Un año después de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), esta ayuda solo cubre a 725.000 personas de los 2,3 millones que se fijó el Gobierno como meta.
Los números del Ingreso Mínimo Vital (IMV) no cuadran. Esta fue una de las medidas sociales estrella del Gobierno de coalición al inicio de la pandemia de coronavirus para revenir el riesgo de pobreza y exclusión de las personas más vulnerables. Sin embargo, cuando se cumple un año de su aprobación, tan solo el 31,5% de las solicitudes previstas han sido concedidas.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez se puso la meta de llegar en junio de 2021 a 2,3 millones de personas con esta ayuda, pero hasta el momento tan solo se han beneficiado alrededor de 300.000 hogares, lo que supone unas 725.000 personas, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Aun así, estas cifras también están alejadas de la realidad que viven cada día las ONG dedicadas a esta causa. Según Cáritas, solo el 3,6% de quienes atienden está cobrando esta ayuda. Y organizaciones como Oxfam o Marea básica han informado a El Mundo que todavía hay cinco millones de personas en situación de pobreza severa.
Según los cálculos de estas organizaciones, existen 597.000 hogares sin ningún ingreso, más de 1,5 millones de personas ni siquiera pueden optar al IMV, siete de cada diez solicitudes han sido denegadas y a 750.000 familias se les ha denegado esta ayuda.
El 60% de las solicitudes no cumplen los requisitos
Según el departamento que dirige José Luis Escrivá, el 60% de las solicitudes no cumplían con los requisitos fijados, sobre todo en cuestiones de renta y patrimonio, según informa el citado diario.
Al respecto, las organizaciones sociales han criticado que el Ejecutivo no ha tenido en cuenta el nivel de renta de 2020, sino el de 2019, cuando todavía no había irrumpido la crisis sanitaria que agravó la situación de pobreza de miles de familias.
Según el Ministerio, hasta mayo se presentaron un total de 1,32 millones de solicitudes, el 81% de las cuales -1,1 millones- ya se había tramitado. De ellas se aprobaron 276.000 y se denegaron 700.000. Y otras 65.000 están a la espera de recibir respuesta.
“Somos conscientes de los escollos producidos durante el inicio del IMV. Por eso hemos ido modificando la norma para acelerar la tramitación. En septiembre se eliminó el requisito de estar apuntado al paro, aunque sigue siendo una condición pero a posteriori, y se autorizó a la Seguridad Social a consultar el padrón. En febrero se facilitó el acceso a las personas sin hogar. Seguimos analizando mejoras”, han informado desde el ministerio.
España, de los países de la UE con más riesgo de pobreza
Aunque esta medida suponía cumplir con uno de los compromisos electorales de PSOE y Podemos, también tuvo que ver la presión de Bruselas en su aprobación.
La Unión Europea reclamaba a España un mínimo de protección social, ya que es uno de los países miembros con mayor tasa de pobreza: en 2019 una de cada cinco personas estaba en riesgo de pobreza, es decir, un 20,7%, mientras la tasa de los Veintisiete está en el 16,8%.
Mujer, de mediana edad, con hijos a cargo: así es el perfil medio del solicitante del IMV
Mujer, de 44 años y con al menos un menor viviendo en su casa. Así es el perfil del solicitante medio del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se desprende de los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un año después de que el Ejecutivo comenzase a pagar esta prestación. Las mujeres son mayoría tanto en el número de titulares de la ayuda (representan el 68%), como en beneficiarias de la misma (55,6%), que cubre a un total de 260.206 hogares. Esto es apenas una tercera parte de los 850.000 que había pronosticado el Gobierno cuando aprobó esta histórica prestación.
En los hogares que se benefician del IMV viven un total de 682.808 personas, aproximadamente un 1,45% de la población española. Si se compara ese dato con el del informe Arope 2020, que hace la EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social), ese porcentaje es casi tres veces menor al de la cantidad de personas que se encuentran en una situación de carencia material severa en nuestro país, que escala hasta el 4,7%. Llaman la atención datos como el de Castilla La Mancha, donde el porcentaje de población con carencias severas llega al 7,4%, pero solo reciben la prestación un 1,2% de los catellano-manchegos.
