El Gobierno abordará desde este miércoles la prórroga de los ERTE desde el 31 de mayo, tras haber comportado un gasto de más del 2% del PIB.
Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han sido una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno en su llamado ‘escudo social’ para paliar los efectos de la crisis, llegando a proteger hasta 3,6 millones de trabajadores en los momentos más duros de la crisis el año pasado.
Esta protección ha comportado entre 2020 y lo transcurrido del ejercicio 2021 un gasto público de casi 30.000 millones de euros, según ha cuantificado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el pleno del Congreso para dar cuenta del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Sánchez ha sacado pecho por el paquete de medidas del “mayor escudo social” aprobado a lo largo de 2020 para paliar los efectos de la pandemia, por importe de hasta 200.000 millones de euros, el equivalente al 20% del PIB, y superior al 2% del PIB este año.
Reunión para la prórroga
En su intervención ha resaltado que se han acordado con los agentes sociales y los autónomos la prórroga de los ERTE y las prestaciones extraordinarias hasta el 31 de mayo, si bien se trabaja en una nueva prórroga del mecanismo. De hecho, tras la reunión del martes de la comisión interministerial en la que se aprobó el documento del plan, este miércoles se aborda en el marco del diálogo social junto a sindicatos y empresarios.
Así, la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, participarán en la reunión de la Mesa de Diálogo Social que aborda el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La prórroga de los ERTE ha despertado algunas diferencias iniciales de cara a la nueva prórroga, ya que mientras Díaz y los sindicatos abogan en principio por prolongar la protección, la vicepresidenta Calviño, que ya avanzó que se postergarían los ERTE todo 2021, ve necesario volver a las bonificaciones para la reinserción laboral.
Los ERTE llegaron a proteger a más de 3,6 millones de trabajadores en los peores momentos de la pandemia, y hasta finales de marzo se encontraban bajo este paragüas 743.000 beneficiarios.
El Plan de Recuperación consolida los ERTE
El Plan de Recuperación prevé la creación de un mecanismo permanente para la formación y recualificación de trabajadores en procesos de ajuste empresarial, tanto de carácter transitorio ante caídas de demanda significativas, como estructural ante procesos de reconversión sectorial que exijan la adaptación de los trabajadores o la transición hacia otro tipo de trabajos o sectores.
A este respecto, el Gobierno señala en el documento que sobre la base de la experiencia del mecanismo de ERTE, aplicado con éxito durante la crisis de la Covid-19, se trata de disponer de “un instrumento permanente de ajuste interno de las empresas, alternativo a la alta temporalidad y al desempleo”.
La meta es que actúe como amortiguador de la extremada volatilidad del mercado de trabajo español y se oriente a la formación y recualificación de los trabajadores (reskilling y upskilling), asegurando de esta manera un marco macroeconómico más estable y aumentando el capital humano y, con ello, el crecimiento potencial.
Balance del ‘escudo social’
En su balance sobre el ‘escudo social’, Sánchez ha resaltado la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), del que se han beneficiado 203.000 hogares en los que viven más de 565.000 personas; y la extensión hasta el final del Estado de alarma de la prohibición de desahucios por imagos de hipotecas y alquileres.
Hasta finales de marzo se han concedido 225.000 moratorias de deuda hipotecaria, 373.000 suspensiones de créditos no hipotecarios y más de 843.000 moratorias sectoriales de deudores no vulnerables y empresas turísticas o de transportes. Además, se han invertido 230 millones en un nuevo programa ‘Educa en digital‘, por el que se adquirirán 500.000 equipos electrónicos para alumnos vulnerables.
En cuanto a los avales del ICO, ha indicado que más de 608.000 empresas, casi el 90% pymes y autónomos, se han acogido a estas líneas hasta finales de marzo, con una movilización de más de 118.600 millones de euros. Otras 4.600 empresas han recibido avales del ICO para operaciones de inversiones, sostenimiento de la actividad, con movilización de casi 5.000 millones.
También ha apuntado que se alcanzaron los 1,5 millones de autónomos con prestación por cese de actividad y se aprobó la consideración Covid como enfermedad profesional para trabajadores sanitarios y sociosanitarios. Hasta finales de febrero se han tramitado 3,8 millones de bajas por incapacidad temporal (1,3 millones por infecciones y 2,5 millones por aislamiento).
En total, aunque Sánchez ha admitido que “siempre se puede suponer que se puede hacer más”, ha defendido que “jamás en la historia de España se había actuado con esta contundencia para aminorar una crisis que habría tenido consecuencias irreparables”. El Gobierno estima que los diferentes planes de medidas puestos en marcha han evitado en España una caída del PIB superior al 25% en 2020 y la destrucción de más de 3 millones de puestos de trabajo.
