El Gobierno de Pedro Sánchez quiere implantar un nuevo sistema de cotizaciones sociales para los autónomos -en teoría, teniendo en cuenta los ingresos reales de este colectivo como pedían las principales patronales- que para más de 400.000 autónomos será confiscatorio. Son los que superan más de 42.000 euros de rendimiento neto anual. ATA, la principal organización de autónomos del país, integrada además en CEOE, ha elevado la voz de alarma.
Según los cálculos de ATA, en el caso de los autónomos con un rendimiento anual de actividad de 42.000 euros, la cuota anual de autónomos ascenderá a 9.600 euros. Si se tiene en cuenta, además, el IRPF que tienen que abonar al Fisco, apenas recibirán 22.873 euros de salario neto. Es decir, que al autónomo le llegaría el 55% del dinero generado con su trabajo y Hacienda se quedaría el 45%.
En el caso de los autónomos que logren facturar 47.000 euros en un año, la cotización social se llevaría 11.220 euros y, contando el IRPF y la cuota social, finalmente le llegarían a la cuenta corriente 24.388 euros. Es decir, que el 52% del dinero generado se lo que quedaría el autónomo y el 48% pasaría a manos del Estado. También prácticamente la mitad.
Si sale adelante el plan del ministro José Luis Escrivá, en el supuesto de un autónomo que cobre 48.841 euros, la cuota social ascendería a 12.900 euros y el salario neto que recibiría (tras pagar a la Seguridad Social y a Hacienda) se quedaría en 23.863 euros. Es muy alarmante que en este tramo de 48.841 euros a los trabajadores por cuenta propia les llegaría a la cuenta corriente menos dinero que a los que generen 47.000 euros de actividad, lo que evidencia la falta de proporcionalidad del sistema que quiere implantar el Gobierno de Pedro Sánchez. En este caso, de hecho, el Estado se quedaría con el 51% del dinero generado por el emprendedor y el empresario recibiría apenas el 49%.
Por último, según las estimaciones de ATA, un trabajador que tenga un rendimiento anual de la actividad que ascienda a 49.000 euros en España solo se quedaría 22.222 euros tras pagar IRPF y la cotización social con la reforma de Escrivá. Es decir, que a partir de los 47.000 euros se daría la paradoja de que cuanto más dinero ganas menos cobras, lo que es un desincentivo evidente al esfuerzo y a la generación de riqueza y empleo.
El plan del Gobierno es, en realidad, caótico. También en el caso de los autónomos que cobran rentas más bajas. Por ejemplo, los autónomos que obtuvieran 3.000 euros de rendimiento al año tendrían que dedicar el 36% del dinero ganado a pagar la cuota de trabajador por cuenta propia, un porcentaje que se reduciría al 16,6% en el caso de los que ingresen 22.000 euros. En ATA hablan directamente de «atraco a los autónomos».
La propuesta de reforma llega en el peor momento, justo cuando muchos negocios (especialmente de la hostelería y el turismo) están sufriendo gravemente las consecuencias de la crisis del coronavirus.
Los fiscalistas y los expertos suelen considerar que un sistema impositivo es confiscatorio cuando el dinero que cobra el Estado supera la barrera del 50%.
En realidad, el nuevo sistema previsto por el Gobierno de Pedro Sánchez es aún más perverso si se tiene en cuenta que los 400.000 autónomos que cobren más de 42.000 euros, además de pagar cerca de la mitad de sus ingresos al Estado, cuando vayan al supermercado también tendrán que asumir el pago del IVA y cuando vayan a echar gasolina a su vehículo también tendrán que asumir el impuesto a los carburantes, lo que hace que, de facto, mucho más de la mitad de la riqueza que generan pasaría a manos de las arcas del Estado.
