Los registros del SEPE recogen un repunte del 52% en el colectivo de demandantes de empleo que llevan más de un año en esa situación. Afecta sobre todo a los mayores de 55 años, que ven peligrar su pensión.
La crisis económica provocada por la emergencia sanitaria está teniendo un fuerte impacto sobre el paro de larga duración y es que encontrar un empleo se ha convertido en misión imposible en plena pandemia, especialmente para los que acumulan más tiempo en situación de desempleo. A las dificultades habituales para incorporarse al mercado laboral tras más de un año en paro se han sumado las restricciones a la movilidad para contener la propagación del virus y, en consecuencia, la delicada situación en la que ha quedado el tejido empresarial después de casi un año sobreviviendo con la demanda bajo mínimos. El resultado es un mercado incapaz de absorber toda la fuerza laboral disponible y un colectivo, el de los demandantes de empleo durante más de 12 meses, que corre el riesgo de ser definitivamente expulsado, con lo que ello implica para sus futuras pensiones de jubilación.
Los registros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), analizados por La Información, recogen un repunte de nada menos que el 52% en el colectivo de demandantes de empleo parados que acumulan más de un año en esa situación. En concreto, en datos contantes y sonantes, entre enero de 2020 y enero de 2021, pandemia mediante, se han sumado a este grupo 640.985 personas. Así, se ha pasado de algo más de 1,23 millones de parados de larga duración a casi 1,9 millones (1.878.207, exactamente). Esto significa que en estos momentos prácticamente la mitad (el 47%) del total de desempleados que hay en España, que son 3.964.353, llevan más de un año buscando un trabajo sin éxito, cuando un año antes la proporción sobre el total de parados era del 38%, nueve puntos por debajo.
Para encontrar niveles similares de desempleo de larga duración hay que remontarse a los peores años de la crisis financiera que provocó la quiebra de Lehman Brothers, hace una década. Se trata, no obstante, de un clásico en épocas de recesión, cuando queda en evidencia que los que se han quedado más rezagados son los que se enfrentan a mayores dificultades para reincorporarse al mercado laboral. La situación es más grave aún si cabe porque el colectivo más afectado por la cronificación del paro es el de los mayores de 50 años. Según los datos del SEPE, cerca de 943.000 personas del total de parados de larga duración tienen más de 50 años y más de 661.000 están en edades superiores a los 55. Hay un dato demoledor: 232.576 superan los 59 años y llevan más de dos años en desempleo.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) se ha venido fijando en este fenómeno en sus últimos informes de análisis sobre la coyuntura económica en la pandemia, constatando que el paro de larga duración comenzó a crecer a mayor ritmo que el desempleo total desde mayo de 2020 y la tendencia se vio acelerada a partir de mediados de verano, con la llegada de la segunda ola de contagios. De este modo, mientras el paro entre las personas que iniciaron su demanda de empleo durante la crisis sanitaria se ha ido reduciendo paulatinamente, al mismo tiempo ha ido aumentando el colectivo de personas que registraron su demanda antes del estallido de la pandemia. Los investigadores de Fedea ya advirtieron a finales del año pasado de que la tendencia sería ascendente en los meses venideros.
En este sentido, en su último informe apuntan que “los datos del paro registrado en enero de 2021 muestran una aceleración de este fenómeno, con un aumento de cerca de 125.000 demandantes parados cuya duración de la demanda era superior al año, el doble que los aumentos mensuales registrados en los meses de septiembre a diciembre y 11 veces el aumento registrado en enero de 2020”. Los investigadores también matizan algunas diferencias con los datos de la Encuesta de Población Activa, que a cierre de 2020 contabilizaba 1,4 millones de parados de larga duración, y explican que la EPA no considera como desempleados a los desanimados ni a quien desea trabajar, pero no busca empleo activamente, de modo que, incluyendo a estas personas en los activos potenciales, el número de personas que deseen trabajar, estén disponibles y hayan dejado su último empleo hace más de un año alcanza los 1,82 millones, cifra semejante a la que consta en el SEPE.
6,8 millones de ‘parados’
Fedea realiza en su análisis un ejercicio interesante, que consiste en aplicar la metodología estadounidense para calcular una hipotética tasa de paro real con base en la infrautilización del trabajo. Si al desempleo estándar se le añaden las personas que no han buscado empleo activamente por causas económicas (desanimados y trabajadores en ERTE no considerados como empleados), el resto de personas consideradas inactivas, menores de 74 años, que desean trabajar y están disponibles, las personas subempleadas o trabajadores a tiempo parcial que no han encontrado un empleo a tiempo completo y no están pluriempleados, las personas en ERTE o paro técnico, reducciones de jornada y suspensiones de contratos, el resultado es una tasa de paro del 28,4%. En el año de la Covid se ha pasado de tener a 5,3 millones de personas en situación de infrautilización laboral a 6,8 millones.
La cifra que estiman los investigadores con base en estos cálculos es considerablemente más elevada que el dato oficial de desempleados que ofrece el SEPE, que roza los 4 millones, donde casi la mitad son parados de larga duración. Para paliar la situación de este colectivo especialmente vulnerable el Ministerio de Trabajo está ultimando un paquete de políticas activas de empleo donde se recogen incentivos a la contratación indefinida con especial atención a los mayores de 45 años y a los parados de larga duración. También será clave la reforma de las pensiones, en la que el departamento de Seguridad Social plantea elevar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, revisando el procedimiento de integración de lagunas de cotización para favorecer a quienes hayan visto perjudicada su carrera laboral en algún momento de sus años en activo.
Pero todo ello tendrá que ir acompañado de un plan de rescate con ayudas directas para las empresas, de modo que puedan mejorar su situación de solvencia y absorber parte de esa fuerza laboral disponible. El Gobierno está ultimando el diseño de este paquete de ayudas, presionado tanto desde dentro del Consejo de Ministros como por el FMI o el Banco de España. Fedea se ha sumado a estas presiones, reclamando en su último informe no solo ayudas directas para cubrir costes fijos parcialmente recuperables, como créditos participativos o deuda tributaria de carácter contingente, sino también que se faciliten los ajustes de plantilla, eliminando la prohibición de despedir y reduciendo las penalizaciones por el incumplimiento del mantenimiento del empleo en los seis meses posteriores al ERTE.
