Fosas comunes, desgraciadamente, han existido desde tiempos remotos, bien fuera por catástrofes naturales –epidemias, terremotos–, bien por catástrofes artificiales –genocidios, guerras–, bien por actuaciones sicariantes del hampa mediante desapariciones físicas forzadas.
Aún hoy día existe en la mente colectiva española la creencia –en su mayor parte con visos de realidad–, de que las fosas comunes últimas fueron las que se perpetraron durante los años treinta del siglo pasado, pero sin localizaciones exactas.
No hay que olvidar que en toda guerra civil se desatan sentimientos ocultos que terminan por enfrentar a familias enteras, divididas y cuarteadas, cuando las ideologías se hacen inaguantables, incluso entre vecinos, por un quítame allá esas pajas, por malos quereres, y con la idea preconcebida de echar la culpa sistemáticamente a terceras personas.
También en partitocracia, que no en democracia, se tiene conocimiento de la existencia de fosas comunes –terreno propio de tres chalés alquilados, por ahora–, localizadas en Mequinenza, municipio Zaragoza; en Vinaroz, municipio Castellón; en Almacellas, municipio de Lérida, que albergan más de trescientas personas desaparecidas por eliminación física, llamadas inquilinos por sus enterradores, según ‘Operación Silencio’.
Estas fosas, aunque están perimetradas, deberán ser localizadas mediante la utilización de la fotografía aérea –circunscribiendo terreno removido–, añadiendo un georadar portátil, y habrán de ser removidas para exhumar a personas que tienen nombres y apellidos, aunque en situación social desarraigada, sin vínculos familiares, quizá delincuentes, tal y como consta en los papeles manuscritos del ‘Expediente Royuela’ del que sólo, hasta el momento, ha visto la luz, 385 vídeos, un 30% de los más 2 de 36.000 documentos, que describen más de 1.136 asesinatos encargados –60% por el PSOE, un 35% por la propia familia en cuestiones de herencia, un 5% por bufetes de abogados–; que detallan más de 8.000 sentencias judiciales amañadas, prevaricación mediante; que explican más de 200 informes de extorsión a fiscales, forenses, inspectores de Hacienda, jueces, magistrados, políticos, de ambos sexos; delitos económicos, enriquecimiento ilícito, evasión de capitales de fiscales, forenses, inspectores de Hacienda, jueces, magistrados, políticos, denunciados ante la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT).
Y se detalla la carta escrita por el fiscal José María Mena Álvarez –autor material del mal llamado ‘Expediente Royuela’ sobre estas fosas, y a punto de jubilarse–, al presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero para que le amparase mediante inmunidad para sí y para su banda, pero declinó investigar.
La democracia española tiene sus fosas comunes, tal y como tuvo la Segunda Republica, pero por motivos bien distintos. Es deber del Estado español –con dinero de los contribuyentes– conseguir que todos los restos humanos desperdigados en estas tres fosas comunes descansen en un camposanto. Un luctuoso hecho tan escandaloso socialmente que debe ser investigado urgentemente por la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado, o ¿no se atreven?
