Las entidades financieras reclaman al Gobierno algún tipo de incentivo o cobertura fiscal para compensar los riesgos que asumirían por aligerar la deuda o proporcionar financiación a empresas en problemas.
“Los bancos ahora no son el problema, sino parte de la solución”. La gran crisis financiera de hace una década imprimió en los inversores el reflejo condicionado de volver la vista hacia la banca a poco que se empiezan a torcer las cosas en la economía española, pero la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya dejó claro en su intervención en el reciente ‘Spain Investors Day’ que en esta ocasión el sector financiero no va a tener que ser rescatado, sino que más bien está llamado a contribuir al rescate de la parte del tejido productivo más afectada por la crisis pandémica.
Gobierno, entidades financieras y Banco de España negocian desde hace días el esquema más adecuado para salir al rescate de las empresas que eran solventes antes de la irrupción de la Covid-19 pero a las que el azote de la crisis pandémica ha dejado en una situación que puede empujarlas a desaparecer si no reciben el auxilio de los poderes públicos. La negociación gira en torno a la reconfiguración de las líneas de avales del ICO para convertirlas en una herramienta de reestructuración empresarial a través de quitas, refinanciaciones, préstamos participativos y también algún esquema de ayudas directas a determinadas empresas, y las entidades financieras ya han comenzado a poner sus condiciones para entrar en este plan gubernamental de rescate a empresas.
El Gobierno ha trasladado a las entidades que espera que tengan un papel proactivo en este esquema, asumiendo los eventuales deterioros cuando haya quitas, disponiendo soluciones financieras a las empresas que se seleccionen como viables e incluso tomando parte en operaciones que transformen lo que hoy son deudas financieras en participaciones en el capital. La banca no lo rechaza, pero ha puesto sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno habilite una suerte de ‘escudo fiscal’ que proteja al menos parcialmente sus balances de los riesgos que van a asumir por tomar parte en este tipo de operaciones, según han asegurado distintas fuentes financieras.
Las coberturas planteadas afectan a varios planos de actuación diferentes, están en fase de negociación y según se insiste desde estas mismas fuentes todavía no se ha adoptado ninguna decisión sobre el asunto. El sector financiero ha planteado como mascarón de proa de su planteamiento que cualquier nueva financiación que se aporte desde la banca, ya sea sobre la base de los préstamos ya concedidos a través de la línea de avales del ICO o sobre una eventual nueva línea de financiación orientada de forma específica a operaciones de reestructuración financiera, tenga una garantía del Estado al menos similar a la ya prevista para las operaciones de apoyo a la liquidez.
Un blindaje fiscal ante posibles deterioros
Desde el sector financiero también se ha planteado la posibilidad de habilitar algún esquema de protección de activos (EPA), similar al que se dispuso para las operaciones de concentración bancaria que se realizaron tras la crisis financiera para que las grandes entidades privadas se hicieran cargo de la estructura de las antiguas cajas de ahorro, para el caso de que el esquema que plantee el Gobierno contemple la posible toma de participaciones por parte de entidades financieras en empresas mediante la conversión de créditos en préstamos participativos o directamente en participaciones en el capital. Una opción, subrayan de nuevo las fuentes consultadas, que es una de las alternativas que se barajan, pero cuya regulación no está decidida. Estos EPA – respaldados con fondos públicos – permitirían a los bancos cubrirse de una parte del deterioro que pueden experimentar los activos adquiridos en caso de que la operación de rescate no sea exitosa y tanto desde el sector como desde el ala política se observan como una opción adecuada en el caso de que se instara la participación de la banca en la estabilización del capital de algunas de esas empresas.
Fuentes del sector financiero recuerdan que implicarse en este tipo de operaciones tiene un riesgo extra para las entidades, ya que corren el riesgo de verse arrastradas hacia un futuro procedimiento concursal que no solo puede complicar la recuperación de la inversión efectuada o de la financiación prestada, sino que les consume capital por la necesidad de dotar las provisiones que establece la normativa.
Desde el sector también se ha sugerido al Gobierno la oportunidad de establecer alguna clase de incentivo fiscal para hacer más atractivas para el capital privado las operaciones de estabilización financiera de las empresas – no solo para las entidades financieras – y también para ayudar a salir de la crisis a las sociedades en problemas, como fórmula para estimular la participación de inversores en estas operaciones e incrementar las posibilidades de éxito de las mismas . No hay referencias sobre si se han planteado medidas concretas en este sentido, pero varios expertos en fiscalidad empresarial consultados por este medio aseguran que el menú de medidas que se pueden adoptar en este sentido es muy amplio.
El grupo de expertos reunido por la Xunta de Galicia para plantear medidas que coadyuvaran a la recuperación económica planteó por ejemplo realizar una serie de ajustes en el Impuesto de Sociedades para suspender temporalmente las limitaciones a la desgravación de gastos financieros, ampliar la reducción a la reserva de capitalización para estimular la capitalización de las empresas o introducir ventajas fiscales a la concentración de empresas o a la adquisición de participaciones en sociedades afectadas de forma directa por la Covid.
Desde el ámbito de la asesoría fiscal más especializado en procesos de reestructuración se apunta también a la corrección de la regulación actual, que fiscalmente favorece más las quitas que la transformación de deudas financieras en participaciones en el capital y que según las fuentes consultadas “actúa como desincentivo para las entidades financieras, que se inclinan por otros esquemas con un menor coste fiscal”.
“Hay que primar la estabilidad financiera”
En el sector financiero se barajan varias opciones para apoyar al Gobierno con estas ayudas directas. Más allá de las refinanciaciones del ICO que llevan meses sobre la mesa y que previsiblemente se cerrarán en las próximas semanas, la banca reconoce que hay empresas que necesitarán el apoyo directo evitando un sobreendeudamiento que pueda lastrar su desempeño futuro. Esta idea, que lleva meses defendiendo el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, es el eje central de los debates entre la vicepresidencia económica y el sector, pues la banca está dispuesta a poner de su parte para ayudar al tejido productivo que sea viable aun cuando esto suponga mayores provisiones durante este ejercicio.
Fuentes financieras subrayan que desde el comienzo de la crisis han sido “parte de la solución”, ayudando con los más de 100.000 millones de créditos ICO y canalizando estas ayudas en forma de liquidez para que llegasen a pymes y autónomos y no solo a las grandes empresas. “España fue de los mejores de Europa y así lo ha reconocido el BCE”, destacan desde una de las entidades financieras del Ibex. Por ello, ahora se busca el equilibrio entre continuar con las ayudas y mantener un sistema financiero fuerte. “Hay que primar la estabilidad financiera”, recuerdan desde otro banco.
Cabe recordar que en 2020 se pusieron en el mercado 116.000 millones de euros a través de las líneas de liquidez ICO, por lo que desde las entidades recuerdan que será crucial estudiar pormenorizadamente cuáles son las empresas que realmente no van a poder hacer frente al pago de los créditos, pero sí son viables. “Esas será a las que habrá que ayudar”, admiten. “No se va a poder llegar a todo. Vamos a intentar que con un equilibrio óptimo se pueda ayudar a aquellas compañías que de verdad lo merezcan, tengan el tamaño que tengan”, señalan.
