El Gobierno remitirá el próximo mes de abril a Bruselas las primeras pinceladas de su estrategia para devolver las cuentas públicas a un nivel sostenible en cuanto la economía vuelva al crecimiento.
La deuda pública española se ha adentrado este pasado año 2020 en terreno ignoto. Nunca antes en la historia reciente del país – y con ‘historia reciente’ nos referimos a los últimos 125 años – hubo tantos títulos de deuda pública española pululando por los mercados, nunca antes el Estado español fue tan dependiente de la financiación de los inversores para sufragar sus políticas públicas y nunca antes el nivel de deuda pública sobre el PIB había llegado hasta el 117% . Por otra parte, nunca antes el Gobierno de España había contado con la garantía de que un organismo multinacional del poderío del BCE estuviera dispuesto – como está- a comprar todos los títulos que necesite colocar en el mercado y, como consecuencia de esto, nunca antes había salido tan barato financiarse en el mercado, hasta el punto de que en ocasiones los inversores pagan por adquirir títulos de deuda española.
El efecto de agregar todos estos factores sin precedentes es lo que explica que España transite con una deuda pública del 117% del PIB con la prima de riesgo cómodamente instalada en los 66 puntos, sin que las agencias de calificación hayan degradado siquiera un escalón la calificación de los títulos de deuda de España y sin que nadie anuncie el fin de los días. Conviene recordar que el máximo histórico de la prima de riesgo de España se alcanzó en julio de 2012 con 612 puntos y la deuda publica era entonces del…77%.
El relato del Gobierno se ha apoyado hasta la fecha en las favorables condiciones del mercado y en la contención de la cuenta presupuestaria de gastos financieros pese a la acumulación de deuda pública para relativizar el ‘problema de la deuda’, pero tanto en Moncloa como en el área económica del Gobierno no se oculta la inquietud por las consecuencias que las cifras de endeudamiento público que está alcanzando España pueden tener a medio y largo plazo sobre la consideración de España en los mercados y existe un acuerdo total respecto a la necesidad de enviar un mensaje inequívoco a los agentes sobre el compromiso del Ejecutivo para llevar estas cifras a niveles sostenibles a poco que la economía empiece a crecer.
En este sentido, el Gobierno tiene previsto aprovechar el plan nacional de inversiones y reformas que se enviará a Bruselas en torno al próximo mes de abril – después de los retrasos forzados por la dilación en la aprobación definitiva del reglamento europeo que regula las inversiones del Plan Europeo de Recuperación – para apuntar los primeros mensajes de lo que será en el futuro un plan de consolidación fiscal, que el Ejecutivo no quiere empezar a implementar hasta que la evolución de la economía no alcance una velocidad de crucero, según fuentes gubernamentales.
Fuentes próximas a Moncloa aseguran que en el Gabinete de Presidencia preocupa el sesgo pesimista sobre la evolución de la deuda pública en España que se desprende de los últimos informes de los organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional deslizó que en ausencia de un plan de ajuste fiscal “gradual pero persistente” la deuda pública en España podría irse hasta el 128% del PIB o, en el peor de los casos, hasta el 135% de aquí a 2025; el BCE etiquetó a España como el país del euro donde más subiría el endeudamiento como consecuencia de la pandemia; y la propia Comisión Europea manifestó de forma explícita su desconfianza en que España sea capaz de reducir su déficit público de forma significativa en los próximos años hasta el punto de prever un desequilibrio del 9% en 2022.
El Gobierno quiere, por una parte, romper esa espiral de pesimismo, algo que ya empezó a hacer este mismo miércoles subrayando que ese 117,1% en que ha acabado la deuda pública en 2020 está 1,7 puntos por debajo de lo previsto en su día por el Gobierno y que mejora “las previsiones de todos los organismos nacionales e internacionales”. Y, por otra, ofrecer un horizonte cierto a los actores económicos sobre el compromiso del Gobierno de España con la reducción del déficit y la sostenibilidad de la deuda pública, que garantice que se van a poner esas magnitudes bajo control a corto plazo. Las fuentes consultadas señalan que la idea a estas alturas no es tanto poner sobre la mesa medidas concretas, “aunque alguna habrá”, como mostrar una senda que se pueda calificar como de consolidación fiscal.
