El desaguisado fiscal es absoluto y, mientras la producción sigue muy por debajo de lo normal, el gasto público no para de acelerarse.
El gasto público se ha disparado en España desde que Pedro Sánchez es presidente. Si hacemos caso al último boletín de la Contabilidad Nacional, podemos comprobar que la Administración Sánchez ha pisado el acelerador del despilfarro desde su llegada al poder y ya sitúa sus desembolsos trimestrales en niveles marcadamente superiores a los de 2018, cuando el líder socialista accedió al poder mediante una moción de censura.
En la primera mitad de 2018, los datos trimestrales reflejados en la Contabilidad Nacional situaban el gasto entre los 48.400 y los 48.600 millones de euros. En cambio, a finales del ejercicio, los dos trimestres de gestión de Pedro Sánchez habían elevado esta rúbrica hasta los 49.100 y los 49.350 millones de euros.
La tónica alcista se mantiene durante todo el año 2019. Aunque el parón provocado por la repetición de las Elecciones Generales puso coto a parte de los planes del Ejecutivo, lo cierto es que el gasto fue crecimiento de trimestre en trimestre. Así, pasó de 49.700 millones entre enero y marzo a 50.800 entre abril y junio, 50.850 entre julio y septiembre y 51.800 entre octubre y diciembre.
A lo largo del año 2020, la situación sanitaria solo contribuyó a acelerar más aún el ritmo de aumento del gasto. El primer trimestre se cerró con unos gastos de 51.350 millones, que crecieron a 52.300 en el segundo trimestre. En la segunda mitad del año, la tónica se mantuvo, con 52.900 millones en el tercer trimestre y 53.900 en el cuarto. El déficit anual fue muy elevado y el de 2020 no se prevé mucho mejor.
Si nos fijamos en los datos de enero a marzo que ofrece el INE, podemos ver que se ha vuelto a producir un aumento, esta vez hasta los 54.270 millones. De modo que, en comparación con el mismo periodo del año 2018, la economía española presenta una subida del gasto público muy notable, del 12%.
Para comparar estos datos con el desempeño económico, podemos fijarnos en la cifra de PIB para el primer trimestre de los años 2018 y 2021. Si hacemos ese ejercicio, encontramos que, en el mismo periodo, la producción económica no solo no ha aumentado, sino que se ha reducido un 6%, pasando de 298.529 millones entre enero y marzo de 2018 a 279.598 millones para los mismos meses de 2021.
La España 2050 de Sánchez: los menores son «futuros contribuyentes» que deben aprender a pagar impuestos
Es tal el peso que la fiscalidad tiene en el plan de Pedro Sánchez para la España de 2050 que el documento llega a definir a los menores como «futuros contribuyentes» a los que hay que enseñar a pagar impuestos ya durante su paso por las aulas, donde se les inoculará la imprescindible «conciencia social fiscal».
La España que Sánchez imagina para 2050 estará formada por dóciles contribuyentes que habrán asimilado una de las conclusiones del plan conocido como España 2050: Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo: no habrá estado de bienestar sin una mejora de la capacidad recaudatoria, que deberá pasar de representar el 37% del PIB actual al 43% en 2050.
Para alcanzar este incremento, los expertos reclutados por Iván Redondo, el asesor presidencial que ha pilotado el ejercicio de prospectiva para envolverlo después con su habitual oropel propagandístico, proponen una «mejora de la formación e información tributaria a la ciudadanía».
El documento expone que «sería importante focalizar entre los más jóvenes (los futuros contribuyentes)» todos los esfuerzos de concienciación tributaria con el objetivo de «cambiar valores y comportamientos» de los españoles respecto a los impuestos.
Entre las medidas que se proponen para alcanzar este ciudadano nuevo, sensible a unos impuestos crecientes, una muy concreta: «La inclusión de contenidos relacionados con las funciones del sistema tributario y la conciencia social fiscal en la educación secundaria», tramo educativo que cursan los menores entre los 12 y los 16 años de edad.
