Los agentes encontraron capturas del sistema, elaborado con datos del censo electoral, en uno de sus informes privados elaborado en 2014. Cinco años antes, el comisario jubilado hablaba en una grabación de vender esos datos a la propia Policía.
El comisario jubilado José Manue Villarejo utilizaba en sus investigaciones una base de datos con información privada de todos los españoles. En este caso, según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, Villarejo no obtenía los domicilios, las fechas de nacimiento o los parientes de una persona accediendo de forma ilegal a bases de datos policiales, sino que tendría su propio sistema, particular y externo, para consultar los datos de todos los españoles.
Según ha podido confirmar NIUS, la base de esa gran base de datos sería el censo que cada cita electoral se elabora en España para localizar y notificar a todas las personas que tienen derecho a voto, tanto dentro como fuera del país. Esos datos son suministrados a los distintos partidos políticos, que tiene prohibida su cesión a terceros salvo para cuestiones como la propaganda electoral.
Sin embargo, los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional localizaron información concreta sobre la utilización de ese sistema en informes privados elaborados por el excomisario o sus subordinados. Una documentación que se encuentra encartada en la pieza 30 del caso Tándem, instruido en la Audiencia Nacional.
En esa rama de las pesquisas, el juez Manuel García-Castellón investiga la supuesta contratación del comisario para investigar la supuesta manipulación de testimonios dentro de un proceso judicial. Según la documentación judicial, una empresaria de La Rioja le contrata tras perder en un juicio una herencia de 23 millones de euros. Su tesis es que los testigos han mentido al asegurar que su abuelo no vivía en Navarra, donde prestó testamento y desheredó a su madre y a su tía convirtiendo a la nieta en beneficiaria de todos los bienes.
Para cumplimentar el encargo, el excomisario y su equipo realizaron una investigación de todos los testigos del juicio, del juez encargado del caso y de las personas que pudieran ejercer de nexo entre unos y otros. En esa investigación, los agentes de la Unidad de Asuntos Internos localizaron datos obtenidos presuntamente de bases de datos policiales. Por eso hay varios agentes de la Policía Nacional investigados.
Sin embargo, otros datos fueron obtenidos de forma distinta. ¿Y cómo lo saben los investigadores? Porque alguien tuvo el descuido de dejar capturas de pantalla del sistema utilizado en los documentos internos que manejaba el equipo de Villarejo, localizados en un archivo llamado “Herencia Mariano del Hierro”. Dentro hay dos subcarpetas con datos del censo de dos localidades concretas, de La Rioja y Navarra, entre los años 1992 y 2009.
La existencia de esta base de datos aparece también reflejada en otro documento vinculado a Villarejo, una grabación publicada por ABC y fechada en 2009, cinco años antes de la elaboración de estos informes, en la que el mando policial reconoce la existencia de estos datos y negocia con el entonces jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional su compra con fondos reservados.
