VIP.
Pese a que la Unión Europea no tiene en su lista de paraísos fiscales a ningún país europeo, tiene bajo su lupa a Bélgica -3.698 jubilados -, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo -244-, Malta y Países Bajos -2.156- , en los que observa lagunas en la legislación que permiten una planificación fiscal agresiva hacia los inversores.
Otros destinos al alza
Portugal acoge a más de 7.000 jubilados españoles, algo que se puede justificar en buena medida por la cercanía y las sintonía entre los dos países. Pero además, el país vecino ofrece desde hace años un sistema fiscal para jubilados ‘ricos’ con pocos competidores en Europa.
En 2009, solo un año antes de que los principales indicadores lusos empezasen a dar claros síntomas de alarma, el socialista José Sócrates daba luz verde a un régimen tributario para los Residentes No Habituales (RNH), que entre otras cosas eximía a los pensionistas extranjeros que cumpliesen determinadas condiciones del pago del impuesto de la renta portugués durante un período de diez años. A principios del pasado año se modificó la ley con el objetivo de que los nuevos residentes extranjeros paguen un 10% sobre la pensión que reciben.
Estonia, Letonia, Suiza, Luxemburgo, Lituania, Suecia y República Checa también forman parte de las prioridades para el retiro de miles de jubilados españoles, pese a lo lejanos culturalmente que nos puedan parecer. Estonia, según el estudio Tax Foundation que elabora periódicamente el Instituto de Estudios Económicos (IEE), es el país de la OCDE más competitivo fiscalmente.
Su impuesto de Sociedades es del 20%, pero la clave es que la base imponible del tributo es la distribución del beneficio, de modo que todos los retornos reinvertidos en la empresa quedan exentos de tributar. Su Impuesto sobre la Renta parte un mínimo exento y, por encima de dicho umbral, aplica un tipo plano o ‘flat tax’ del 20% sobre las rentas del trabajo y del capital. Los ingresos derivados de dividendos empresariales están libres de tributar. Por último, su impuesto sobre las propiedades se aplica solo al valor del terreno. De la misma forma, los otros dos países bálticos -Letonia y Lituania-, han copiado en muchos aspectos el imán fiscal de su vecino.