En España, ocurre algo similar. Todos pedimos langosta. Por eso, esta narrativa es utilizada por el profesor del IESE, Javier Díaz Giménez, en sus clases para explicar las ineficiencias económicas que padece un país diseñado desde la lógica del sector público, pero que tiene que ser costeado por empresarios y trabajadores del sector privado.

Este debate, que estuvo muy vivo en la anterior crisis, vuelve a estar sobre la mesa por las subidas de impuestos que anuncia el Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La impopularidad de estas medidas es tal que la propia ministra de Hacienda ha dicho que no se aplicarán hasta 2022 o 2023 (cuando pase la crisis… y las elecciones).

No tener que acometer un ‘hachazo fiscal’ para financiar el gasto del Estado y la deuda de la pandemia depende, sobre todo, del Banco Central Europeo (BCE) y la continuidad de las compras de bonos soberanos con las que está sosteniendo nuestro Estado de bienestar.

Pero parece claro que tarde o temprano habrá que equilibrar las cuentas públicas. Junto a la subida de impuestos anunciada, hay dos alternativas para abordar ese ajuste. La primera vía se abordó en este espacio el pasado fin de semana: conseguir recaudar 38.000 millones de euros procedentes de la economía sumergida. La segunda, reducir el gasto público y mejorar la eficiencia de la Administración.

¿Cómo? Un punto clave -y muy polémico- es el de la diferencia en salarios y productividad que existe entre los trabajadores del sector privado y los del público. Con el añadido de que a los funcionarios se les ha subido el sueldo el pasado año, en plena pandemia.

Según el decil (técnica estadística) de salarios del empleo principal de la EPA que elabora el INE (Instituto Nacional de Estadística), el salario medio bruto en el sector público alcanzó los 2.760,9 euros en 2019, mientras que en el sector privado se situó en 1.786,9 euros. Así, un trabajador en una empresa privada gana un 35% menos que un funcionario. Dicho de otro modo, el sueldo medio en el sector público es un 55% más alto que en el privado.

Aunque en una empresa el sueldo de un ejecutivo puede llegar a ser mucho más alto que el de un alto funcionario, los rangos salariales en el grueso de la Administración pública son muy superiores, como muestra esta estadística del INE (ver los dos gráficos inferiores).

Los expertos reconocen que teniendo en cuenta que los salarios del sector público se pagan con los sueldos del sector privado, lo lógico es que esos rangos medios estuvieran igualados. A esto se une el añadido de la productividad, que es inferior en la Administración que en las empresas privadas, como demuestran indicadores como el absentismo laboral de los funcionarios.

Con este telón de fondo -al que se añade el tamaño de nuestro Estado- confiar toda la consolidación fiscal a una subida de impuestos no parece suficiente.

El problema es que en la última crisis ya se aplicaron recortes. Muchos de ellos fueron revertidos por la decisión política de aprovechar la bonanza de los años 2014-2019 para volver a subir el gasto. Pese a que ahora se podrían revertir esos aumentos de gasto, en este momento, el margen de recorte en la Administración tal y como está configurada es más pequeño que en 2010. Es por esto por lo que abordar el tema de la eficiencia es clave para resolver los desequilibrios presupuestarios que arrastra la economía española.

“Solo homologando en eficiencia a España con la media de la OCDE se reduciría el gasto público en un 14% manteniendo los mismos servicios”, explica a este periódico el director general del IEE, Gregorio Izquierdo.

El tamaño del Estado

¿Es adecuado el tamaño de nuestro Estado? “En economía, todo es comparado con algo. España tiene 8.000 alcaldes, 17 autonomías… y no es un territorio demasiado grande. Si se analiza esto con relación a otros países, podría tener cinco o seis autonomías”, advierte Díaz Giménez.

“El resultado es que tenemos una producción normativa excesiva ‘per cápita’, no están claras las competencias -como se ha visto en la pandemia-, hay conflictos entre lo que dicen los tribunales… Y nada es gratis. Podemos querer seguir pagando este modelo. Es una decisión política, pero lleva un gasto aparejado”, añade el profesor del IESE en una conversación con este diario.

Sin embargo, -y aquí entra la parábola de la langosta- al tratarse de dinero de los ciudadanos, existe un “riesgo moral” que debe tenerse en cuenta.

Esto es algo que tienen muy presente los llamados países frugales ahora que hay que acometer el reparto de fondos procedentes de la Unión Europea, donde España será el segundo país -por detrás de Italia- que más dinero recibirá de Next Generation Europe (NGEU).

En esta distribución de dinero, que el Estado español tendrá que hacer con las distintas comunidades autónomas, volverá a aflorar el debate territorial.

Tanto es así que el Banco de España se ha adelantado y ha comenzado a plantear estudios sobre qué es más eficiente en términos económicos a la hora de abordar la cohesión territorial, sin que hasta la fecha haya establecido recomendaciones por estar todavía en fase de reflexión.

Según el último Informe Anual 2020 de la institución, en España hay 3.403 municipios (que representan el 42% del total que hay en el país) en riesgo de despoblación. Se trata de una cifra muy superior a la del conjunto de la eurozona.

Qué hacer con los fondos europeos en la España vaciada plantea un debate económico importante sobre nuestro modelo territorial en unos términos que la Unión Europea vigilará de cerca.

No deja de ser paradójico que esta controversia se tenga que retomar en un momento de crisis para el centro político en España. Hay que recordar que ya en el año 2012, en plena crisis financiera, la desaparecida UPyD cifró en 70.000 millones de euros el sobrecoste del estado autonómico por las duplicidades.

Es una cifra desactualizada, pero curiosamente es muy similar a la que el Gobierno tiene como meta cuando afirma que quiere aumentar la recaudación fiscal para acercar a España a la media europea.