Responsabilidad en el gasto
En el ánimo de los organismos internacionales parecen haber pesado más las medidas de incremento estructural del gasto corriente adoptadas por el Ejecutivo en los últimos tiempos, como la muy criticada subida de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios para 2021, que la contención en los gastos asociados a la pandemia, que como varios informes se han encargado de subrayar sitúan a España a la cola del esfuerzo fiscal en la respuesta contra la Covid. Desde la Vicepresidencia de Asuntos Económicos se recalca que desde el primer momento el objetivo de la gestión gubernamental ha sido responder a los desafíos que planteaba la crisis desde una perspectiva de responsabilidad en el gasto.
Fuentes del área económica admiten que la respuesta del Gobierno a la pandemia se ha desarrollado con un ojo puesto en las necesidades de gasto público afloradas por la crisis y con otro en la evolución de la deuda pública, de lo que puedan dar fe los empresarios de la hostelería o del sector turístico que a día de hoy continúan esperando un programa de ayudas directas que compense en parte el agujero que les ha abierto la pandemia en sus cuentas.
El análisis de los organismos internacionales, sin embargo, no incide tanto en el hoy como en las expectativas sobre el mañana. En sus informes no han afeado el impacto presupuestario de las medidas del escudo social o económico, ni siquiera el Ingreso Mínimo Vital, sino las medidas no estrictamente relacionadas con la crisis que han aumentado el componente estructural del gasto, y también han descontado el impacto futuro que puede tener sobre las cuentas públicas la destrucción de una parte importante del tejido empresarial asociado a los sectores más golpeados por la crisis, que se corresponden además con los que proporcionan más empleo…
“La deuda pública sí es un problema”
“Fue una locura lo de aumentar el gasto estructural mientras se contenían los gastos coyunturales necesarios para apoyar el tejido productivo, y más en un país en que el 97% de las empresas son pymes o autónomos. Eso pasa factura”, lamenta Antonio Pedraza, presidente de la Comisión de Finanzas del Consejo General de Economistas. “Ahora, el Gobierno va a tener que incurrir en una serie de gastos que no tiene presupuestados para apoyar al tejido productivo y probablemente le van a surgir problemas de morosidad por las líneas de avales del ICO, si ese escenario se agrava el nivel de deuda podría irse hasta el 130% del PIB“.
“No hablamos de un problema menor”, analiza Javier Ferri, doctor en Economía por la Universidad de Valencia e investigador de Fedea. “Tarde o temprano el BCE dejará de comprar deuda y las actuales condiciones financieras se acabarán, y no se debe olvidar que hay un límite en el que los agentes económicos y los inversores empiezan a desconfiar de los países que no tienen magnitudes como el déficit o la deuda bajo control“. Un límite, explica, que no es sólo cuantitativo, sino que tiene que ver también con el sesgo que los actores económicos observan en las políticas económicas de los países.
Para Ferri es fundamental que el Gobierno de España ponga sobre la mesa lo antes posible un plan creíble y con consenso político suficiente que incluya reformas estructurales, un plan de consolidación fiscal a medio plazo “que garantice que España va a reducir su nivel de déficit estructural en cuanto alcance su crecimiento potencial”, y un desempeño eficaz de las inversiones con fondos europeos. “Ese nivel de deuda hay que enjugarlo como sea y esto básicamente pasa por que la economía crezca”.
“La duda es si el Gobierno está dispuesto a tomar las medidas que son necesarias para reducir el déficit y el endeudamiento”, asegura María Jesús Fernández, economista senior de Funcas. “Es verdad que estamos en un contexto financiero favorable, pero lo es también que en esta crisis el déficit estructural de España ha aumentado dos puntos del 3% al 5% y el endeudamiento ha evolucionado en una senda creciente de insostenibilidad y estas situaciones los mercados las ven y las penalizan“.
