La media de pago de facturas en el sector privado y público se situó en 77 días en 2020, muy por encima de los 60 y 30 días que marca la ley.
La crisis que arrancó en marzo de 2020 con la irrupción del coronavirus ha dejado en mínimos los ingresos de empresas y administraciones públicas. Y la manera más fácil que han encontrado para financiarse es ampliar los plazos de pagos a proveedores, tal y como ha denunciado esta mañana Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que representa a 1,5 millones de pymes y autónomos.
El balance de 2020 refleja que las empresas pagaron a sus proveedores a una media de 77 días, el peor nivel desde 2017, con un retraso de 17 días respecto al máximo que marca la ley (60 días). Y en este punto, las grandes empresas se llevan la peor nota, puesto que la encuesta realizada a 800 compañías refleja que el 45% de esas compañías abonan sus facturas a un plazo superior a 90 días. “No solo las grandes empresas, sino que la asfixia que están sufriendo pequeñas y medianas les ha llevado a pagar fuera de plazo”. Cañete ha recalcado que sería imprescindible la aprobación de un régimen sancionador para que todas las facturas impagadas (solo las del mercado continuo suman 56.000 millones de euros) fueran pagadas bajo pena de una multa por impago.
Unas sanciones que también deberían aplicarse al sector público, en el que el comportamiento de pago también ha empeorado, situándose en 77 días, lo que supone el peor dato desde 2014 y un retraso medio de 47 días. “Es inexplicable que ahora que las empresas necesitan más liquidez que nunca, las administraciones pagan más tarde cuando adeudan 8.000 millones, de los que 5.000 millones corresponden a las autonomías, 2.000 a los ayuntamientos y 1.000 al Estado central”. Por ello instó, al igual que se hizo con el plan de pago a proveedores en 2012, a que el Gobierno apruebe un decreto que obligue al conjunto de las administraciones públicas a abonar sus facturas impagadas.
Cañete advirtió que es crítico evitar la ruptura en la cadena de pago para salvar al tejido empresarial. “El 40% puede cerrar por culpa de la morosidad”. Una advertencia confirmada con el dato obtenido en la encuesta respecto a impagos. “Una cosa es que te paguen tarde y otra que no te paguen. El ratio de impagados se ha situado en el 5,4% de las facturas, retrocediendo a niveles de 2014. Ese nivel de impagos es la antesala del cierre de miles de empresas, ya que es el doble del nivel que recomienda Europa”.
