En el semestre en el que surgió la pandemia se han incorporado a la Función Pública 24.000 temporales y eventuales. En los próximos cinco años deberán jubilarse cerca de 330.000 funcionarios.
La cancelación de los procesos selectivos de funcionarios durante 2020 a causa del coronavirus ha impedido el reemplazo de muchos funcionarios y la entrada de jóvenes opositores que reduzcan la media de edad en una envejecida Función Pública, pero también ha abierto la puerta a la Administración a miles de interinos -temporales-, algunos incluso con las pruebas de la oposición suspendidas.
En 2021, si la situación empieza a mejorar, se retomarán numerosas oposiciones, aplazadas en el último año, pero el actual panorama ya supone un cambio que dejará huella en el perfil de los funcionarios. El último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones muestra que en las administraciones cuentan en su conjunto con casi 2,6 millones a fecha de julio de 2020, una cifra que ha variado poco en los últimos semestres.
Sin embargo, mirando al detalle el semestre en el que surgió la pandemia y comparándolo con el anterior queda patente un importante incremento de interinos y de personal eventual o designado a ‘dedo’. En total y en solo seis meses las administraciones cuentan con casi 24.000 empleados englobados en el epígrafe ‘otro personal’, que incluye a interinos y eventuales, que suponen cerca del 22% de los empleados públicos.
Mientras, los funcionarios de carrera, cuyo número ronda 1,5 millones, descendieron en 7.558 y el personal laboral, que se rige por el Estatuto de los Trabajadores, cayó en 15.526 efectivos. Los interinos y los eventuales se concentran mayoritariamente en las comunidades autónomas, de las que depende la sanidad y la educación, áreas en las que este tipo de personal tiene mucho peso.
En julio había 477.308 empleados en las autonomías en el epígrafe ‘otro personal’, un 32% de todos los efectivos de estas administraciones, 20.600 más que en el semestre anterior. Mientras, en el sector público del Estado, donde son minoritarios, apenas variaron -189 más-, y en los ayuntamientos aumentaron en 2.500.
Envejecimiento, absentismo y reciclaje
Otro de los problemas que deben soportar las administraciones, sobre todo la estatal, es el envejecimiento de las plantillas, que viene de lejos y que se ha acentuado en el último semestre. Tener efectivos con edades elevadas supone sobre todo un mayor absentismo por enfermedades, una menor motivación por el tiempo prolongado que han permanecido en el mismo puesto y la necesidad de recibir numerosos cursos con el fin de reciclarse tecnológicamente.
Según un reciente informe elaborado por Adams Formación a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del último semestre de 2019, las administraciones perderán desde ahora hasta 2025 casi 331.000 efectivos tras llegar a la edad de jubilación y cerca de 900.000 en la próxima década, la mayoría funcionarios que entraron en la Administración, casi en avalancha, en los años 80 y 90, por el desarrollo del Estado de las Autonomías y la mejora del bienestar social en España.
La edad media de incorporación al servicio público en la Administración General del Estado es de 35 años, mientras en el sector privado es de 26 años, según datos del estudio ‘La Administración General del Estado a 10 años vista’.
El envejecimiento queda patente en otros datos recogidos en el informe de Adams Formación. Los funcionarios con menos de 29 años apenas suponen el 7,5% del total. De estos, solo el 0,2% tiene menos de 20 años. De los 2,6 millones de funcionarios más de un millón tiene entre 50 y 59 años.
La Administración estatal tiene un 40% de efectivos con más de 50 años, mientras en la Seguridad Social el problema es todavía más grave con un 76% de sus 26.000 empleados con más de 50 años. Mientras, en las comunidades autónomas, donde predominan los interinos que bajan considerablemente la media de edad, en los próximos años se jubilaran más de 200.000 trabajadores y en diez un total de 530.000, algo menos de un tercio de los efectivos actuales.
El sector público crea 300 funcionarios al día… pero la mitad es para cubrir bajas
El sector público se ha convertido, tras el final de la crisis que comenzó en 2008, en uno de los motores del mercado laboral, fundamentalmente gracias a la reactivación de la oferta de plazas de funcionario en todas las administraciones y en áreas claves como educación, sanidad, servicios sociales o actividades postales. El nuevo impulso de la oferta pública de empleo, tras ejercicios de ajustes, racionalización y limitaciones en el reemplazo de efectivos, ha propiciado que solo en el último trienio -2017 a 2019- se hayan creado 110.000 puestos anuales de funcionarios cada año -más de 300 por día-, hasta un total de 334.559, sin tener en cuenta las ofertas en las administraciones locales e incorporando 13.323 que se han generado en Correos, en las Autoridades Portuarias y en Renfe.
