España debe mejorar la coordinación de las políticas sociales para elevar la efectividad del gasto público.
El riesgo de pobreza se asocia normalmente a los hogares cuya renta media por unidad de consumo se sitúa por debajo del 60% de la mediana general. Es decir, si se marca una línea que separe a dos grupos según su renta exactamente iguales en número, unos por encima de ese umbral y otros por debajo, calificaríamos de riesgo de pobreza a los que tienen una renta de menos del 60% del grupo. De igual manera, se denomina pobreza extrema al sector de la población cuya renta es menor que el 20% de la mediana.
¿En qué situación nos encontrábamos antes de la Covid-19? La desigualdad en España había aumentado significativamente durante la crisis financiera de 2008. La ratio 90/10, un indicador de desigualdad que mide la brecha existente entre el 10% más rico y el más pobre de la población, pasó de tener un valor de 9,65 en 2007 a 14,48 en 2014.
Después de 2014, la desigualdad siguió creciendo. Según el índice de Gini –que mide la desigualdad de los ingresos en un país– pasó de 34,7 en ese año a 33,0 en 2019, siendo la tasa de riesgo de pobreza del 20,7%. El umbral de riesgo se situaba en 9.009 euros anuales para un individuo y en 18.919 euros anuales para una familia (pareja y dos hijos).
Con estos datos, podríamos afirmar que el 9,2% de la población española (antes del Covid) estaba en situación de pobreza alta y el 2,9%, de riesgo extremo. En este sentido, el colectivo que integraba la situación más preocupante estaba formado en una cuarta parte por menores de 16 años; el resto lo completaban desempleados, trabajadores por cuenta propia y ajena y pensionistas.
La pandemia, en términos económicos, es como llover sobre mojado. Ha sido una recesión sobre una economía débil con una recuperación económica que no terminaba de florecer, con muchos hogares en riesgo de pobreza.
Según datos de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) de noviembre de 2020, se detectó que el impacto de la pandemia había sido desigual entre la población española, afectando de una manera más rotunda a actividades asociadas a las rentas más bajas.
Este hecho ha tenido dos consecuencias básicamente: la aceleración de la desigualdad entre las rentas más humildes y el resto, así como la generación de nuevas situaciones de pobreza aguda. Este centro de estudios estimó que, en torno a 280.000 personas habían perdido la totalidad de sus ingresos. Junto a ellas, había que sumar a los aproximadamente 565.000 que ya estaban en esa situación antes de la llegada del Covid-19.
¿Qué perspectivas hay? El año 2021 no será el año de la recuperación económica que aseguraban los más optimistas. El Gobierno estimaba un 7,2% de crecimiento, pero Bruselas lo ha rebajado al 5,6%, fiándolo todo a una recuperación del turismo internacional que no es tan evidente.
La actividad económica sigue limitada en todos los territorios, la campaña de vacunación es lenta y eso retrasa la vuelta a la normalidad.
Además, habrá que observar los datos de desempleo, que no computan a las personas sujetas a ERTE y es evidente que muchas empresas no lograrán sobrevivir a más de 12 meses de caída de sus negocios. Algo más de 100.000 empresas han desaparecido ya.
Más preocupante será cuando el Banco Central Europeo deje de comprar deuda pública, porque el incremento del endeudamiento estatal se sumaría a la deuda autonómica, que ya suma los 300.000 millones de euros. La consecuencia sería una subida de la prima de riesgo hasta niveles muy elevados que presionarían sobre el gasto público y provocarían una mayor presión fiscal.
Objetivos
España necesita reactivar el empleo y la actividad económica en cuanto el control de la pandemia lo permita. De la misma manera, requiere mejorar la coordinación de las políticas sociales que aumenten la efectividad del gasto público, así como de un plan de recuperación posfondos europeos. Igualmente, son prioritarios en el medio plazo la transformación energética y el tránsito hacia actividades de economía circular, tal como marca el Pacto Verde europeo.
Para alcanzar el cambio de modelo productivo se deben alinear varios factores: un plan económico que aborde la aplicación de aceleradores a la recuperación, el cambio de modelo productivo, la sostenibilidad de los paraguas sociales de protección de los ciudadanos más vulnerables; y un consenso político que de estabilidad al país.
Una cuestión es una de las grandes debilidades de la política española y del Gobierno en particular: la transformación del modelo universitario, cuya investigación se centra en la publicación de papers (artículos), en lugar de canalizar esfuerzos en materia de patentes y transferencia de conocimiento a la sociedad que mejoren el sistema productivo; y, por último, la apuesta por la mejor cualificación profesional de los jóvenes, transformando conceptualmente la formación profesional.