¿Qué se enseñará a los alumnos? Pues que, según los expertos de Redondo, España sufre «una brecha notable entre ingresos y gastos públicos, algo que limita la capacidad redistributiva del estado de bienestar» y que sólo puede ser corregida incrementando los impuestos, pues nada se dice en el documento de que el recorte del gasto pueda ser una opción.
Por tanto, el plan establece que «de que aquí a 2030, habrá que ampliar las bases de los impuestos, principal causa de la baja capacidad recaudatoria del sistema fiscal». Entre otras cosas para poder financiar la sorpresa que el plan de Sánchez reserva para los jóvenes: la denominada «herencia pública universal», una dotación económica que recibirían alcanzada cierta edad y que podría destinarse a adquirir la primera vivienda, crear un negocio o completar la formación.
Cuando menores y jóvenes se hayan convertido en contribuyentes, la España 2050 de Sánchez les esperará con las correspondientes políticas de persecución, ya que el Estado habrá reforzado sus recursos dedicados a la inspección tributaria. Los expertos de Moncloa consideran necesario incorporar más funcionarios a estas tareas, que el documento define como «intervenciones conductuales» que permitirán alcanzar el objetivo de aumentar «la moral y el cumplimiento fiscal».
Según el índice de eficiencia de la Agencia Tributaria, por cada euro invertido en la agencia en 2018, se recaudaron más de 11 euros en la lucha contra el fraude. Sin embargo, los expertos del Gobierno afirman que «en relación con la media de la UE-27, España tiene una proporción menor de empleados que se dedican a funciones de inspección y comprobación».
Moncloa perfila una subida de IRPF a los ahorradores y los propietarios de casas
Resulta que el plan diseñado por Moncloa para marcar la hoja de ruta de las políticas de este Gobierno y de los que vendrán de aquí a 2050 reservaba una sorpresa, en forma de ‘aperitivo reformista’, para la primera etapa de ese camino, a la altura de 2030. No sorprende que esa estación intermedia tenga que ver con los impuestos y, concretamente, con la voluntad del Gobierno de subirlos. “La España que queremos para 2050”, como la definió plural mayestático en ristre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancará antes de 2030 con una revolución fiscal que avanzará en la dirección de esa mayor justicia tributaria que ansía el Gobierno, impulsará la mejora de la recaudación y subirá la presión fiscal en el Impuesto sobre la Renta sobre dos colectivos bien definidos: los beneficiarios de rentas del ahorro y los rentistas inmobiliarios.
La sección fiscal del grupo de 100 expertos reunido por la Oficina de Prospección y Estrategia de Iván Redondo ha llegado a la conclusión de que pese a que la recaudación que se obtiene en España por el Impuesto sobre la Renta es asimilable a la media europea – al contrario de lo que el Ejecutivo asegura que sucede con el conjunto del sistema fiscal – su contribución a la redistribución de la riqueza es menos significativa que otros países y que ello es así porque la organización interna del impuesto ampara un puñado de situaciones que benefician principalmente a las clases medias y a las rentas más altas frente a los contribuyentes con rentas más bajas. El informe de Moncloa sostiene esta afirmación a partir de una estimación de elaboración propia que concluye que la carga fiscal que soporta el 10% de población con mayores recursos es superior a la que soportan las clases medias…
El informe ve espacios de mejora para aumentar la progresividad del IRPF, el termómetro que marca el grado de progresividad de cualquier sistema fiscal, y plantea soluciones. Una de ellas es “eliminar los incentivos fiscales a favor de la inversión en activos relacionados con el patrimonio inmobiliario”, para lo que el plan propone revisar los beneficios fiscales sobre los rendimientos de viviendas alquiladas – lo que curiosamente va en dirección contraria al planteamiento que el Gobierno acaba de poner encima de la mesa en el marco de la futura Ley de Vivienda para favorecer la rebaja de precios del alquiler – y elevar el porcentaje de imputación de renta sobre las viviendas a disposición de los usuarios, que en la actual normativa del IRPF está entre un 1% y un 2% del valor catastral de la vivienda. Este último es un dispositivo fiscal que imputa una renta virtual a los titulares de viviendas no afectas a una actividad económica – viviendas vacías – por la titularidad de un derecho real de disfrute sobre las mismas.
