1.509 son las directivas sobre las que descansa el mercado único europeo, uno de los mayores logros de la Unión. Sin embargo, por muchos acuerdos y normas que lo regulen, los ciudadanos europeos no podrán moverse con total libertad por el territorio comunitario ni los bienes podrán circular sin la necesidad de someterse a controles o aduanas si los Estados no ponen de su parte para implementar las leyes aprobadas en Europa.
Pero eso es justamente lo que está sucediendo. De media, en 2020 los Estados miembros aún tenían que transponer, es decir, trasladar a su propia legislación nacional, hasta seis directivas comunitarias, según el Single Market Scoreboard elaborado por la propia Comisión Europea. Para tenerlo claro, las directivas son “actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la UE deben cumplir”, de forma que cada Estado es responsable de elaborar leyes para alcanzar dichas metas. Además, las directivas, adoptadas en un procedimiento legislativo por el Consejo y el Parlamento Europeo, son de obligada transposición en un plazo establecido, normalmente dos años. Un ejemplo es la Directiva sobre los derechos de los consumidores de 2011, que, entre otras cosas, elimina las tasas y costes ocultos en internet y amplía el periodo durante el cual los consumidores pueden desistir de un contrato de venta.
Así, según los datos del Single Market Scoreboard, España y Rumanía son los Estados miembros más atrasados, con once directivas relacionadas con el mercado único aún pendientes de transponer, mientras que Dinamarca y Finlandia son los más avanzados, con apenas una directiva pendiente. Sin embargo, el récord de demora lo tiene Hungría, que aún debe adoptar la Directiva 2014/51 acerca de las competencias de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados, dos organismos cuya función es supervisar y apoyar la estabilidad del sistema financiero, la transparencia de los mercados y los productos financieros y la protección de los titulares de seguros y planes de pensiones. Budapest acumula un retraso ya de seis años.
Por su parte, de las once directivas que aún debe transponer el Gobierno español, dos arrastran un retraso importante —más de dos años según el Consejo Europeo—: la Directiva 2014/23, que pretende armonizar las normas en el ámbito de la adjudicación de contratos de concesión para que, por un lado, las pequeñas y medianas empresas se beneficien de los derechos y las oportunidades comerciales del mercado interior y, por otro, para que las autoridades públicas optimicen sus presupuestos; y la Directiva 2014/25, que regula la contratación de entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales con el objetivo de impedir influencias políticas en su funcionamiento.
La Unión Europea fijó el límite del déficit de transposición, es decir, la brecha entre el número de directivas aprobadas y las directivas que los Estados miembros han transpuesto, en el 1% —aunque se han formulado un total de 1.509 directivas, algunas sustituyen o complementan a otras—, pero los Estados miembro han ido más allá y ya han reducido el déficit hasta el 0,6%. Ahora la atención de Bruselas se centra en reducir el déficit de conformidad, que es el porcentaje de directivas incorrectamente transpuestas (actualmente se sitúa en el 1,2%, lejos del 0,5% propuesto), y el tiempo que transcurre hasta la adopción definitiva de las directivas (11,5 meses de media).
