Desde que la crisis del coronavirus comenzó a dar sus primeros coletazos en el mes de marzo, el sector de la hostelería ha vivido una situación agónica por el cerrojazo de los negocios y el hundimiento de la facturación.
Un escenario que obligó a miles de hosteleros a presentar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor para toda su plantilla, pero aseguran que esta herramienta se ha convertido ahora en una condena por la prohibición de despedir durante seis meses. Una de las líneas rojas que se ha negado a eliminar la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Según han explicado fuentes conocedoras de la situación, miles de hosteleros decidieron sacar del ERTE a todos sus trabajadores en el mes de mayo por la relajación de las medidas restrictivas ante el fin de la primera ola de la pandemia con el objetivo de poder tomar el control de su plantilla antes de 2021 para realizar ajustes de personal y adaptar el número de empleados a la actividad del negocio.
«Es inconcebible que los empresarios no tengan el control de sus plantillas y no puedan realizar ajustes de plantilla a pesar de los efectos que han tenido las medidas restrictivas de los distintos gobiernos en la actividad de los negocios de la hostelería. Los hosteleros no pueden mantener al 100% de los trabajadores tras el recorte de los aforos hasta la mitad y la reducción de los horarios eliminando la facturación de las cenas», explican.
Una situación que llevó a miles de hosteleros a desactivar al 100% el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor en el quinto mes del año para realizar un ajuste de personal a partir del 1 de diciembre, tras el cumplimiento de los seis meses de protección del empleo impuestos por el ministerio de Trabajo y Economía Social, que dirige Yolanda Díaz.
«El Gobierno de Pedro Sánchez se está refugiando un escenario irreal. Claro que va a haber despidos, de hecho hasta un 30% de los trabajadores que están en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) pasaran a formar parte de un expediente de regulación de empleo (ERE) en los próximos meses», explican fuentes conocedoras de la situación a este diario. Además, puntualizan que «hay empresas que no aguantan ni un mes más, ¿cómo van a esperar seis?».
Protección del empleo
En concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) explica en el artículo 6 del real decreto-ley 24/2020 que «para las empresas que se beneficien por primera vez de las medidas extraordinarias previstas en materia de cotizaciones a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el plazo de 6 meses del compromiso de salvaguarda del empleo empezará a computarse desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley».
Una tendencia que comenzó en mayo y que se refleja en los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A finales del mes de mayo, un total de 2.998.970 trabajadores estaban protegidos por una situación de suspensión total o parcial por la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). De ellos, 2.616.553 se encontraban en situación por fuerza mayor derivada de los efectos de la crisis del coronavirus.
«Desde el inicio de mayo, han salido 1,56 millones de afiliados. En el último mes, un total de 1,17 millones de trabajadores han abandonado esta situación. De estos, 1,059 millones de trabajadores han abandonado en junio la situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor», explican fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una cifra mucho más elevada en comparación con los meses precedentes por el miedo a que la salvaguarda del empleo llevase a la quiebra el negocio.
Las empresas desoyen a Yolanda Díaz
La dificultad que viven las empresas para mantener el empleo en un contexto de caída de ventas y aumento del ahorro llevará a los empresarios a saltarse la norma del Gobierno de Pedro Sánchez que prohíbe despedir a los trabajadores durante los seis meses posteriores a la activación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). «¿Cómo van a aguantar los restaurantes y bares con las mismas plantillas con un hundimiento de su facturación de 50%? Esto es insostenible», puntualizan.
No obstante, la ministra de Trabajo y Economía Social lo tiene claro y asegura que el Gobierno mantendrá el actual esquema de protección a empresas y trabajadores, con algunos cambios para agilizar su gestión, pero sin eliminar la prohibición de despedir en plena tercera ola de la crisis del coronavirus. La podemita vuelve a establecer líneas rojas con los empresarios en plena negociación de la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) -que se prevé aprobar la próxima semana-.