Sin embargo, esta ‘extraordinaria’ oferta de puestos de trabajo apenas ha servido para generar empleo neto en las administraciones, ya que un 45% de estos puestos ha servido para cubrir bajas por jubilación, fundamentalmente en la Administración General del Estado y Justicia; y consolidar y estabilizar empleo -mas de un 50%- en las comunidades y el área de sanidad. Los datos forman parte de una tabla elaborada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) a partir de la Oferta Pública de Empleo (OPE) publicada en los Boletines Oficiales del Estado y las diferentes autonomías durante los años 2017, 2018 y 2019.
La masiva oferta de empleo público apenas es suficiente para cubrir las bajas que se producen y para convertir en indefinidos los puestos temporales de las administraciones, que según la última Encuesta de Población Activa (EPA), relativa al primer trimestre del año, suponen ya el 26,8% del total, 2,3 puntos más que hace un año. Mientras, el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que edita semestralmente el Gobierno central y en el que se detalla el número y el perfil de los efectivos al servicio de las distintas administraciones, deja patente el envejecimiento de los empleados públicos, que en su mayoría entraron en la Administración General del Estado a mediados de los 80.
Siete de cada diez empleados en los ministerios y sus organismos autónomos tiene más de 50 años y casi un 17%, más de 60, un contexto que solo podía cambiar con un rejuvenecimiento radical de los empleados públicos, que según los sindicatos, debería venir de eliminar las limitaciones a la reposición y de generalizar la jubilación voluntaria. El registro muestra también que el número de empleados públicos entre enero de 2017 a julio de 2018 -último dato disponible- apenas ha aumentado en 60.327 efectivos, pasando de 2.583.494 a 2.523.167.
Durante los últimos años y como consecuencia del aluvión de ofertas públicas de empleo, el número de opositores, la mayoría a tiempo completo, se ha disparado. Las convocatorias de empleo, cada vez más numerosas, congregan a miles de ciudadanos que se disputan, tras años preparándose, unos cientos de plazas de funcionario, con las que garantizarse un empleo estable, un sueldo razonable y una jornada de trabajo definida.
El perfil del opositor ha ido cambiado en la últimas décadas y hoy, las mujeres y los más jóvenes son las protagonistas. Según se desprende de un reciente informe elaborado por OpositaTest, una plataforma online centrada en la preparación de test para opositores, a partir de 23.000 aspirantes encuestados, cuatro de cada diez aspirantes se preparan para algún puesto relacionado con la Justicia y el 35% lo hace para puestos en la Administración general. El resto busca formar parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, seguido del sector sanitario y la educación.
El tramo de edad más numeroso, con un 36%, es entre 20 y 29 años; seguido por el tramo entre 30 y 39, con un 29%. Andalucía (29%), la Comunidad de Madrid (18%), Comunidad Valenciana (11%), Castilla y León (7%), Galicia (7%) y Canarias (5%), son las comunidades con mayor número de candidatos. Mientras, el 61% de los candidatos acude a una academia o cuenta con un preparador, frente a un 33% que estudia en solitario. El 9% de los opositores lleva más de 4 años opositando; el 24%, entre 2 y 4 años; les sigue el 37%, el tramo más habitual, que invierte entre 1 y 2 años.
Especialmente grave es la situación en la Administración General del Estado (AGE). En este área, el número de empleados públicos se ha reducido en más de un 16,7% en apenas ocho años y ha pasado de los 241.152 que se registraban en enero de 2010 a los 201.030 de julio de 2018. Carlos Álvarez, secretario general del sector de la AGE de UGT, asegura a La Información que la situación es especialmente complicada en lo que respecta al personal laboral que trabaja en los ministerios, cerca de 35.000 efectivos que tienen de media más de 57 años, frente a los 53 de media entre los funcionarios. Este colectivo ha logrado recientemente el acceso a la jubilación parcial anticipada.
Mientras, en la Seguridad Social, según destaca en un informe Comisiones Obreras, el envejecimiento es especialmente grave. En menos de cinco años se jubilarán 4.730 empleados, algo más de dos de cada diez de los que están en la actualidad en plantilla. Pero la situación empeorará todavía más, sino se ponen medidas, dentro de una década, cuando el 57% de los efectivos actuales tendrían que retirarse.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública presentó, a solo un mes de las elecciones generales, la mayor oferta de empleo público en una década, que superaba las 33.000 plazas. El principal objetivo, según se destacó desde el departamento, era reforzar los servicios de atención al ciudadano y, sobre todo, reducir la edad media en la Administración. En la actualidad, los efectivos de la AGE tienen de media 52 años, diez más que la del conjunto de la población activa del país, que ronda los 42,5. Además, es previsible que más de la mitad de la plantilla se jubile en los próximos diez años, un porcentaje que se incrementa al 62% en el caso de los auxiliares administrativos.
