Piden que España trasponga de inmediato la directiva europea.
El próximo 17 de junio se cumple el plazo para trasponer la directiva europea sobre reestructuración e insolvencia, que incluye mecanismos para salvar a empresas aún viables. En España, los Ministerios de Justicia y Asuntos Económicos se están encargando de realizar dicha trasposición, que “es muy, muy urgente”, según afirma el presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), Juan Carlos Robles.
La urgencia viene marcada por una situación económica que “va a provocar una avalancha tremenda de insolvencias a partir del 14 de marzo, cuando se acabe la moratoria que prohíbe presentar concurso a los acreedores”, explica Robles. Y matiza que, aunque se prorrogue, “tampoco se va a frenar”, ya que la moratoria prohíbe a terceros solicitar concurso, no a los propios empresarios.
Lo que el Refor pide es que se apruebe lo antes posible una norma que contenga dos instrumentos, a su juicio imprescindibles: la alerta temprana y la profesionalización del sistema de refinanciación. La alerta supone que, por ley, se detecten los riesgos de insolvencia. Para ello, se propone un mecanismo, que el Refor ha diseñado ya, para medir entre otras cosas los parámetros de riesgo y para verificar las cuentas. Esto último es muy importante para las micropymes, que no están obligadas a auditar sus cuentas.
Con la alerta temprana “se da una oportunidad al empresario para tomar las decisiones oportunas y así evitar que una empresa todavía viable deje de serlo”, afirma Juan Carlos Robles.
La intervención de un profesional financiero, bien un auditor, un economista o un contable por ejemplo, en el proceso concursal es también fundamental para los economistas. Esta figura, la de experto independiente, ya existe en el ordenamiento, pero no se utiliza nunca. “Ahora, el empresario afectado negocia solo su refinanciación, sin ayuda profesional y sin tiempo”, aclara Robles.
Los economistas consideran también necesario que se fije la obligatoriedad de que toda la tramitación del expediente sea telemática. El presidente del Refor explica que “los Juzgados de lo Mercantil son pocos y en nada se van a colapsar, además de que los procesos son muy lentos”.
Para los economistas forenses es importante, asimismo, potenciar los acuerdos extrajudiciales de pagos o los acuerdos de refinanciación si hay una preinsolvencia, con objeto de reducir la tasa de liquidación de empresas en concurso al 65-70%, que es la media de la Unión Europea. En España, esta tasa es desde hace años del 90%.
Otra de las propuestas urgentes es incluir en la norma en preparación un mecanismo llamado “Pre-pack”. Consiste en que un profesional financiero analice, antes de llegar al concurso, la posible venta a terceros de todo lo que se pueda enajenar en la empresa. De esta manera, se evita llegar a una liquidación “con la que ya no hay nada que vender o lo que se vende es a precio de saldo”, situación que menudea entre las empresas en riesgo, según Robles. Las ventas pueden ser en un paquete o en varios.
Este procedimiento lo han llevado a cabo ya en algunos juzgados de Barcelona, pero lo que los economistas quieren es que se incluya en el ordenamiento jurídico.
Pymes y autónomos
A pesar de que el tejido empresarial español está formado en más del 97% por pequeñas y medianas empresas (el 86% de las compañías cuentan con menos de 10 trabajadores) y por 3,2 millones de autónomos, estos segmentos no gozan de mecanismos de protección sobre su solvencia. El Refor propone una mediación concursal, sobre todo dirigida a este tipo de empresas, que consiste “en legislar de forma clara el mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho para personas físicas en situación de insolvencia, accesible tanto para empresarios como para consumidores”. Dicho mecanismo sería de oficio y su plazo de obtención de un año. No tendría limitación por clase de acreedores, lo que incluye a Hacienda y a la Seguridad Social, y tampoco tendría limitaciones en cuanto a la satisfacción mínima de deudas sin garantía real. Hay que tener en cuenta que el texto refundido que se aprobó en mayo pasado para reformar en parte la Ley Concursal de 2003 impide a las personas físicas exonerarse de los créditos públicos.
Al igual que se ha hecho ya en otros países, se propone también la creación de procedimientos especiales para micropymes y pequeñas empresas.
Limitar el tiempo de ejecución del plan de liquidación aprobado (seis meses en procedimiento abreviado y nueve meses en ordinario) e impulsar la mediación civil y mercantil, con el establecimiento de tipologías concretas de conflictos en los que se exija obligatoriamente el paso previo por la mediación, son otras proposiciones que los economistas piden al Gobierno tener en cuenta en la norma que se está preparando.
Subida de deudores en el cuarto trimestre
El número de deudores concursados en el cuarto trimestre de 2020 aumentó un 5,8% respecto al mismo periodo de 2019, de acuerdo con los datos publicados por el INE. A pesar de esta subida, el ejercicio se cerró con un 12,1% menos de deudores concursados que el año anterior. En empresas la caída fue del 14% con descenso en todos los sectores salvo hostelería, donde sube un 35,6%. Desde el Refor advierten que este descenso “es artificial”, resultado de la moratoria concursal. El cuarto trimestre indica “un cambio de rumbo”.
En los principales países europeos, la tendencia ha sido la misma que en España y durante 2020 también cayeron los concursos, como se refleja en el gráfico adjunto. La explicación que dan los economistas es que “estos descensos pueden deberse también a moratorias y ayudas concedidas para paliar los efectos económicos del Covid”.
Por su parte, los pagos del Fogasa disminuyeron un 8,4% en 2020. La ratio comparativa entre concursos de acreedores y los pagos de este organismo (1,34) ha bajado un 6,6% respecto a 2019. Supone que un mayor número de insolventes acudió al Fogasa y no al concurso para resolver su situación.
