Si el presidente cumple su promesa de revalorizar con la inflación afronta para este año y el próximo grandes gastos desaconsejados por Bruselas.
El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que afrontar un importante dilema político y económico en la elaboración de los Presupuestos para 2022, si quiere cumplir sus promesas con pensionistas y empleados y públicos. O cumple con ellos, o choca con la Comisión Europea.
El Banco de España anunció ayer que prevé una inflación media en 2021 del 1,9%, muy superior al 0,9% que se ha subido a pensionistas y empleados públicos este año. Por tanto, si acierta el Banco de España y el Gobierno quiere garantizar a ambos poder adquisitivo, deberá subir un 1% a ambos colectivos con un coste adicional de unos 1.300 millones para los pensionistas y otros 1.400 para los empleados públicos.
Pero hay más. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, defiende basarse en el IPC del año previo para la subida del año siguiente, por lo que las pensiones deberían revalorizarse cerca de ¡un 2%! en 2022. Y el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, intentará lo propio con los empleados públicos. El esfuerzo conjunto puede acercarse a los 5.500 millones de coste sólo ese año para las arcas públicas que, además, quedarían de forma estructural, pese a que, según los planes de estabilidad presentados a Bruselas, ningún país cuenta con un déficit crónico mayor que el de España, superior al 5% del Producto Interior Bruto durante un largo período.
Elevar pensiones y salarios públicos sería lógicamente lo esperado y agradecido por jubilados y funcionarios, que reivindican pérdidas de poder adquisitivo en los últimos años, pero ahondarían el agujero en las cuentas públicas y generarían un conflicto con Bruselas.
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, ya declaró el pasado 2 de junio a este diario que «los países más endeudados no deben subir ahora los salarios del sector público o las pensiones». Según Gentiloni, una cosa es que se hayan suspendido las reglas de control del déficit del euro para aumentar gastos puntuales por la pandemia y otra que los países con mayores desequilibrios se lancen a más dispendios estructurales. En su opinión, con deudas y déficits tan elevados, la prioridad no debe ser estos incrementos de gasto estructural, sino «los conectados al buen uso de los fondos europeos».
Ya el pasado año el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, alertó sin éxito sobre el riesgo de aumentar estas partidas, sobre todo de los funcionarios, mientras no se enjugue el fuerte déficit que ha generado la pandemia. Fuentes comunitarias consultadas apuestan que las partidas para pensionistas y empleados públicos serán examinadas con particular énfasis, porque constituyen una piedra de toque para medir la voluntad política de los gobiernos para combatir el déficit.
Otro test para la Comisión Europea será la reforma del sistema de pensiones en la que, según el propio Escrivá, habría que conseguir retrasar la edad efectiva de jubilación y otros ajustes para ahorrar el equivalente a unos 30.000 millones de euros actuales. Sin embargo, la ministra de Derechos Sociales y nueva líder de Podemos, Ione Belarra, se pronunció el pasado domingo en dirección contraria al adoptar tras su elección como sucesora de Pablo Iglesias, sobre las pensiones con un programa en el que «dejemos de retrasar la edad de jubilación y la adelantemos, con pensiones dignas para las personas mayores que llevan toda su vida trabajando». Adelantar la edad de jubilación no sólo vulneraría de lo poco concreto que hay en el Plan de Recuperación presentado a Bruselas, sino que agudizaría el desequilibrio del sistema de la Seguridad Social. Muchas promesas de todo tipo en el seno del Gobierno de coalición.