La ayuda, que oscila entre los 462 y los 1.015 euros por hogar, garantiza, según el Gobierno, “un nivel de renta mínimo”, pero para el sindicato UGT “es claramente insuficiente”, ya que “ni ha cumplido las expectativas por las que fue impulsado ni ha beneficiado a las personas potencialmente perceptoras”.
El porcentaje de población con carencia material severa es el triple que el de receptores del IMV
“Consideramos imprescindible su modificación y mejora para lograr ampliar su cobertura, debiendo llegar de forma inmediata a miles de hogares y personas vulnerables que no tienen ingresos ni rentas; a personas sin hogar; y a los miles que forman a diario las llamadas colas del hambre”, insiste el sindicato.
Datos por comunidades
Actualmente, la comunidad autónoma que más uso está haciendo de esta prestación es Andalucía (la más poblada del país), con más de 217.000 beneficiarios, cubriendo así a casi el 2,6% de la población andaluza. Le sigue, muy de lejos. la Comunidad Valenciana, con algo más de 83.000 beneficiados. Madrid completa el podio con más de 70.000 personas que están cobrando la prestación. En Cataluña, que tiene casi un millón más de habitantes que Madrid, apenas la reciben 46.410 personas.
En cuanto a los tipos de hogares, los más comunes son los que tienen entre uno y tres miembros (suponen casi tres cuartas partes) y los que tienen al menos un menor, (un 61,8% del total). Los hogares monoparentales, por su parte, suponen el 28,2% de las ayudas aprobadas por el Ejecutivo. “[Esto] indica la incidencia que está teniendo esta prestación en la reducción de la pobreza infantil”, indican desde la cartera que dirige José Luis Escrivá.
En este primer año que lleva en marcha la prestación, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha recibido 1,32 millones de solicitudes válidas, de las que ha tramitado 1,1 millones, más del 81%. De ellas, 276.000 fueron aprobadas y 700.000 denegadas, mientras que las restantes 65.000 están en proceso “de subsanación, es decir, que se ha pedido al solicitante o a alguna administración información para completar el expediente”, señala el ministerio.
El ingreso mínimo vital llega al 1,45% de la población, siendo Andalucía la más beneficiada
La mayoría de las denegaciones, explica el Gobierno, se produjeron porque los solicitantes de la prestación no cumplían con el criterio de vulnerabilidad, superando los umbrales de renta y patrimonio. Otros rechazos (un 10% aproximadamente) se debieron a “la falta de acreditación de la unidad de convivencia”.
De media, cada unidad de convivencia reconocida como beneficiaria del IMV está formada por 2,62 personas. Según su composición, el hogar más común es el formado por dos adultos y dos menores, con 28.258 hogares de este tipo. Le siguen, muy de cerca, las unidades de convivencia con dos adultos y un menor (27.678). Por último, las unidades de convivencia conformadas por dos adultos sin ningún menor a cargo es el tercer tipo de hogar más común que recibe esta ayuda (21.664).
Por último, del total de beneficiarios, un 40% de ellos son menores de edad. Destaca especialmente la cantidad de niños que se benefician de esta medida en las ciudades autónomas de Melilla (48,7%) y de Ceuta (45,2%). En cuanto a las comunidades autónomas, Cataluña es porcentualmente donde más menores de edad se benefician de la prestación (46,4%). Por el contrario, el País Vasco es porcentualmente la comunidad en la que menos niños gozan de ella, con un 23,3%.
Las reformas que piden los sindicatos
Que se pueda acceder a la ayuda a los 18 años. UGT ha presentado una serie de enmiendas al Ejecutivo, entre las que pide rebajar la edad de acceso a la prestación de los 23 a los 18 años. A su vez, sugiere que se tengan en cuenta los ingresos declarados por el solicitante en el momento en el que hace la solicitud, en vez de los declarados en 2019 (cuando no había pandemia), que es lo que pide hoy día la Seguridad Social.
Paso directo entre cobro del paro e IMV. Otro cambio que propone UGT es establecer una pasarela automática, para que los que dejen de cobrar la prestación por desempleo, pasen a recibir el IMV. Además, se queja de que queden fuera de la ayuda los inmigrantes, “uno de los colectivos más vulnerables”.
